Juez bloquea la orden de Trump que pone fin al apoyo federal a los programas DEI

Un juez federal bloqueó el viernes en gran medida las amplias órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que buscan poner fin al apoyo del gobierno a programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

El juez de distrito de Baltimore Adam Abelson dijo que el gobierno no podía congelar ni cancelar contratos “relacionados con la equidad”, ni podía exigir a los beneficiarios de subvenciones que certificaran que sus programas no promueven la DEI.

El gobierno tampoco tiene permitido iniciar ninguna acción de cumplimiento de la Ley de Reclamaciones Falsas relacionada con el requisito de certificación anti DEI, según la orden preliminar del juez.

En su fallo, Abelson dijo que esas directivas probablemente sean inconstitucionales y que su orden se aplicaría en todo el país.

El fallo prohíbe a la administración exigir a los contratistas federales y a los beneficiarios de subvenciones que certifiquen que no participan en ningún programa “relacionado con la equidad”, un término que el tribunal consideró demasiado vago para ser aplicado.

“Los demandantes han demostrado ampliamente que existe la posibilidad de que logren demostrar que la cláusula de terminación invita a una aplicación arbitraria y discriminatoria de miles de millones de dólares en fondos gubernamentales”, dictaminó el juez de distrito Abelson en Maryland.

“Las posibilidades son casi infinitas y muchas son perniciosas”, continuó Abelson. “Si una escuela primaria recibe fondos del Departamento de Educación para el acceso a la tecnología y un maestro usa una computadora para enseñar la historia de las leyes de Jim Crow, ¿corre el riesgo de que la subvención se considere ‘relacionada con la equidad’ y la escuela quede despojada de los fondos?”.

El fallo también prohíbe al Departamento de Justicia iniciar acciones de cumplimiento contra los contratistas y beneficiarios de subvenciones que tengan dichos programas.

“Según un caso reciente, ‘aproximadamente el 20% de la fuerza laboral del país trabaja para un contratista federal'”, escribió Abelson. “La cláusula de terminación deja a esos contratistas y sus empleados, además de cualquier otro beneficiario de subvenciones federales, sin tener idea de si la administración considerará que sus contratos o subvenciones, o el trabajo que están haciendo, o el discurso en el que participan, están ‘relacionados con la equidad'”.

Tras su toma de posesión, Trump ordenó a los funcionarios federales que terminaran todos los programas y actividades relacionados con la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad en el gobierno federal.

Para cumplir con esa directiva, se les dijo a las agencias ejecutivas que “rescindieran” todas las subvenciones o contratos “relacionados con la equidad”, así como los planes de acción, iniciativas y programas de equidad.

La Asociación Nacional de Funcionarios de Diversidad en la Educación Superior, junto con varios otros grupos sin fines de lucro y el alcalde de Baltimore, demandaron a Trump para bloquear la entrada en vigor de la orden, argumentando que estaba “apoderándose” del poder del Congreso sobre el dinero al ordenar la suspensión de la financiación, y que su falta de definición de DEI le dio al fiscal general “autoridad de carta blanca para implementar la orden de manera discriminatoria”.

“En los Estados Unidos, no hay rey”, escribió la organización en su demanda. “En su cruzada para borrar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de nuestro país, el presidente Trump no puede usurpar el poder exclusivo del Congreso sobre el dinero, ni puede silenciar a quienes no están de acuerdo con él amenazándolos con la pérdida de fondos federales y otras acciones de cumplimiento”.

En otra orden ejecutiva impugnada por estos grupos, Trump amenazó con retener fondos a las agencias e instituciones educativas que reciben subvenciones federales o proporcionan préstamos federales si no cumplen con sus medidas anti-DEI.

El Departamento de Educación dijo en un comunicado posterior a la orden que desde entonces ha puesto a los empleados encargados de liderar iniciativas de DEI en licencia administrativa paga y ha cancelado contratos de capacitación y servicios de DEI por un valor de $2.6 millones de dólares.

Además eliminó o archivó cientos de documentos de orientación, informes y materiales de capacitación que incluyen menciones de DEI de sus canales de comunicación externos.

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