La demanda de México para responsabilizar a los fabricantes de armas de EE.UU. tendrá efecto en la seguridad pública en ambos países

Washington, D.C. — El caso Smith & Wesson Brands, Inc. contra Estados Unidos Mexicanos podría hacer una de dos cosas: responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por alimentar la violencia armada en México o empoderar a una industria de armas de fuego sin control para quebrantar la ley sin consecuencias.

En anticipación a los argumentos orales ante la Corte Suprema de EE. UU. el 4 de marzo, una nueva columna del Center for American Progress analiza cómo cambiarían las cosas con un fallo en contra o a favor de México.

En México sólo hay dos tiendas de armas, ambas ubicadas en bases militares, en comparación con las casi 10,000 tiendas de armas que hay tan solo en los estados de Estados Unidos que comparten frontera con México. En respuesta a las súplicas de madres que han perdido a varios hijos a causa de la violencia y las desapariciones forzadas a manos de grupos violentos armados con armas estadounidenses, los líderes de México están utilizando todos los medios posibles (la diplomacia, la aplicación de la ley y la litigación) para detener el flujo letal de armas estadounidenses.

Un pequeño número de comerciantes de armas son responsables de abastecer el mercado ilegal de armas tanto en Estados Unidos como en México. Al suministrar deliberadamente armas de fuego de estilo militar a comerciantes irresponsables, la industria de las armas sigue priorizando la maximización de las ganancias a expensas de la seguridad del pueblo estadounidense y sus vecinos. Si el gobierno mexicano tiene éxito, hará que México sea un lugar más seguro y promoverá las prioridades estadounidenses, como la reducción del fentanilo en las comunidades y abordar las causas principales de la migración a Estados Unidos, como la violencia y la inestabilidad. Sin embargo, los acusados ​​de las empresas de armas esperan utilizar este caso para obtener un fallo de esta Corte Suprema de extrema derecha que dificultaría o imposibilitaría que los sobrevivientes de la violencia con armas los demanden por mala conducta.

“Si México gana la demanda para exigir responsabilidades a los fabricantes de armas, las ganancias subsiguientes en materia de seguridad pública en México también beneficiarán los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, el resultado más probable es que esta mayoría de extrema derecha de la Corte Suprema diga que la demanda de México no es suficiente para superar las protecciones únicas contra la responsabilidad civil que el Congreso otorgó a la industria de las armas de fuego impulsado por los cabilderos corporativos pro-armas”, dijo Nick Wilson, director sénior de Prevención de la Violencia con Armas en CAP y autor de la columna.

“Sería mucho más peligroso si la industria de las armas convence a la corte de utilizar este caso para reinterpretar la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, de modo que otorgue a los fabricantes y vendedores de armas inmunidad total frente a conductas tanto lícitas como ilícitas. Además de socavar las prioridades de seguridad nacional e inmigración de Estados Unidos, este resultado haría que Estados Unidos fuera menos seguro al permitir que los malos actores infrinjan la ley con impunidad”, agrega.

(*) Nick Wilson, director sénior sobre Prevención de la Violencia Armada del Center for American Progress. Esta columna se publicó originalmente en el CAP en inglés.

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