La victoria del pueblo migrante será solo con resistencia y unidad

Para hacerse de nuevo con el poder ejecutivo, el presidente Donald Trump se comprometió con llevar a cabo una campaña de arrestos y deportaciones masivas de trabajadores inmigrantes sin documentos. 

Aseveró que esta operación anti-inmigrante seria “la más grande en toda la historia del país”, rebasando con creces las que diversas administraciones, demócratas y republicanas, en su momento implementaron.

Así pues, desde su regreso a la Casa Blanca desenvainó su plumón para firmar más de 100 órdenes ejecutivas. Del total, 54 son contra los inmigrantes. 

De entre todos estos decretos destacan el que niega el derecho a la ciudadanía por nacimiento, cuyos padres no sean por lo menos residentes legales.  Para cumplir con su compromiso de deportaciones masivas, amplió los lugares en donde oficiales de inmigración arresten a presuntas personas que no tengan su situación regular en el país, como en las cortes, hospitales, escuelas, iglesias, centros de trabajo que incluyen campos agrícolas, fábricas, hoteles, restaurantes, centros de construcción, carreteras, así como complejos residenciales y hogares privados, parques públicos, playas, cines, teatros, arenas de deporte y estadios deportivos… en fin, prácticamente en cualquier rincón del país. 

También se ha ordenado el fin de Programas de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, y en un futuro cercano es muy probable que también retire esta protección a miles de migrantes de Haití, El Salvador, Honduras, y Nicaragua. 

En paralelo se le ha ordenado a toda agencia de gobierno que tenga que ver con la remoción de inmigrantes que expandan de manera dramática las deportaciones expeditas (expedited removal).

Por otro lado, luego de declarar una emergencia nacional en la frontera con México, Trump ordenó poner alto a la admisión de refugiados, eliminar el programa de captura y liberación (“catch and release”), así como a quienes buscan asilo deban de esperar en México hasta que se les programen audiencias en los Estados Unidos. 

Con amenazas de imponer sanciones en forma de aranceles (México, Colombia, Guatemala y Canadá), o invasiones (México, Panamá y Groenlandia), el presidente Trump también forzó a que terceros países acepten en su territorio a inmigrantes en busca de refugio, e inclusive, a que purguen condenas carcelarias en sus territorios (México, Venezuela Panamá, El Salvador, Republica Dominicana, y posiblemente Costa Rica). A otros países,  la administración no solo les ha mostrado el gran garrote estadounidense, sino que también su famosa zanahoria para que accedan a recibir a sus ciudadanos (Venezuela y Brasil).

Como si todo esto fuera poco, Pam Bondi, el mismo día que asumió el cargo como fiscal general, ordeno el congelamiento de todas las aportaciones federales para las ciudades y estados santuario que interfieran con el trabajo de las autoridades de inmigración. Esta decisión fue seguida por un anuncio donde se pide a todos los inmigrantes que se deberán de inscribir en un registro nacional, con la posibilidad de enfrentar cargos criminales que los podrían llevar a purgar castigos de 6 meses de cárcel o multas por hasta 5,000 dólares, o ambas. 

Además, el presidente Trump ordenó a miles de soldados a custodiar la frontera México/EEUU. Al día de hoy, alrededor de 7,000 militares se encuentran desplegados en la frontera para impedir el paso a los inmigrantes. 

La respuesta del pueblo no se hizo esperar. El día 2 de febrero, miles de estudiantes de primaria y secundaria se manifestaron en la ciudad de Los Ángeles para protestar por los arrestos y deportaciones que dieron inicio en Bakersfield y en el Valle de Salinas, siendo todavía presidente Joe Biden. 

Durante las protestas del día 2, estas se prolongaron hasta la noche y se blindaron autopistas como la de Hollywood donde el tráfico fue bloqueado por más de 5 horas. En la ciudad de Phoenix, Arizona, la juventud incendió patrullas de la policía y en varias ciudades se escenificaron quemas de la bandera estadounidense. Sin embargo, en la mayoría de los casos reinó el orden y la furia del pueblo fue contenida. 

Las protestas continuaron el día 3 de febrero a lo largo y ancho del país cuando se celebró “Un Día Sin Inmigrantes”. Miles de negocios no abrieron sus puertas, los estudiantes se declararon en huelga y miles protestaron y marcharon en el Valle de San Fernando, South Gate, Oxnard, y San Bernardino/Riverside. Por obvias razones, las movilizaciones masivas se realizaron en Los Ángeles y estas se prolongaron de forma ininterrumpida por las siguientes dos semanas. 

Según calculan los estudiosos de la protesta, más del 80% de las personas que salieron a las calles a manifestarse y proteger los derechos de los trabajadores sin documentos fueron jóvenes méxico-americanos o de origen latinoamericano, quienes asumieron la gran responsabilidad de dar la cara por sus padres que no tienen un estatus legal. Estos últimos, presos del miedo optaron por mantenerse alejados de las protestas.

¿Qué nos indica este fenómeno social?

Primero, en las protestas desde la aprobación de la ley de “Amnistía” migratoria de 1986, la Proposición 187 de 1994, las movilizaciones masivas para detener la propuesta de ley H.R. 4437 del 2006 (la Propuesta de Ley Sessenbrenner), y el paro general del día Primero de Mayo de ese mismo año, participaron de forma destacada los trabajadores inmigrantes, recién regularizados, y sus hijos ciudadanos. Estos últimos nunca vivieron la desgracia de convivir con sus progenitores la angustia que hoy viven los millones de inmigrantes—y sus hijos ciudadanos— desde la última reforma migratoria, y que se han ido acumulando década tras década, hasta sumar más de 11 millones. 

Los hijos que ya nacieron en los EEUU, procreados por esta gran masa de trabajadores irregulares, explotados y discriminados—por igual—, se les ha obligado a padecer el estigma que sufren todos los trabajadores migrantes. Se puede afirmar que de sus madres de estos jóvenes estadounidenses han mamado, literalmente, la angustia y el trago amargo reservado para los trabajadores sin documentos. 

El coraje, la frustración y la angustia de sus padres la encarna esta nueva generación de jóvenes con largas huelgas estudiantiles y manifestaciones que ya no se detendrán hasta que sus consignas se hagan realidad, mismas con las que se manifestará la comunidad este domingo 9 de marzo, desde las 11 a.m., en la esquina Olympic y Broadway: “Alto A Los Arrestos y Deportaciones—Legalización Si, Deportación No”. 

Juan José Gutiérrez es director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos Para Los Inmigrantes.