¿Quién está salvo de la deportación bajo la era Trump?

El presidente Trump se postuló para el cargo prometiendo deportaciones masivas y hacer de Estados Unidos un país más seguro expulsando a inmigrantes que son criminales, pero la aplicación de la ley migratoria ha escalado a niveles de miedo para la comunidad inmigrante, y da la impresión de que nadie está salvo de caer en las garras de una deportación.

Residentes legales, titulares de visas, turistas e incluso solicitantes de visas han sido detenidos; y se han revocado protecciones humanitarias como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la libertad condicional, lo que ha puesto a cientos de miles de personas en riesgo de ser deportadas a sus países de origen, de los que huyeron para salvar sus vidas. 

Cientos han sido transferidos en secreto a terceros países como El Salvador y Panamá, en lo que los expertos llaman “entregas ilegales”, lo que ha desatado batallas legales; y provocado que se presenten cientos de demandas.

Al mismo tiempo que se quiere obligar a los inmigrantes indocumentados a registrarse, se presiona al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) para que exponga a los indocumentados y se revocan las tarjetas de residencia permanente por opiniones políticas. 

Incluso las redes sociales son ahora objeto de escrutinio en los casos de naturalización.

Durante la videoconferencia: “Inmigrantes legales, titulares de tarjetas verdes, ciudadanos naturalizados: ¿quiénes están a salvo de la redada de deportaciones?, organizada por Ethnic Media Services, varios defensores de los inmigrantes hablaron de los ataques emprendidos por la Administración Trump. 

Zenobia Lai, directora ejecutiva de Legal Services Collaborative en Houston, recordó que durante el primer día de esta administración, se emitieron 26 órdenes ejecutivas, siete de las cuales apuntaban directamente a la inmigración, declarando una emergencia nacional, alegando inflación. 

“Como parte de la prohibición de entrada, cerró la aplicación CPT One, el único mecanismo para que los solicitantes de asilo programaran una cita en un punto de entrada”.

Como consecuencia, todas las citas se cancelaron, y decenas de miles de personas están perdidas y atrapadas al otro lado de la frontera.

Dijo que la última ronda de la Administración ha consistido en despedir a 1000 empleados de Salud y Servicios Humanos y usar tácticas de miedo para disuadir el acceso a los programas de red de seguridad como la regla de la carga pública.

“Si todos recuerdan en 2019, la carga pública decía a los padres que si accedían a los beneficios para sus hijos elegibles, en el futuro no podrían tener acceso a regularizar su estatus”.

Todd Schulte, Presidente de FWD.us, dijo que el uso de la libertad condicional, una vía legal creada para las personas que llegaron al país para darles una entrada legal y un permiso de trabajo, ha sido un éxito rotundo.

“Permitió que 250,000 ucranianos pudieran ingresar a Estados Unidos. En 2023 se crearon las vías para que las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela pudieran ingresar a Estados Unidos y posteriormente solicitar asilo”. 

Agregó que estos programas han sido extraordinarios porque han reducido la presión en la frontera, y llevaron a una gran reducción en los cruces fronterizos no autorizados. 

“Ahora les estamos quitando ese estatus a medio millón de personas. Y ese es un enfoque totalmente equivocado”.

Mencionó que tampoco es posible devolver a más de un millón de personas beneficiadas con el TPS que han vivido aquí por décadas y trabajado y contribuido plenamente.

“El DACA es otro programa que otorga ese estatus temporal, pero si no hacemos que esas personas avancen hacia un estatus permanente, vamos a sumirlos en un caos”.

Dijo que también se han visto conversaciones para intentar cambiar la garantía de ciudadanía por nacimiento de la Decimocuarta Enmienda.

“Es muy importante tener en cuenta que lo que comienza con comentarios y retórica poco favorecedora sobre los inmigrantes indocumentados, tiende a ampliarse”.

David Leopold, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y socio de la firma UB Greensfelder LLP en Cleveland, Ohio, dijo que la Ley de Enemigos Extranjeros se usó por última vez durante la Segunda Guerra Mundial. 

“Esto llevó al encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés, tanto de ascendencia como ciudadanía japonesa. Así que tiene una larga y sórdida historia por la que el presidente Ronald Reagan de hecho se disculpó”.

Hizo ver que el ahora presidente Trump la está utilizando para cumplir su promesa de campaña de expulsar a los venezolanos que afirma son pandilleros, eludiendo el Debido Proceso. 

“Por imperfecto que sea el sistema de deportació, el gobierno tiene la obligación de probar su caso. Así como se trata de alguien relacionado con una pandilla, debe probarse el delito en la corte”.

Hizo ver que un pobre hombre en la prisión de El Salvador, llorando y diciendo que no era pandillero. 

“Los solicitantes de asilo nunca cometieron ningún delito”.

Y si bien, reconoció que hay pandillas peligrosas en el país, subrayó que la gente tiene derecho al Debido Proceso.

En cuanto a la ley de que los inmigrantes se registren ante el gobierno federal, dejó en claro que nunca se ha usado como una práctica cultural para convertir a la gente en criminales. 

“Es un enfoque muy cínico para la administración de la política migratoria al igual que  el reciente anuncio sobre la cooperación del IRS con Inmigración, con lo que el gobierno está admitiendo que los inmigrantes pagan impuestos”.

Martin Kim, Director de Defensa de la Inmigración en AAJC en Washington D. C.,dijo que muchas de las tácticas y ataques a las comunidades inmigrantes son abrumadores. 

“Es difícil para nuestra comunidad adaptarse a estos cambios, y eso es deliberado. Su objetivo es sembrar miedo y confusión en las comunidades inmigrantes de todo Estados Unidos”.

Sostuvo que algunas de las tácticas son arrestos colaterales de personas que acuden a sus citas de inmigración.

“El ICE siempre ha sido una agencia corrupta, y algunas de sus acciones ya se han dado en el pasado”.

Mencionó que bajo el presidente Trump, el ICE no se preocupa por los derechos de los inmigrantes, pero tampoco por los derechos de los ciudadanos y el bienestar de las  comunidades en general.

“La prohibición de que la aplicación de la ley migratoria entre en escuelas, hospitales y lugares de culto fue eliminada por la administración Trump, y reemplazada por la retórica  de perseguir a los inmigrantes en esos espacios”.

Dijo que todo esto es un recordatorio de que después de que Trump deje el cargo, necesitaremos reformas reales para asegurarnos de que este tipo de cosas no vuelvan a suceder.

“Los agentes de ICE ya han detenido erróneamente a algunos ciudadanos estadounidenses. Eso ocurría antes de Trump, pero bajo su administración, esto ha estado sucediendo sin ningún pudor”.

Agregó que también hemos visto ataques contra personas con tarjetas de residencia permanente y quienes están aquí con visas de estudiante válidas. 

“Estamos viendo ataques hacia las organizaciones comunitarias que tienen dificultades para seguir brindando servicios vitales como educación en inglés, talleres de ciudadanía y asistencia legal debido a la congelación y cancelación de subvenciones”.

En resumen, señaló que estas tácticas existían antes de la administración Trump, pero hemos visto una escalada bajo su administración que ha generado miedo y confusión en nuestras comunidades.