Demócratas y republicanos avanzan sobre “voto remoto” de congresistas que son nuevos padres

Un grupo de legisladores republicanos anuló el intento del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Luisiana), para acabar con un plan que permitiría la votación remota para los legisladores que se convirtieran en nuevos padres.

Este proceso legislativo, sin embargo, también tienen un impacto negativo, al menos por ahora, en el avance la ley electoral, conocida como SAVE Act.

“Es un resultado muy decepcionante. Allí, en el pleno, un puñado de republicanos se unió a todos los demócratas para derogar una norma que rara vez se implementa. Es muy lamentable”, consideró el presidente de la Cámara de Representante, el republicano Mike Johnson (Louisiana). “La derogación de esa norma significa que no podemos tomar ninguna otra medida en el pleno esta semana. Eso significa que no votaremos sobre la SAVE Act para la Integridad Electoral”.

La decisión de nueve republicanos de sumarse a los demócratas es considerada una de las mayores derrotas de Johnson, quien no logró mantener unida a su bancada.

“Es muy lamentable. Nos reagruparemos y volveremos y tendremos que hacerlo de nuevo”, dijo Johnson.

Los nueve republicanos se unieron a todos los demócratas durante una votación de procedimiento, bajo una propuesta conjunta de la representante demócrata Brittany Pettersen (Colorado) y la republicana Anna Paulina Luna (Florida).

“Dijimos que no se metan con las madres”, dijo Pettersen en las escaleras del Capitolio junto a Luna, quien agregó que ambas trabajaron “en equipo”.

“Creo que hoy es un día histórico para toda la conferencia, que demuestra que el organismo ha decidido que los padres merecen voz en Washington y también la importancia de que las mujeres congresistas tengan derecho a voto en Washington, D.C.”, dijo Luna.

El plan de Pettersen y Luna estuvo a punto de ser bloqueado por Johnson, quien desafió el proceso para impedir la votación, pero perdió ante la unidad de republicanos y demócratas.

El proyecto de ley permitía el voto “por poder” de hasta 12 semanas a los congresistas que son nuevos padres.

Johnson informó que las votaciones del resto de la semana habían sido canceladas.

¿Y la SAVE Act?

La ley electoral, conocida como SAVE Act, no está cancelada, pero su avance quedó frustrado en esta ocasión, debido a la votación “por poder”, la cual considera Johnson que es inconstitucional.

Por ahora Ley para la Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE Act) quedó en el limbo legislativo, pero los republicanos buscarán aprobarla más adelante.

El principal objetivo de la ley es crear nuevas barreras para el registro electoral que dificultan, según los críticos, el derecho a votar, al exigir documentos que 21 millones de personas no poseen, según diversos reportes, incluido uno del Brennan Center for Justice.

Los certificados de nacimiento, por ejemplo, podrían ser un problema, ya que las personas casadas que han cambiado de nombre no necesariamente tienen uno con su nombre legal actual.

La SAVE Act, se acusa, afectaría principalmente a poblaciones de color, incluidos los votantes hispanos o latinos.

Otra de las modificaciones es que la mayoría de los votantes no podrían registrarse para votar con su licencia de conducir regular, sino que deberían tener una “mejorada” u otro tipo de documentación menos común, como un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento.

Cada que una persona cambie de dirección deberá proporcionar tales documentos, de lo contrario no podría votar.

Otra reforma es la eliminación del registro por correo y la cancelación de registro en línea. Como dato, en 2022, más de siete millones de estadounidenses se registraron para votar por correo y casi 11 millones se registraron para votar en línea.

Los expertos también advierten una limpieza de los registros electorales, basados en datos erróneos, que podrían eliminar a personas que sí tienen derecho a votar.

Bajo la ley impulsada por los republicanos, los funcionarios electorales –quienes son ciudadanos comunes– podrían enfrentar prisión si registran por error a una persona con los documentos no exigidos bajo la nueva ley.

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