Avanza acuerdo entre Fiscalía y defensa de “El Mayo” Zambada tras aplazamiento de audiencia
La audiencia del exlíder del Cártel de Sinaloa que estaba prevista para el 22 de abril fue aplazada para el próximo 16 de junio
La acusación contra Zambada en Brooklyn abarca un total de 17 cargos por narcotráfico a gran escala. Crédito: Agencia Reforma
La Fiscalía de Estados Unidos envió este martes un escrito al juez Brian Cogan, que lleva el caso del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada”, en el que solicita aplazar la cita de la audiencia que estaba prevista para el 22 de abril.
Esto, debido a que se encuentra negociando un acuerdo de culpabilidad con el exlíder del Cártel de Sinaloa, según el documento emitido por el fiscal especial John Durham.
En dicha petición reconoce que están debatiendo “una potencial resolución para acortar el juicio” después de intercambiar “ciertos materiales de evidencia”. Aun así, apunta el escrito, sigue pendiente la evaluación del Gobierno de la posible pena de muerte.
Tras recibir el documento, el juez concedió una prórroga en el caso contra el criminal detenido en julio de 2024, y reprogramó su audiencia para el 16 de junio de 2025.
La decisión fue adoptada en razón de la complejidad del caso, la posible pena de muerte y la necesidad de revisar material clasificado bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).
Ismael Zambada, de 77 años, está acusado de 17 cargos relacionados con el narcotráfico.
Su abogado, Frank Pérez, admitió en enero estar “conversando para ver si llegamos a un acuerdo” cuya naturaleza no precisó, pero al mismo tiempo incidió en que no se trataba de “negociaciones”, según informó EFE.
El pasado mes de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que ha pedido cuatro veces a Estados Unidos la extradición del acusado, quien anteriormente había exigido su repatriación a México con el argumento de que lo secuestraron para entregarlo.
Por su parte, Zambada entregó una carta en el Consulado de México en Nueva York en la que considera que el Gobierno de México “debe intervenir” en su caso y pedir su repatriación “a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países”.
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