Bloqueo de juez a deportaciones a terceros países se extiende una semana

El fallo en vigor impide deportar a inmigrantes a terceros países donde no tienen una conexión previa y se extiende hasta que se dicte un fallo definitivo

EE.UU. deportó a 238 venezolanos supuestos miembros del Tren de Aragua a una prisión de alta seguridad de El Salvador.

EE.UU. deportó a 238 venezolanos supuestos miembros del Tren de Aragua a una prisión de alta seguridad de El Salvador. Crédito: Presidencia de El Salvador | EFE

Un juez federal de Boston dijo el jueves en una audiencia que algunos elementos de la política de la administración de Donald Trump de deportar migrantes a países distintos al suyo sin que puedan plantear preocupaciones sobre su seguridad eran “muy problemáticos”.

El juez federal de distrito Brian Murphy declaró que su orden temporal que bloquea dichas deportaciones permanecería vigente una semana más mientras considera emitir una orden judicial preliminar de mayor duración, la cual podría frenar el enfoque de deportación frecuentemente utilizado por la administración Trump.

El juez Murphy expresó sus dudas sobre algunos elementos de la política, sugiriendo que los extranjeros carecen de una forma significativa de expresar sus preocupaciones sobre su seguridad cuando son trasladados rápidamente a vuelos de deportación.

“Si alguien es detenido mañana a las 6 a. m. y llevado a un país donde podría ser asesinado debido a un peligro individual, ¿no tiene forma de plantearlo?”, preguntó el juez Murphy. “Eso me parece muy problemático”.

El juez federal de distrito Brian Murphy en Boston emitió una orden de restricción temporal a nivel nacional el pasado 28 de marzo que impide que la administración Trump envíe a cualquier persona con una orden de deportación final a un país del que no es ciudadano sin darle primero una “oportunidad significativa” de buscar protección humanitaria en Estados Unidos.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que el Departamento de Seguridad Nacional ha emitido nuevas directrices para proteger la seguridad de los extranjeros una vez deportados.

Trina Realmuto, abogada de los extranjeros, describió la nueva política como inadecuada porque los migrantes no tienen acceso a un abogado, tiempo para reunir pruebas ni la oportunidad de una revisión judicial.

“Creemos que esto es sumamente problemático”, dijo Realmuto. “El mecanismo en su conjunto no aborda nuestras preocupaciones ni se acerca a las protecciones que ofrece la orden de restricción temporal”.

El subfiscal general adjunto, Drew Ensign, refutó las críticas, argumentando que retrasar las deportaciones para que los migrantes pudieran plantear preocupaciones sobre su seguridad podría saturar los tribunales y añadir “posiblemente años de retraso”.

“Ya se ha avanzado bastante”, afirmó. “La decisión de deportar a alguien a un tercer país es discrecional”.

Ambas partes discreparon sobre si el juez Murphy tiene la autoridad para devolver a un hombre guatemalteco que ya fue enviado a México sin poder plantear preocupaciones de haber sido violado en el país y temiendo ser procesado o torturado allí.

Realmuto instó al juez Murphy a ordenar el regreso del hombre a Estados Unidos, donde puede ejercer su derecho al debido proceso. Los abogados del Departamento de Justicia discreparon.

“No creemos que este tribunal tenga la autoridad ni la jurisdicción para emitir tal orden”, argumentó Ensign.

El juez Murphy dijo que planea emitir una decisión sobre su medida cautelar la próxima semana y fijó una audiencia para el 28 de abril para conocer más sobre las posibles violaciones de su orden temporal.

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