Juez advierte que gobierno de Trump pudo caer en “desacato penal” sobre Ley de Enemigos Extranjeros

El juez federal James Boasberg emitió una opinión donde establece que el gobierno del presidente Donald Trump podría haber caído en “desacato penal”, sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada para la deportación de venezolanos a El Salvador.

“Como se detallará en esta Opinión, el Tribunal determina en última instancia que las acciones del Gobierno ese día demuestran un desacato deliberado a su Orden, suficiente para que el Tribunal concluya que existe causa probable para declarar al Gobierno en desacato penal”, dice la nueva opinión del juez de a Corte de Distrito de Washington, D.C.

El documento emitido por el juez se refiere a una primera orden para que la Administración Trump detuviera un vuelo hacia El Salvador y al considerar que los inmigrantes debieron enfrentar el debido proceso.

“El Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni precipitadamente; de ​​hecho, ha dado a los Demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”, agregó el juez.

En marzo, la Administración Trump envió a 238 hombres venezolanos a una prisión en El Salvador, conocida como CECOT, acusando que pertenecían a la pandilla Tren de Aragua, recién nombrada organización terrorista.

El Gobienro federla ha argumentado que el presidente Trump tiene la autoridad legal para invoca la ley, aunque el país no esté en guerra, para deportar a estos hombres sin tener que fundamentar sus acusaciones ante ningún tribunal.

La Administración Trump ha defendio el envío de inmigrantes a la prisión para terroristas en El Salvador, conocida como CECOT, pero hasta ahora sus principales argumentos es el reconocimiento de tatuajes para conectar a los deportados con pandillas.

La alianza con el presidente de ese país, Nayib Bukele, se reforzó con la visita del mismo a la Casa Blanca esta semana, donde incluso se abordó el caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado y encerrado en tal prisión cuya infamia se apuntala ante presuntas violaciones a los derechos humanos.

La Administración Trump estaría pagando $20.000 dólares por preso al año al gobierno de Bukele, lo que sumaría unos $6 millones de dólares por los primeros 238 deportados, según un reporte de The Associated Press.

Después de esas primeras deportaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió a 17 presuntos miembros de la MS-13, también considerada un grupo terrorista.

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