Juez federal no puede poner en pausa los vuelos de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
El juez James Boasberg dijo que no puede detener vuelos de deportación bajo esa ley, pero está preocupado por las acciones de la administración
Guardias del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), trasladan a un supuesto de la banda Tren de Aragua deportado a El Salvador. Crédito: Presidencia de El Salvador | EFE
El juez federal de distrito James Boasberg denegó el jueves una solicitud de emergencia presentada por los abogados de inmigrantes venezolanos para bloquear sus deportaciones inminentes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El gobierno de Estados Unidos intenta expulsar a más migrantes venezolanos a El Salvador, según denunció este viernes la organización Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU), que presentó varios recursos de emergencia, -incluyendo uno ante la Corte Suprema, para impedir el traslado “inminente” de los hombres.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a inmigrantes venezolanos detenidos en Texas y calificados por el gobierno de Trump como presuntos pandilleros del Tren de Aragua, solicitó al juez federal Boasberg que emitiera una orden de restricción temporal que exige a la Administración Trump que dé un aviso de 30 días antes de que cualquiera de sus clientes sea deportado bajo la ley del siglo XVIII, tras conocerse que recientemente se habían emitido avisos de deportación a los detenidos.
El juez dijo a los abogados de los inmigrantes detenidos en Texas que creían que la administración Trump estaba a punto de deportarlos rápidamente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que no tenía el poder de pausar las deportaciones, aunque estaba preocupado por las acciones de la administración, según CNN.
“Comprendo todo lo que dice, pero creo que no tengo la autoridad para hacer nada”, dijo el juez federal de distrito James Boasberg a un abogado de los inmigrantes en una audiencia de emergencia el viernes por la noche.
El juez añadió que, según un fallo reciente de la Corte Suprema, solo los tribunales con jurisdicción sobre el centro de detención de Texas donde se encontraban los migrantes tenían la facultad de intervenir.
Antes de anunciar su decisión de no intervenir, Boasberg presionó a un abogado del gobierno sobre si procederá con las deportaciones el viernes por la noche o el sábado.
El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, le informó a Boasberg que, si bien no hay vuelos planeados, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que se reserva el derecho de expulsar a los migrantes el sábado.
Los abogados de los inmigrantes también tienen solicitudes de intervención pendientes ante la Corte Suprema y el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE UU., que supervisa las apelaciones provenientes de Texas.
Los abogados de los migrantes —abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward— recurrieron a Boasberg en busca de ayuda de emergencia en el caso inicial que presentaron ante su tribunal, impugnando el uso por parte del presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, una amplia autoridad del siglo XVIII en tiempos de guerra.
El caso ya llegó a la Corte Suprema una vez, y los jueces dictaminaron que los migrantes solo podían impugnar sus deportaciones en los distritos judiciales donde se encuentran las instalaciones donde se encuentran detenidos.
“Me resulta difícil decir que debo involucrarme en esta controversia, dada la situación actual del asunto en el Quinto Circuito y la Corte Suprema”, declaró Boasberg el viernes.
La disputa actual refleja la agresividad con la que el gobierno está dispuesto a actuar para continuar las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite al gobierno eludir algunos de los protocolos de las leyes de inmigración que suelen guiar el proceso de expulsión de migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
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