George Santos, exrepresentante acusado de fraude, escribió una carta donde asegura estar arrepentido
El exrepublicano George Santos acusó a la oficina del fiscal de tratar de influir para que se le fije una sentencia superior a la estipulada por la ley
George Santos podría ser sentenciado a siete años en prisión. Crédito: Stefan Jeremiah | AP
Con el objetivo de que su sentencia resulte lo menos severa posible, el exrepresentante republicano George Anthony Devolder Santos, a quien se le encontró culpable de 23 cargos relacionados por fraude y robo de identidad, escribió una carta dirigida a un juez federal mediante la cual sostiene estar arrepentido de su proceder.
En diciembre de 2023, el conservador de 36 años se convirtió en el sexto legislador expulsado de la Cámara de Representantes después de que un informe del Comité de Ética de la Cámara de Representantes reveló que había utilizado fondos de campaña para efectuar excesivas compras personales y darse una vida rodeado de glamour.
Ocho meses, Santos aceptó ser culpable de 23 cargos en su contra entre los que destacan fraude electrónico y robo de identidad. Sin embargo, no ha devuelto un solo centavo del dinero sustraído de las tarjetas de crédito de varios ciudadanos.
Basado en ello y en los sarcásticos mensajes que publica en sus redes sociales, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) presentaron documentación que, bajo su perspectiva, demuestra no sólo la frialdad mostrada por el político de 36 años para engañar a personas que confiaron en él, sino un nulo arrepentimiento y su falta de voluntad para reparar el daño causado a sus víctimas.
“El Tribunal puede y debe determinar que este hecho demuestra un fuerte riesgo de reincidencia y una falta de remordimiento por su conducta”, señalaron.
Al respecto, Santos le escribió al juez encargado de dictarle sentencia acusando a la oficina del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York por exigir una condena superior a la que ameritan sus delitos basándose más en sus publicaciones en redes sociales que en la gravedad de sus faltas.
“Impugnar la severidad de una sentencia propuesta no es lo mismo que impugnar la culpabilidad, y castigar la libertad de expresión porque cuestiona el castigo debería preocupar a cualquiera que valore un procesamiento justo por encima de la reivindicación personal.
Mis publicaciones pueden ser coloridas, pero no justifican una sentencia el triple de la norma, y el gobierno debería avergonzarse de sí mismo por siquiera buscar una sentencia tan alta”, expuso.
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