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Solo una reforma migratoria podría ser la diferencia ante las redadas

A pesar de las continuas y aparentes violaciones a los derechos civiles, abogados no ven cómo poder cambiar la situación de los inmigrantes

In this March 30, 2012 photo, Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents take a suspect into custody as part of a nationwide immigration sweep in Chula Vista, Calif. Federal officials say they arrested more than 3,100 immigrants convicted of serious crimes and fugitives in a six-day nationwide sweep. Officials at U.S. Immigration and Customs Enforcement say the sweep included every state and involved more than 1,900 of the agency’s officers and agents. (AP Photo/Gregory Bull)

En muchos arrestos es obvio el abuso de la fuerza de los agentes de ICE. Crédito: Gregory Bull | AP

Adrián Andrew Martínez, ciudadano estadounidense de 20 años que fue detenido violentamente por agentes de ICE en Pico Rivera, fue liberado de su detención federal el viernes, tras el pago de una fianza de $5,000.

Martínez fue agredido violentamente  el martes cuando defendía la detención de un trabajador de limpieza frente a un Walmart de Pico Rivera.

“Estamos muy agradecidos de que nuestro cliente sea liberado hoy”, declararon los abogados de Miller Law Group. “Adrián no hizo nada malo y estaba defendiendo a un empleado de limpieza de edad avanzada cuando fue agredido violentamente y secuestrado por agentes federales enmascarados”.

El jueves otros agentes enmascarados arrestaron violentamente a Job García, de 37 años, quien filmaba una redada en una tienda Home Depot, en Hollywood.

Rodillas de agentes sobre su espalda y manos apretándole el cuello se observaron en el video viral de la detención de García, quien fue llevado a las afueras de Dodger Stadium donde los agentes enmascarados tenían a los 31 inmigrantes arrestados ese día.

Job García fue liberado el viernes. No le presentaron cargos.

Con toda la saña del mundo, nuevamente, oficiales de la patrulla fronteriza (CBP) sacaron por la fuerza de su automóvil de trabajo al electricista latino, Arturo Hermosillo, quien filmaba una redada en el estacionamiento de una tienda Lowe’s de Pacoima, en el Valle de San Fernando.

Michael Carrillo, abogado criminalista, comparó las posibles violaciones de derechos civiles en las que han incurrido, los agentes de ICE, quienes sin una orden de detención, cubriéndose el rostro, usando armas largas y utilizando toda la fuerza someten a las personas que ellos creen son inmigrantes y que violan la ley de migración al cruzar la frontera sin permiso.

“Cruzar la frontera no es un delito criminal. Es solo un delito menor. No es una felonía. Es un caso administrativo”, dijo. “Para mí, esos agentes siguen violando la ley constitucional de este país y están esperando hasta que un corte les diga que paren”.

Sin embargo, aceptó que, sin tener esa orden de un juez federal, los agentes seguirán violando los derechos de todos en California y en otros estados.

La dificultad para obtener esa orden estriba en el poder absoluto que tiene el Partido Republicano en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, además de la Suprema Corte.

“Sí, va a ser difícil, pero no tienen el 100% de control de la gente y de las calles”, añadió. “La ley es muy clara, no pueden detener a una persona solamente por el color de su piel [perfil racial]. Esa es la ley que están violando esos agentes”.

Solución: una Reforma Migratoria

Mario Trujillo, abogado y concejal de la ciudad de Downey, consideró que la crueldad y discriminación de las redadas realizadas por el gobierno federal tienen como única solución la necesidad de una reforma migratoria, la cual no se ha dado desde hace más de cuatro décadas,

“Estas redadas no se enfocan en criminales, miembros de pandillas, de carteles violadores sino en indocumentados, en personas de color, violando la Cuarta Enmienda de la Constitución”.

Trujillo afirmó que, otra forma para detener las redadas es la posibilidad de demandar al gobierno por los abusos que están cometiendo contra los inmigrantes arrestados y alentarlos a buscar representación legal.

“Están haciendo redadas discriminatorias basadas en el color de la piel de la gente, lo cual es prohibido por la constitución. Es una violación de la Cuarta Enmienda”.

La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno.

Requiere, además, que las órdenes de registro se basen en una causa probable y estén específicamente detalladas en cuanto a lugar, personas y objetos a incautar. Esto significa que, en la mayoría de los casos, la policía necesita una orden judicial antes de poder registrar su casa o sus pertenencias

“Ley de No a la Policía Secreta”

El senador estatal demócrata de San Francisco, Scott Weiner y el asambleísta Jesse Arreguin (Berkeley) han presentado la iniciativa SB 627 o “Ley de No a la Policía Secreta” en California.

El proyecto legislativo surgió como una reacción a las redadas migratorias en todo el país realizadas por agentes enmascarados vestidos de civil, quienes se niegan cada vez más a identificarse por su nombre o la agencia para la que trabajan.

La medida- si bien no detiene las redadas de inmigración- prohíbe a las fuerzas del orden de todos los niveles cubrirse el rostro durante operaciones en el estado de California.

También exige que los agentes sean identificables mediante su uniforme, ya sea con su nombre u otro identificador.

A medida que la Administración Trump amplía el uso de tácticas de policía secreta, la SB 627 impulsa la transparencia y apoya la seguridad pública al fortalecer la confianza ciudadana en las fuerzas del orden.

“Las recientes operaciones federales en California han creado un ambiente de profundo terror”, declaró el senador Scott Wiener, en un comunicado. “Si queremos que el público confíe en las fuerzas del orden, no podemos permitir que se comporten como policía secreta en un estado autoritario”.

Agentes enmascarados de diversas agencias federales como HSI, ICE, FBI, DEA y presuntos “cazarrecompensas” contratados han arrestado con lujo de violencia tanto a inmigrantes sin documentación legal como a ciudadanos estadounidenses.

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