Demócratas empujan a congresistas a visitar centros de detención de ICE ante reportes de abusos
Congresistas buscan mayor vigilancia de operaciones de ICE, luego de que la secretaria del DHS, Kristi Noem, desapareciera oficinas de defensores del pueblo
ICE mantiene operaciones en todo el país, como en un centro de trabajo en Bethlehem, Pensilvania. Crédito: ICE
Una Resolución impulsada por la representante Frederica Wilson (Florida) busca que los miembros de la Cámara de Representantes integren en sus agendas la visita cotidiana de centros de detención de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de acusaciones de abusos hacia inmigrantes.
Parte del trabajo de los miembros del Congreso es supervisar la labor que realiza el Gobierno federal y hacer recomendaciones o poner en evidencia problemáticas específicas, pero la Resolución de Wilson pretede que los legisladores refuercen acciones sobre ICE.
“Considerando que el Congreso desempeña un papel esencial en la supervisión de las políticas y prácticas migratorias, garantizando que se ajusten al estado de derecho y respeten los más altos estándares de derechos humanos”, dice la Resolución respaldada por otros 32 demócratas.
El proyecto surge luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, a cargo de la secretaria Kristi Noem, implementara nuevas directrices para la visita de congresistas a centros de detención para inmigrantes.
Varios congresistas en Florida, California, Nueva Jersey y Nueva York han intentado visitar centros de procesamiento y detención de inmigrantes indocumentados, pero se les ha negado el paso.
La Resolución indica que el se busca asegurar que el DHS cumpla con sus responsabilidades.
“[Tiene] la responsabilidad de proteger los derechos humanos, los derechos civiles y las libertades civiles de todas las personas detenidas en todas las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), independientemente de su estatus migratorio”, indica el texto.
Entre los firmantes
Entre los congresistas que apoyan la resolución se encuentran el presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat (Nueva York), y la representante Yvette Clarke (Nueva York-09) del Caucus Negro del Congreso (CBC).
También figura la representante LaMonica McIver (Nueva Jersey-10), quien enfrenta acusaciones fincadas por Alina Habba, fiscal federal interina de Nueva Jersey. Se trata de tres cargos federales por presuntamente haber empleado la fuerza para impedir que un agente de ICE arrestará a Ras Baraka, alcalde de Newark, a quien se le presentaron cargos desechados por un juez.
Varios congresistas de California también apoyan la Resolución, en medio de operaciones de ICE en el estado, las cuales han derivado en protestas. Entre los firmantes del estado estan el Jimmy Gomez (Distrito 34), Linda Sanchez (Distrito 38) y Nanette Diaz Barragán (Distrito 44).
Acciones migratorias de otras agencias
La Resolución también destaca que el gobierno del presidente Donald Trump ha eliminado oficinas de fiscalización que ayudaban a la labor de vigilancia en operaciones.
“El presidente Trump despidió a miles de empleados federales de diferentes agencias federales, incluyendo a muchos de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, lo que ha reducido la capacidad de supervisión y aumentado los desafíos operativos”, indica el documento.
Eso incluye la decisión del DHS de cerrar la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes, la cual empleaba a casi 100 personas encargadas “de supervisar las políticas de detención migratoria para garantizar la seguridad y el trato humano de los detenidos”.
Otras oficinas tuvieron el mismo destino, como la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, que empleaba a más de 150 empleados; la Oficina del Defensor del Pueblo para los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que empleaba a más de 40 empleados.
La Resolución destaca las acciones de la actual administración en materia migratoria.
“Considerando que la autorización judicial del presidente Trump para utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros se aparta aún más del trato histórico que nuestra nación ha dispensado a los inmigrantes”, dice el documento. “Considerando que, debido a la reciente aprobación por parte del Congreso de la Ley Laken Riley, se prevé que estas instalaciones experimenten un aumento sustancial de detenidos, lo que provocará hacinamiento y otras condiciones inhumanas”.
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