Demanda busca detener el fin de TPS para Honduras y Nicaragua
Los beneficiarios de TPS enfrentan un nuevo desafío legal, tras decisión de Trump de terminar la protección para gente de Honduras, Nicatagua y Nepal
El TPS ha enfrentado varios desafíos legales. Crédito: Wilfredo Lee | AP
La Alianza Nacional del TPS (NTPSA) y siete personas demandaron al gobierno del presidente Donald Trump, a fin de bloquear el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Honduras y Nicaragua.
“Estoy devastado por la despiadada decisión de cancelar el TPS para Honduras. He estado en Estados Unidos desde que tenía tres años. Trabajo en un hospital, atendiendo a pacientes cardíacos. Lo he hecho de la manera correcta todo el tiempo. Ahora, me enfrento a perder mi trabajo, la posibilidad de cuidar a mi familia y el único hogar que he conocido”, dijo Jhony Silva, uno de los demandantes.
Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre el fin del TPS para Honduras y Nicaragua y Nepal, siguiendo decisiones similares para Haití, Venezuela, Afganistán y Camerún.
Se estima que 60,000 beneficiarios del TPS afectados han residido legalmente en EE.UU. durante 26 años (en el caso de Honduras y Nicaragua) y 10 años en el caso de Nepal.
Con la decisión del DHS, anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los beneficiarios nepaleses del TPS podrían perder su estatus antes del 5 de agosto de 2025. Las fechas del fin de la protección varían considerando las designaciones.
“La Alianza Nacional del TPS y sus 320,000 miembros continuarán luchando para proteger el TPS a través de las vías legales”, dijo José Palma, coordinador de la NTPSA.
La demanda ante la Corte de Distrito Norte de California alega que las cancelaciones violan la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, en inglés) al ignorar las condiciones del país.
“Las decisiones de despojar de la residencia legal a personas que han vivido en EE. UU. durante al menos diez años, y en la mayoría de los casos al menos 25, y que han cumplido con todas las normas, no solo son crueles. También son ilegales”, declaró Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros, que representa a los demandantes. “El gobierno no puede fabricar un resultado predeterminado sin tener en cuenta sus obligaciones legales”.
Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, acusó a la Administración Trump de “declarar una guerra” contra el TPS.
“Con sus acciones, la secretaria Noem busca desmantelar el estatuto que ha brindado ayuda humanitaria a cientos de miles de personas que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen”, dijo.
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones de la ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Alianza Puente Haitiana.
Ahilan Arulanantham, codirector de CILP, dijo que esta administración está obligando a los beneficiarios del TPS, y a sus hijos con ciudadanía estadounidense, “a tomar una decisión imposible” para planear su retorno a sus países tras varios años viviendo en EE.UU.
Un precedente en la Corte Suprema
El 19 de mayo, la Corte Suprema permitió al presidente Trump terminar con el TPS para los inmigrantes de Venezuela, dejando en limbo a 350,000 personas que ahora podrían enfrentar la deportación.
La Administración Trump solicitó a inicios de mayo la intervención de la Corte Suprema, luego de que el juez federal de distrito Edward Chen, designado por Barack Obama, dictaminara en contra de terminar con el programa.
La solicitud “de emergencia” del gobierno de Trump llevó a los jueces a utilizar un proceso conocido como “Expediente en la Sombra” o “Shadow Docket”, que permite tomar decisiones sin responder el fondo de un tema en particular.
Daños a la economía
La Alianza Puente Haitiano condenó la decisión del gobierno de Trump de cancelar el TPS con vigencia prevista para principios de septiembre de 2025, es decir, a partir de esa fecha tales personas podrían ser procesadas para deportación, a menos que tengan otra opción de estancia en EE.UU.
El 94% de los beneficiarios del TPS en edad laboral están empleados y aportaron más de $2,000 millones a la economía estadounidense, según datos de la organización de 2021.
“La decisión de cancelar el TPS para hondureños y nicaragüenses es una cruel traición a nuestra humanidad compartida. Es violencia estatal disfrazada de política, que obliga a miles de personas a volver al peligro después de décadas de construir sus vidas, contribuir a nuestra economía y criar familias en Estados Unidos”, dijo Guerline Jozef, Directora Ejecutiva de la Alianza del Puente Haitiano.
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