¿Qué sigue en tribunal con la visa humanitaria para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela?
La Administración Trump defiende el fin de la protección de unos 500,000 inmigrantes, pero defensores alegan que el fin del 'parole' humanitario es irregular
Las banderas de de EE.UU., Haití, Venezuela y Cuba durante una conferencia de prensa sobre la protección humanitaria a más de 500,000 inmigrantes. Crédito: Rebecca Blackwell | AP
Los demandantes del caso Svitlana Doe, et al. v. Kristi Noem, et al. esperan la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, con sede en Boston, Massachusetts, luego de la audiencia en la que escucharon argumentos de ambas partes.
“El panel de tres jueces dejó claro que se tomaba el asunto muy en serio e hizo varias preguntas perspicaces a ambas partes”, reconoció la abogada Laura Flores-Perilla, de Justice Action Center, que representan a los demandantes.
Los jueces cuestionaron al fiscal general adjunto Drew Ensign, quien representa al gobierno del presidente Donald Trump, sobre su afirmación de que la Corte Suprema había decidido sobre “el fondo del asunto”, por lo que Ensign tuvo que especificar que no había sido así.
“Ciertamente, para conceder una suspensión según sus propios criterios, habrían tenido que concluir que era probable que el gobierno prevaleciera en la apelación. Por lo tanto, esa fue una determinación implícita que, obviamente, no es concluyente”, reconoció. “Por lo tanto, los procedimientos obviamente están en curso, pero ciertamente, como parte del análisis que realizó la Corte Suprema para conceder la suspensión, concluyó necesariamente que era probable que el gobierno prevaleciera en la apelación”.
El fiscal se refiere a la decisión de la Corte Suprema de julio, en respuesta a una petición “de emergencia” de la Administración Trump, en la cual los jueces permitieron avanzar con la cancelación del CHNV, pero dejaron abierta la decisión a la Corte de Apelaciones.
Tras escuchar los argumentos, los jueces deberán determinar si permiten o no continuar con el programa de visas humanitarias que protege a unas 500,000 personas.
“Nuestra postura ha sido, y sigue siendo, que la terminación prematura del Permiso Humanitario CHNV por parte de la administración Trump no solo fue cruel, sino también ilegal”, agregó Flores-Perilla a este diario. “Utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para garantizar que los miembros de la demanda colectiva y nuestros clientes reciban un trato digno”.
La decisión de la Corte de Apelaciones podría llevar el caso nuevamente a la Corte Suprema, pero los jueces ahora tendrían que abordar el fondo del problema.
Un caso migratorio inusual
El caso Svitlana Doe, et al. v. Kristi Noem, et al. es uno de los más complejos en tribunales sobre procesos migratorios, ya que no solamente aborda la visa humanitaria de CNHV, sino otras protecciones temporales, conocidas como ‘parole’.
La audiencia en la Corte de Apelaciones se centró en el programa CNHV, pero los demandantes reconocen las implicaciones en otros casos.
“Es probable que también tenga implicaciones significativas para otros programas de parole humanitario […] que también incluyen asientos de miles de otros inmigrantes”, expuso Brandon Galli-Graves, abogado con Justice Action Center, en una llamada con medios previa a la audiencia.
El CHNV fue creado por el gobierno del presidente Joe Biden como una vía legal de llegada a EE.UU., a través de la cual los inmigrantes debieron tener un patrocinador en el país y aprobar la revisión de seguridad del DHS, antes de recibir autorización para viajar.
“En total estamos hablando, como dije de cientos de miles de personas, todas las cuales llegaron a Estados Unidos con estatus legal, hicieron todo lo que el gobierno les pidió; cumplieron con todos los requisitos, pasaron por un riguroso proceso de evaluación, construyeron una vida acá, contribuyendo de innumerables formas a sus nuevas comunidades y a este país”, acotó Galli-Gaves.
Hay reportes de personas que han recibido correos electrónicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que salgan de país en forma voluntaria, luego de la decisión de la Corte Suprema, aunque la incertidumbre aumenta debido a que todavía hay decisiones pendientes en tribunales.
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