Corte de Apelaciones sostiene orden contra redadas de ICE en Los Ángeles

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito determinó la noche del viernes que se mantiene vigente una orden de restricción temporal contra las redadas de inmigración que han plagado a Los Ángeles y al sur de California en los pasados meses. La decisión representa un duro golpe contra el plan de deportaciones masivas de la administración de Donald Trump.

La decisión del Noveno Circuito supone que no será permitido que hombres con máscaras y agentes fuertemente armados detengan a personas en las calles del sur de California sin primero establecer que existe una sospecha razonable de que dichas personas se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos.

La orden de restricción temporal había sido emitida por la jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, de Los Ángeles, indicando entonces que bajo la Cuarta Enmienda constitucional una sospecha razonable para las detenciones de las agencias migratorias no puede basarse solamente en raza, etnicidad, lenguaje, ubicación geográfica o empleo, ya sean solas o en combinación.

Esta semana, el gobierno mexicano informó a través de su consulado en Los Ángeles que más de 500 ciudadanos de México habían sido arrestados por ICE en el área de la ciudad a partir de la intensificación de las redadas a principios de junio.

La orden de restricción cubre los condados de Los Ángeles, Riverside, San Bernardino, Orange, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

“Este es un gran día para Los Ángeles”, dijo la alcaldesa Karen Bass en una conferencia de prensa realizada a altas horas de la noche en su residencia oficial. “La gente no puede ser levantada de las calles por hombres enmascarados como hemos experimentado por casi dos meses en la ciudad”, agregó respecto al significado de la orden de restricción temporal.

Karen Bass también publicó en redes sociales un mensaje en español en el que afirma que el experimento de la Casa Blanca de realizar deportaciones masivas “fracasó”.

Noveno Circuito consideró arrestos como una política de gobierno

El pasado lunes hubo en San Francisco una audiencia en la que la administración Trump buscó que fuera levantada la orden de restricción temporal, la cual se originó en una demanda presentada el 2 de julio en la que se alegaban tácticas ilegales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) para arrestar gente como parte de un programa de abducción y desaparición de miembros de la comunidad, al mismo tiempo de negarles acceso a abogados.

El Noveno Circuito cuestionó a los representantes del gobierno federal acerca de dichas prácticas como parte de una política de la administración. Las respuestas no fueron satisfactorias.

Los jueces del Noveno Circuito indicaron: “Los agentes han conducido muchas detenciones en el área de Los Ángeles en un lapso de semanas… algunas repetidamente en las mismas ubicaciones”, por lo cual consideraron que la posibilidad de más detenciones futuras era considerable.

En otra parte de su opinión, el panel integrado por los jueces Marsha S. Berzon, Jennifer Sung y Ronald M. Gould indicó respecto a la queja del gobierno federal de que la orden de restricción afectaba sus operaciones: “Si, como los acusados dan a entender, no están conduciendo detenciones que carecen de sospecha razonable, ellos difícilmente pueden afirmar ser afectados irreparablemente por un mandato dirigido a prevenir un subconjunto de detenciones que no están respaldadas por sospecha razonable”.

Después de la decisión del viernes, se espera que el gobierno federal acuda a continuación a la Corte Suprema.

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