Alumnos de LAUSD con miedo de regresar a la escuela por las redadas

La pausa en las agresivas redadas migratorias no ha evitado que los padres de familia continúen con miedo ante posibles apariciones de agentes enmascarados de inmigración en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

“Como madre, pediría a las escuelas que expliquen lo básico de las redadas a los niños”, dijo Dinora Hernández, madre de Leonardo, un estudiante de 12 años de Los Ángeles.

“Por menos, mi hijo ya tiene la edad para entender y comprender lo que está pasando”, agregó. “Deben hablarles con la verdad y protegerlos bajo cualquier circunstancia”.

En la mente de la señora Hernández continúan los recuerdos de los intentos de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes pretendieron ingresar infructuosamente en dos escuelas del LAUSD.

En efecto, el 7 de abril, administradoras de las escuelas primarias Rusell y Lilian Street consultaron con autoridades de su distrito y su asesor legal antes de rechazar a los agentes. Los oficiales del DHS se marcharon, después que no se les compartió información sobre los niños sin tener en mano una orden judicial.

Si bien la aplicación de la ley por parte de ICE siempre ha sido motivo de ansiedad para los estudiantes y las familias afectadas por las políticas migratorias, las escuelas generalmente se consideraban un lugar seguro frente a las redadas, especialmente en los distritos santuario como el LAUSD.

Los protocolos previos del DHA, emitidos en 2011 bajo la administración del expresidente demócrata Barack Obama y vigentes durante el primer mandato del presidente Donald Trump, prohibían a la agencia federal de seguridad detener a estudiantes u otras personas en las instalaciones escolares y otros lugares sensibles.

Sin embargo, con la aplicación del perfil racial en los arrestos de miles de personas sin antecedentes penales, bajo la administración de Trump nadie está a salvo.

Aunque en el hogar de Dinora Hernández no se habla del tema de las agresivas recientes redadas agresivas de oficiales de ICE en Los Ángeles y el sur de California, su hijo expresó temor porque su padre se convierta en una víctima más de las detenciones, arrestos y deportaciones.

“No quisiera que se llevaran a mi papá”, dijo Leonardo Hernández. “Me caería [anímicamente”.

Por su parte, Marisela Betancourt, originaria de Pánfilo Natera, Zacatecas, quien tiene un nieto en una escuela del este de Los Ángeles, manifestó que le pediría al superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, que siguieran luchando para proteger a todos los niños, aunque no hayan nacido en Estados Unidos.

“También tienen que protegerlos para que no les quiten la comida”, dijo.

La referencia de la señora Betancourt era sobre los recortes del al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que dejarían a más estudiantes sin alimentos.

En el proyecto de gastos de la administración Trump se revertirían décadas de progreso para abordar la crisis de hambre en el país, sin los cupones de comida para las familias de menos recursos económicos.

“Aparte del peligro de ICE, los niños no pueden ser víctimas de quedarse sin desayuno o merienda todos los días”, dijo Betancourt.

Quieren más protección

Durante una marcha el fin de semana, cientos de educadores se manifestaron por el centro de Los Ángeles hasta la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en la avenida Beaudry, exigiendo mayor protección para estudiantes y familias por parte de ICE y otras agencias federales con el inicio del nuevo año escolar.

“¡Fuera ICE de Los Ángeles!” y “¡Los inmigrantes son bienvenidos aquí!”, fueron los gritos de los profesores del Sindicato de Maestros Los Ángeles (UTLA).

En su discurso, Kathia García, Gerente de Programas Juveniles de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes CHIRLA, exigió planes de seguridad que incluyan la defensa del regreso y la graduación de los estudiantes deportados, acceso a alimentos y asistencia legal, y opciones de aprendizaje virtual para estudiantes desplazados.

Los educadores reafirmaron su compromiso de mantener seguros a todos los estudiantes y familias, mientras las redadas de ICE continúan aterrorizando a las comunidades dentro y fuera del aula.

UTLA, el sindicato que representa a 38,000 docentes, afirma que las políticas de seguridad del distrito son insuficientes. A menos de dos semanas del inicio del nuevo año escolar, los estudiantes que asistieron a la manifestación también expresaron su preocupación.

“El miedo se ha extendido demasiado. Es muy grande”, indicó Elisa Galindo, quien tiene a su hija Dulce cursando el grado 12 en la preparatoria Garfield.

“Mi hija me ha expresado su miedo de que tiene que regresar a clases”, añadió. “También lo han comentado mis sobrinos. Si nosotros como adultos tenemos miedo, imagínese como está el cerebro de los niños”.

Los niños estarán seguros

La doctora Rocío Rivas, representante en la Junta Escolar del LAUSD por el distrito 2, dio a conocer que dentro de las escuelas, todos quienes son parte de un plantel ya saben exactamente qué hacer cuando pudieran tener contacto con los agentes de ICE.

“Dentro de las escuelas todos los estudiantes están totalmente protegidos y seguros, basados en leyes estatales y también leyes federales que todavía siguen vigentes y que le dan al distrito la jurisdicción de proteger a sus estudiantes”, declaró.

Las protecciones son para todos los niños, incluyendo a los menores recién llegados que eran el blanco de los agentes del DHA.

“Hay un 100% de garantía de protección para los niños. Nadie va a ser tocado en absoluto en el distrito escolar”, dijo la doctora Rivas. “[Aunque] es otra situación cuando ellos salen de la escuela”.

La doctora Rivas señaló que las escuelas están trabajando con diferentes organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, con empleados y administradores escolares, quienes se mantendrán vigilantes si se diera la presencia de ICE o algo sospechoso cerca de los planteles escolares.

Enfatizó que el distrito escolar cuenta con una red telefónica de emergencia para notificar de inmediato cualquier situación anormal en las escuelas, y hasta los conductores de autobuses escolares tienen la indicación de que no pueden dejar entrar a nadie a sus vehículos.

“Ellos son empleados del distrito y los autobuses también son vehículos del distrito. Entonces, ellos [los agentes de ICE] no pueden entrar tampoco al autobús”, manifestó.

La batalla en corte

Este lunes, los abogados y demandantes del caso Vásquez Perdomo contra Kristi Noem ofrecerán informes tras la decisión del Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito de los Estados Unidos, que denegó la suspensión de la orden de restricción temporal otorgada por un tribunal federal de distrito en julio, deteniendo así las redadas de la administración Trump para combatir la inmigración ilegal en el área de Los Ángeles.

Estarán presentes Chandra Bhatnagar, de la Fundación ACLU del Sur de California; Angélica Salas, de CHIRLA; Elizabeth Strater, de United Farm Workers; Armando Gudiño, de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles; Álvaro Huerta, de Immigrant Defenders; Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros; y Mohammad Tajsar, de la Fundación ACLU del Sur de California.