Tennessee ejecutará a un recluso con desfibrilador activo pese a cuestionamientos médicos y legales
Byron Black, de 69 años, será ejecutado el martes mientras persisten dudas sobre los efectos de su desfibrilador implantado y su salud mental
Byron Black fue condenado por el asesinato, en 1988, de su entonces pareja, Angela Clay, y las dos hijas de esta, Latoya (9 años) y Lakeisha (6 años). Crédito: Departamento Correccional de Tennessee | AP
Tennessee se prepara para ejecutar este martes 5 de agosto a Byron Black, un recluso de 69 años con graves condiciones médicas, entre ellas demencia y una insuficiencia cardíaca congestiva. La ejecución ha desatado controversia debido a que el condenado aún tiene activo un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) y podría recibir descargas eléctricas involuntarias al momento de administrarle la inyección letal.
El estado no ha desactivado el dispositivo, y los intentos legales para lograrlo fueron finalmente desestimados por la Corte Suprema estatal y la Corte Suprema de Estados Unidos, que rechazó las apelaciones de última hora este lunes. Esta será la segunda ejecución realizada por Tennessee desde mayo de 2025, luego de cinco años de suspensión por errores en el protocolo de ejecución y la pandemia, reseño AP.
Un caso sin precedentes
Los abogados defensores aseguran no haber encontrado un solo antecedente en Estados Unidos de una ejecución en la que un recluso tenga un desfibrilador implantado activo. Tampoco el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, organización sin fines de lucro que monitorea los casos a nivel nacional, conoce de otro caso similar.
La preocupación radica en que el fármaco utilizado —pentobarbital, un barbitúrico— podría inducir una actividad cardíaca anormal, provocando que el DCI emita descargas eléctricas en un cuerpo ya anestesiado y con órganos en colapso. Para los abogados, esto representa un riesgo de “dolor innecesario” y una posible violación de la Octava Enmienda, que prohíbe castigos crueles e inusuales.
Intentos fallidos por desactivar el dispositivo
Un juez de primera instancia había dado luz verde para desactivar el DCI mediante un procedimiento ambulatorio, que solo requiere que un médico coloque un dispositivo sobre el pecho del paciente para enviar la orden de desactivación. Sin embargo, la Corte Suprema de Tennessee revocó esa decisión el 31 de julio, al considerar que el juez carecía de jurisdicción para ordenar la intervención.
El plan inicial era que un médico del Hospital General de Nashville realizara el procedimiento la mañana de la ejecución, pero el hospital negó haber acordado formalmente con el estado. Finalmente, no hubo desactivación del dispositivo y el estado sostiene que, incluso si se producen descargas, el recluso no será consciente de ellas.
Además del DCI, los abogados de Black han argumentado que su estado de salud lo vuelve inadecuado para la ejecución. Está en silla de ruedas, sufre demencia, daño cerebral, insuficiencia renal crónica y otras enfermedades degenerativas. También han insistido en que padece una discapacidad intelectual, aunque esa reclamación fue rechazada por los tribunales.
Black ya había intentado —sin éxito— acceder a una audiencia bajo una ley estatal de 2021 que prohíbe ejecutar a personas con discapacidad intelectual. Aunque el fiscal de distrito de Nashville, Glenn Funk, apoyó el recurso, este fue rechazado por el juez debido a que la defensa ya había presentado una solicitud similar años antes, la cual fue resuelta en su momento “sobre el fondo”.
El crimen y la condena
Byron Black fue condenado por el asesinato, en 1988, de su entonces pareja, Angela Clay, y las dos hijas de esta, Latoya (9 años) y Lakeisha (6 años), a quienes disparó en un aparente ataque de celos. En el momento de los crímenes, Black estaba en libertad condicional por haber disparado al esposo separado de Clay.
La hermana de la víctima, Linette Bell, dijo recientemente al canal local WKRN-TV que la ejecución es una forma de justicia. “Él no tuvo piedad de ellas, entonces ¿por qué nosotros deberíamos tener piedad de él?”, expresó. “Ni siquiera descansan en su propia tumba”.
Hasta ahora, 27 personas han sido ejecutadas en lo que va de 2025 en Estados Unidos, superando las 25 ejecuciones anuales registradas en 2018 y 2023. Se prevé que al menos nueve más serán ejecutadas antes de que finalice el año, lo que marcaría el número más alto desde 2015, cuando se registraron 28.
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