El Departamento de Justicia abre una investigación sobre la fiscal general de Nueva York

El Departamento de Justicia ha citado a la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación criminal, según fuentes citadas por varios medios, en el último ejemplo del gobierno de Donald Trump enfrentándose a quienes percibe como adversarios del presidente.

La fiscalía federal del Distrito Norte de Nueva York emitió dos citaciones solicitando información sobre las investigaciones de James sobre la Organización Trump y sobre la Asociación Nacional del Rifle, según las fuentes citadas por medios como CNN y The Washington Post.

NBC News también informó que los nuevos casos del gobierno se centran en si James privó a Trump y a la NRA de sus derechos legales en sus demandas civiles.

Una de las citaciones se centró en el exitoso caso de fraude civil de James contra el presidente Donald Trump y la Organización Trump, según informaron personas familiarizadas con la investigación. Un juez ordenó en 2024 que Trump y su empresa pagaran más de $450 millones de dólares en multas e intereses.

La segunda citación contra James está relacionada con el litigio de alto perfil de James contra la Asociación Nacional del Rifle, que condujo a reformas del grupo ordenadas por el tribunal, dijeron las personas.

La fiscal general Pam Bondi nombró esta semana a Ed Martin, exfiscal interino de EE.UU. en Washington, para servir como fiscal especial en una investigación separada de fraude hipotecario contra James.

El Departamento de Justicia también ha convocado una investigación del gran jurado sobre James en Albany, Nueva York, con fuentes indicando que la investigación del gran jurado sobre James es sobre la privación de derechos, es decir, la violación de los derechos constitucionales de una persona, contra Donald Trump.

Abbe Lowell, un abogado de James citado por NBC News, dijo que la investigación del caso de fraude de James contra Trump y sus empresas “tiene que ser el ejemplo más flagrante y desesperado de cómo esta administración lleva a cabo la campaña de represalia política del presidente”.

“Utilizar al Departamento de Justicia como arma para intentar castigar a una funcionaria electa por hacer su trabajo es un ataque al estado de derecho y una peligrosa escalada por parte de esta administración”, añadió Lowell.

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