Tesla enfrenta demanda por fallos en sus robotaxis
El sueño de Tesla de dominar el transporte autónomo con sus robotaxis ha chocado con una nueva realidad legal: una demanda colectiva

El interior de los robotaxis de Tesla. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía
Ciertamente Tesla suele encabezar el discurso tecnológico sobre la autonomía en vehículos. Prometió coches que se conducirían solos, sin intervención humana, seguros, eficientes y accesibles.
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Ese futuro llegó a Austin, Texas, donde la compañía puso en marcha su ambicioso programa de robotaxis. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: una serie de fallos, accidentes y alertas han puesto en entredicho la fiabilidad del sistema.
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La situación ha escalado hasta derivar en una demanda colectiva interpuesta por accionistas de la compañía. El argumento central es contundente: Tesla habría engañado al mercado, presentando una versión inflada y falsa sobre la capacidad de su sistema autónomo para mantener la confianza en sus acciones.
Acusaciones de fraude y manipulación informativa
La demanda, presentada por el bufete Pomerantz LLP en el estado de Texas, donde actualmente Tesla tiene su sede principal, acusa a la empresa de haber emitido declaraciones “materialmente falsas y engañosas” sobre la seguridad de su sistema de conducción autónoma y su flota de robotaxis.
“La conducta de Tesla causó un perjuicio económico considerable a los accionistas, quienes confiaron en que la empresa les estaba ofreciendo información veraz sobre el desarrollo de su tecnología”, declaró un portavoz del bufete, aludiendo a la gravedad de la situación.
De acuerdo con el escrito legal, Tesla habría minimizado o directamente ocultado los riesgos asociados al despliegue de sus robotaxis, especialmente después de que varios incidentes revelaran fallos preocupantes en el software que los controla.
El sistema autónomo de Tesla, en el centro de la polémica
El lanzamiento del servicio de robotaxis en Austin formaba parte del plan de Tesla para revolucionar el transporte urbano. La idea era clara: una flota de vehículos capaces de operar sin conductor, controlados por un sistema de inteligencia artificial avanzada, diseñado en casa por la compañía.
Pero desde su implementación, los informes de fallos se acumulan. Usuarios y testigos han reportado desde frenadas bruscas hasta respuestas erráticas del vehículo ante peatones o señales de tránsito. Esto ha generado alarma tanto en la ciudadanía como en los reguladores del sector.
Según los demandantes, Tesla no solo conocía estos riesgos, sino que habría trabajado activamente para evitar que se hicieran públicos antes de tiempo. La supuesta intención era proteger el valor bursátil de la compañía, que históricamente ha estado ligado a las promesas de innovación de Elon Musk.
Impacto bursátil tras las filtraciones
Conforme se fueron conociendo los problemas del sistema autónomo, los mercados reaccionaron. El precio de las acciones de Tesla cayó de forma repentina tras la publicación de diversos reportes sobre incidentes protagonizados por sus robotaxis.
Los inversores sostienen que esta pérdida de valor fue consecuencia directa de la mala praxis informativa por parte de la empresa. “Se trata de una caída provocada por la falta de transparencia, no por factores externos”, sostienen desde Pomerantz LLP.
La acción judicial busca compensaciones económicas para quienes adquirieron acciones de Tesla bajo la premisa de que la empresa estaba cerca de dominar el sector de la conducción autónoma, cuando en realidad, según se alega, los problemas eran mayores y conocidos internamente.

Un historial de advertencias y accidentes
Este no es el primer encontronazo legal ni mediático de Tesla por su tecnología de asistencia al conductor. Desde hace años, distintas autoridades en Estados Unidos, incluida la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), han cuestionado los límites del sistema Autopilot y del llamado “Full Self-Driving” (FSD), que Tesla vende como una opción adicional.
Según datos oficiales de la NHTSA, desde 2021 Tesla ha estado involucrada en más de 900 accidentes en los que estaban activas funciones de conducción asistida.
Esta cifra, que ha sido citada en informes regulatorios y análisis de seguridad, refuerza las dudas sobre si la tecnología está realmente lista para su implementación masiva.
La falta de intervención humana en los robotaxis —una de las claves del nuevo modelo— ha sido especialmente cuestionada. Aunque Tesla afirma que sus sistemas aún requieren supervisión activa, sus campañas de marketing y declaraciones de Elon Musk han sugerido lo contrario.
Elon Musk: entre el silencio y la presión
Hasta el momento, ni Tesla ni Elon Musk han emitido declaraciones oficiales en relación con la demanda colectiva. Este silencio ha sido interpretado en los mercados como una señal de preocupación o, al menos, de cautela extrema.
No es una situación menor. Musk ha sido la cara visible de Tesla desde su fundación y su estilo de comunicación, a menudo directo y provocador, ha influido en el comportamiento bursátil de la empresa.
No obstante, ante la posibilidad de un proceso legal con consecuencias económicas, reputacionales y regulatorias, la compañía parece optar por una estrategia de contención.
Mientras tanto, la presión crece. Reguladores, medios de comunicación, inversores y analistas exigen respuestas claras sobre el verdadero estado del sistema autónomo, y sobre los protocolos de seguridad que Tesla aplica antes de lanzar sus vehículos al uso público.

La promesa de los robotaxis, ¿en peligro?
Tesla había presentado a sus robotaxis como una revolución tecnológica y económica. Según estimaciones internas, estos vehículos no solo reducirían los costos del transporte urbano, sino que también generarían ingresos constantes mediante un modelo de “movilidad como servicio”, sin necesidad de conductores humanos.
Este concepto, que alimentó la narrativa de Tesla como pionera en inteligencia artificial aplicada al transporte, se enfrenta ahora a un punto crítico. Si los problemas técnicos persisten y las investigaciones legales avanzan, la compañía podría verse obligada a rediseñar su estrategia o ralentizar significativamente su expansión.
Además, un fallo en contra en la demanda colectiva podría implicar compensaciones millonarias y, más grave aún, una revisión pública del funcionamiento interno de la empresa en torno a sus procesos de validación tecnológica.
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