Opinión: Hace 50 años, un importante logro del derecho al voto daba poder a millones de personas. Debemos preservarlo

Este mes se conmemoran dos aniversarios importantes en la lucha por el derecho al voto: 60 años desde que se aprobó la Ley de Derecho al Voto de 1965 y 50 años desde que una mayoría bipartidista en el Congreso renovó esta ley y le agregó una de las expansiones más transformativas: la Sección 203, la cual promueve los servicios lingüísticos para votantes con dominio limitado del inglés.

La Ley de Derecho al Voto es justamente celebrada por derrumbar barreras para el acceso a las urnas, especialmente para las personas afroamericanas. Pero la Sección 203 merece un reconocimiento especial como un logro de los derechos civiles que amplió el acceso al voto para millones de votantes inmigrantes latinos y asiático-estadounidenses, así como para indígenas estadounidenses y nativos de Alaska, quienes finalmente pudieron conseguir materiales electorales y ayuda traducidos en sus propios idiomas.

Esta legislación fundamental fue agregada en 1975 como respuesta a la discriminación sistemática que enfrentaban los votantes mexicano-americanos. En lugares como el Valle del Río Grande, en Texas, 90 por ciento de la población hablaba solo el español, y sin embargo no tenían disponibles materiales electorales traducidos.

En Los Angeles, donde vivían más de un millón de mexicano-americanos, ningún mexicano-americano formaba parte del concejo municipal ni representaba a su comunidad en la legislatura de California. Un factor clave: las boletas y la información electoral únicamente en inglés, lo que en práctica funcionaba como un examen de alfabetización, dejando a muchos votantes fuera del proceso democrático.

La gran congresista Barbara Jordan de Texas, una vigorosa defensora de esta reforma, denunció la exclusión de los latinos. “Casi todas las formas de prácticas electorales discriminatorias que los afroamericanos sufrieron en el sur estadounidense, ahora los mexicano-americanos las están sufriendo en el noroeste,” observó.

La Sección 203 ha cumplido con la promesa de una democracia más inclusiva. Al exigir que los estados y jurisdicciones locales con minorías lingüísticas significativas proporcionen boletas electorales traducidas, trabajadores electorales bilingües y otras ayudas lingüísticas para los votantes, la ley ha permitido que millones de estadounidenses, incluyendo ciudadanos naturalizados, participen en procesos cívicos en las que antes se les discriminaba y excluía sistemáticamente.

Hoy, más de 20 millones de votantes latinos elegibles viven en jurisdicciones cubiertas por la Sección 203. Esto incluye más de cuatro millones de latinos en Texas, y más de siete millones en California. En todo el país, el acceso lingüístico ha ampliado la participación y ha ayudado a asegurar que el voto no sea un privilegio reservado únicamente para los angloparlantes.

Sin embargo, aunque el apoyo público a la inmigración ha alcanzado máximos históricos (un 79 por ciento de los estadounidenses dicen que los inmigrantes son buenos para el país), el acceso al voto y a las elecciones para los inmigrantes y minorías lingüísticas está en peligro.

La Casa Blanca recientemente emitió un decreto que declara al inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos, con el objetivo de negar a los ciudadanos el acceso a información gubernamental traducida. Mientras tanto, en el Congreso y legislaturas estatales, algunos legisladores están promoviendo nuevos requisitos para votar como la prueba de ciudadanía, los cuales están claramente dirigidos a intimidar y suprimir la participación de votantes inmigrantes y latinos.

Estas medidas contradicen abiertamente los valores de nuestro país. También se oponen al espíritu cívico bipartidista que produjo la Sección 203.

Por eso debemos una vez más comprometernos a defender y expandir esta ley vital.

Como un primer paso esto significa potenciar, no debilitar, el cumplimiento de la Sección 203 y el resto de la Ley de Derecho al Voto. Es indignante que haya líderes en Washington, D.C. que están intentando desmantelar al mismo Departamento de Justicia que hace cumplir las leyes electorales en este país. Esto no puede seguir así.

En este momento, grandes avances federales como la Ley John Lewis para el Avance de los Derechos Electorales y la Ley para la Expansión de Oportunidades Voluntarias de Traducción en las Elecciones (VOTE por sus siglas en inglés) tienen pocas probabilidades de ser aprobadas. Pero a nivel estatal, los legisladores pueden actuar para proteger y ampliar el acceso a las elecciones para las minorías lingüísticas. En mayo, por ejemplo, Colorado aprobó una nueva ley estatal de derechos electorales que amplía el acceso lingüístico y fortalece otras protecciones electorales. Esto es especialmente crucial, ya que la Corte Suprema, la Casa Blanca y el Congreso están revocando protecciones a nivel federal.

Además de apoyar políticas electorales vigorosas, es importante apoyar a las organizaciones comunitarias que están ayudando a las comunidades inmigrantes a participar en nuestra democracia, promoviendo mejores servicios lingüísticos, y haciendo que los votantes se sientan considerados y apoyados, sin importar qué idioma hablen. En la Fundación Comunitaria Latina (Latino Community Foundation) nos enorgullece participar junto a grupos como Radio Bilingüe en el Valle Central de California, quienes hacen uso de su programación pública para proporcionar información electoral bilingüe y con raíces culturales.

Este trabajo es crucial para asegurar una democracia saludable y vigorosa. En esta época de intenso partidismo y falsa información acerca de inmigrantes y votantes inmigrantes, celebremos el 60o aniversario de la Ley de Derecho al Voto y el 50o aniversario de su renovación y expansión, afirmando una vez más nuestro compromiso con la idea de que el gobierno tiene la función y la responsabilidad de hacer que el voto sea más fácil y más accesible para todos.

Cada día, en comunidades de todo el país, los inmigrantes contribuyen de modo incalculable a nuestra economía, nuestra cultura y nuestra vida pública. Hagamos todo lo posible para asegurarnos que también puedan contribuir con su voz, sin importar qué idioma hablen, para ayudar a trazar un mejor futuro para nuestra nación.

(*) Julián Castro es el director ejecutivo de la Fundación Comunitaria Latina, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del presidente Obama y exalcalde de San Antonio.

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