Alertan sobre tipo de jueces migratorios que gobierno de Trump quiere contratar
El Departamento de Justicia, del que dependen las cortes migratorios, busca contratar nuevos jueces, incluso sin experiencia en inmigración
Jennifer Peyton muestra el correo de despido como Jueza Asistente del Jefe de Inmigración en Chicago el 21 de julio de 2025. Crédito: Laura Bargfeld | AP
En medio de una creciente acumulación de casos de inmigración y el plan de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia (DOJ) empuja modificar los procesos de contratación de jueces para cortes migratorias, pero expertos consideran que se reducirían los estándares de selección.
A través de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), el DOJ estaría dispuesto a contratar a abogados sin experiencia en casos migratorios, advierte Matt Biggs, presidente la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos (IFPTE, por sus siglas en inglés), un grupo del que forma parte la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).
“Las leyes de inmigración son una de las áreas legales más complejas en Estados Unidos, y las decisiones a veces son cuestiones de vida o muerte“, dijo Biggs. “La ley no siempre protege a todas las personas ante el tribunal, pero los jueces de inmigración experimentados y permanentes comprenden que el debido proceso es una oportunidad para ser escuchados y puede salvar vidas”.
Aunque la IFPTE y NAIJ consideran que es urgente tener más jueces migratorios, que dependen de la EOIR, advierten que la selección es crucial, debido a las decisiones que toman para millones de personas.
“Los jueces de inmigración que trabajan en estos tribunales rinden cuentas al sistema de deportación del DHS [Departamento de Seguridad Nacional], garantizando la protección de quienes se encuentran dentro de los límites de la ley y que los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales (LPR) no sean deportados por error o sin una revisión completa”, agrega Biggs. “Actualmente, los jueces de inmigración que sirven al país provienen de diversos orígenes. Sin embargo, no todos los abogados son jueces eficaces. Los jueces de inmigración que actualmente ejercen la magistratura han recibido capacitación completa y han sido evaluados a través de un proceso de dos años”.
Biggs cita la publicación en el Registro Federal sobre la extensión del poder al responsable de EOIR para nombrar a “jueces temporales” prácticamente en forma inmediata.
“Para ayudar con la considerable carga de trabajo de los tribunales de inmigración, el Director de la EOIR (Director), con la aprobación del Fiscal General, podrá designar o seleccionar Jueces Temporales de Inmigración (TI), que tienen la autoridad de un JI para adjudicar los casos asignados y administrar los asuntos de los tribunales de inmigración“, dice la iniciativa de la Administración Trump publicada este jueves.
Biggs advierte que si bien la IFPTE apoya la contratación de jueces temporales, el proceso de selección debe ser transparente y asegurando la capacitación del abogado elegido para acciones migratorias.
“La IFPTE apoya la contratación de jueces temporales de inmigración mediante un proceso transparente y basado en el mérito, que considera los antecedentes, la experiencia legal, el conocimiento de la ley de inmigración o los procedimientos judiciales, y la experiencia en derecho administrativo”, indicó. “Contratar jueces sin la experiencia o el conocimiento adecuados de las leyes de inmigración podría ralentizar el sistema y aumentar las apelaciones”.
Millones de casos pendientes
Un reporte de 2024 del Congreso señala que las cortes migratorias tienen una acumulación de más de 3.6 millones de casos pendientes, pero la cifra actualmente podría alcanzar los cuatro millones, debido a distintos cambios de la Administración Trump, como el final de diversos programas de protección temporal o ‘parole’, incluido el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la visa humanitaria para originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), entre otros.
“En los últimos años, el retraso [en casos migratorios] aumentó junto con niveles sin precedentes de migración a través de la frontera entre Estados Unidos y México por parte de migrantes —a menudo en busca de asilo— sin autorización para ingresar al país”, indica el reporte.
Si bien, se agrega, en junio de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementó cambios de política en la frontera suroeste diseñados para limitar el acceso al asilo, lo que ayudó a detener en ese momento la acumulación los casos en tribunales.
Sin embargo, el actual DHS ha modificado diversos procesos incluso ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), para ampliar las Notificaciones de Comparecencia ante un juez o NA, que es el inicio de un proceso de deportación que los inmigrantes pueden defender ante un juez.
Los despidos de jueces
La situación en las cortes migratorias se complicó todavía más cuando la Administración Trump decidió despedir a decenas de jueces, en medio del plan de acelerar las deportaciones masivas.
El IFPTE confirmó que a inicios de febrero pasado, la EOIR despidió a 20 jueces de inmigración, incluyendo a 13 jueces de inmigración representados por la NAIJ.
En julio hubo otro grupo de al menos 15 jueces que se enteraron de que serían suspendidos y que su empleo terminaría el 22 de julio.
“De conformidad con el Artículo II de la Constitución, la Fiscal General ha decidido no extender su mandato ni convertirlo en un nombramiento permanente”, decía la carta enviada a los jueces, según una fotografía tomada por Associated Press de una jueza en Chicago, Illinois.
Otros casos se reportaron en Massachusetts, Ohio, Texas, Nueva York y California.
