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Ronda Política: Sentencias de jueces que no detienen a Trump

La comunidad migrante no puede confiarse de los fallos emitidos por jueces federales; está visto que la Administración Federal hace lo que quiere

Protesters stand off against California National Guard soldiers at the Federal Building in downtown Los Angeles during a "No Kings" protest on Saturday, June 14, 2025. (AP Photo/Richard Vogel)

Efectivos de la Guardia Nacional vigilan el Centro de Detención Metropolitano frente a una manifestación. Credit: Richard Vogel | AP

La Corte de Distrito del Norte de California determinó que el empleo de la Guardia Nacional y la Marina en Los Ángeles por parte de la Administración Trump violó la ley federal.

¿Evitará este fallo que la Administración Trump nos vuelva a mandar a miles de elementos de la Guardia Nacional y a los Marines? ¿Por qué habríamos de confiarnos, si la orden de otro juez de Los Ángeles para no hacer detenciones en base al perfil racial no la han respetado?

Por el contrario, los agentes de migración siguen ensañándose con los trabajadores más vulnerables como los jornaleros. Hasta tres y cuatro veces han acudido a los mismos estacionamientos de las tiendas Home Depot de Los Ángeles y San Bernardino a hacer sus feroces redadas, pasándose la resolución de un juez federal por el Arco del Triunfo.

Mientras tanto, lo que sí está en las manos de las autoridades locales, tampoco lo hacen. A más de un mes de que la alcaldesa Karen Bass anunciara que darían ayuda en efectivo con donativos de fundaciones a las familias afectadas por las redadas, la prometida asistencia ha quedado solo en un discurso, cuando se dijo que esa misma semana del anuncio, comenzaría a fluir.

Luego los supervisores retrasaron dos semanas un voto crucial para dar ayuda para la renta a estas mismas familias. Supervisoras como Holly Mitchell no parecen o no quieren darse cuenta de la emergencia económica que viven las familias de lavacarros y jornaleros que están al borde de sumarse al ejército de desamparados que pululan por las calles de Los Ángeles.

Ojalá que las supervisoras voten a favor de la moción de la supervisora Lindsey Horvath para dar un poco de respiro a las familias que no han podido pagar la renta, a partir de que los agentes del ICE se especializan en arrestar a los proveedores de la familia.

Alto costo

Qué caro le está saliendo a los contribuyentes de Los Ángeles el fracaso para atender el problema del desamparo. 

En 2020, la organización LA Alliance demandó a las autoridades municipales por hacer muy poco para encontrar un hogar a los desamparados; se llegó a un acuerdo entre las partes para remover los campamentos y dar techo a los sin hogar.

Pero resulta que la Ciudad se ha quedado corta en el trato pactado; y para defenderse, la abogada de la ciudad, Hydee Feldstein Soto contrató a la firma Gibson Dunn & Crutcher que aceptó cobrar $900,000 hasta por tres años de trabajo, pero han salido con que han gastado $3.2 millones adicionales. Acto seguido la fiscal municipal está pidiendo al Concejo que le aprueben $5 millones más para que estos abogados continúen con su defensa.

Concejales como Bob Blumenfeld expresaron su desacuerdo porque en el contrato, se especifica que si la firma legal, se  pasa de la cantidad negociada de pago, debe avisarles. Pero para qué molestarse, si los abogados ya encontraron su minita de oro en los cofres municipales. 

Al final, todo esto nos lleva a la irresponsabilidad de nuestras propias autoridades para resolver el problema del desamparo. No es un asunto fácil, pero cuando asumieron el cargo, sabían a lo que se enfrentaban. Su incapacidad le está saliendo bastante cara a los angelinos.

Un dato interesante es que la firma legal por la que Feldstein Soto está pidiendo más dinero al Concejo Angelino, es la misma que le ha donado miles de dólares a su campaña para fiscal de la Ciudad. ¿Dónde está la Comisión de Ética de la Ciudad de Los Ángeles?

Un acto de venganza

El presidente Trump le quitó a Kamala Harris la protección del Servicio Secreto, pero de inmediato se anunció  que oficiales de la Patrulla de Caminos le darían protección. Normalmente los vicepresidentes reciben protección durante los siguientes seis meses al término de su mandato, mientras que los presidentes están protegidos por el Servicio Secreto de por vida. 

Sin embargo, en el caso de Kamala, el expresidente Biden autorizó que la protección de seis meses se ampliará hasta julio de 2026.

Ni tardo ni perezoso, en un acto claro de venganza, el presidente Trump le quitó la protección a su exoponente. Harris vive en el lado oeste de Los Ángeles.

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