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La administración de Trump elimina becas para latinos

El gobierno de Donald Trump canceló $350 millones de dólares en becas, incluyendo fondos clave para universidades con alta población hispana

Trump elimina becas para hispanos

Universidades con una alta población estudiantil latina perderán millones de dólares en fondos para becas destinadas a minorías Crédito: Shutterstock

La administración del presidente Donald Trump eliminó varios programas de becas federales destinados a apoyar a universidades con alta matrícula de estudiantes de minorías sociales, especialmente de origen latino. El gobierno argumenta que estas ayudas representan una forma de “discriminación ilegal” por estar basadas en criterios raciales o étnicos. Esta decisión ha generado fuertes críticas, especialmente entre líderes latinos y demócratas en el Congreso.

Este miércoles, el Departamento de Educación anunció que retuvieron $350 millones de dólares en fondos presupuestados para este año. De ese total, más de $250 millones de dólares estaban destinados al programa para Instituciones al Servicio de los Hispanos (HSI, por sus siglas en inglés), que apoya a universidades donde al menos el 25 % del estudiantado es latino. Este programa fue creado en 1998 con el fin de combatir las brechas educativas entre estudiantes hispanos y blancos.

“La diversidad no es simplemente la presencia de un color de piel”, señaló la secretaria de Educación, Linda McMahon, en un comunicado. “Estereotipar a una persona por características inmutables disminuye la imagen completa de su vida y contribuciones”.

Según el nuevo enfoque legal de la administración, vincular la entrega de fondos federales al porcentaje de estudiantes de determinada etnia o raza es inconstitucional. El Departamento de Justicia respaldó esta posición, negándose a defender el programa en una demanda presentada por el estado de Tennessee y el grupo conservador “Students for Fair Admissions” (Estudiantes por Admisiones Justas).

Tennessee sostiene que todas sus universidades públicas atienden a estudiantes latinos, pero que ninguna cumple con el “umbral étnico arbitrario” del 25%, lo que las deja fuera de los beneficios. Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones al Servicio de los Hispanos ha defendido la legalidad de los programas, argumentando que nivelan el terreno para instituciones que históricamente han tenido menos recursos.

McMahon aseguró que planea trabajar con el Congreso para redirigir los $350 millones de dólares en fondos a instituciones que atienden a estudiantes “poco preparados o con escasos recursos”, sin depender de cuotas étnicas.

Además del programa HSI, la administración eliminó otros apoyos menores, incluyendo $22 millones de dólares para instituciones con al menos 40% de estudiantes afroamericanos, así como programas orientados a comunidades asiáticas, isleñas del Pacífico y nativoamericanas. Sin embargo, los fondos para las universidades históricamente negras (HBCUs) no fueron afectadas, ya que estas están abiertas a estudiantes de cualquier origen racial.

En contraste con esta política, el expresidente Joe Biden había impulsado una orden ejecutiva para fortalecer las universidades hispanas, creando una junta asesora presidencial y ampliando el financiamiento. Esta medida fue revocada por Trump en su primer día tras regresar a la Casa Blanca.

La eliminación de estos programas representa un giro radical frente a décadas de políticas bipartidistas que buscaban reducir desigualdades históricas en el acceso a la educación superior. Más de 500 instituciones en Estados Unidos están clasificadas como HSI, incluyendo universidades reconocidas como la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Arizona, así como numerosos colegios comunitarios que atienden a comunidades latinas.

El anuncio también ha provocado una fuerte reacción en el Congreso. La senadora demócrata Patty Murray, de Washington, acusó a Trump de priorizar la política sobre los estudiantes.

“Está anteponiendo la política a los estudiantes que solo quieren progresar”, declaró.

Murray señaló que el Congreso debe asegurar que el gasto público no quede en manos exclusivas del Ejecutivo.

Aunque el Departamento de Educación aún planea liberar $132 millones de dólares en subvenciones consideradas obligatorias, también indicó que sigue evaluando la legalidad de esos mecanismos de financiamiento.

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