HRW acusa que ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe son “asesinatos extrajudiciales ilícitos”
La ofensiva dada a conocer por Donald Trump, fueron "asesinatos extrajudiciales ilícitos", aseguró la organización Human Rights Watch
ONG insiste que EE.UU. no puede matar sumariamente a personas a quienes acusan de traficar droga. Credit: Julia Demaree Nikhinson | AP
Pese a que Donald Trump los anunció como una gran ofensiva contra el narcotráfico, para la organización Human Rights Watch, los ataques militares de Estados Unidos contra dos embarcaciones presuntamente utilizadas por personas vinculadas al trasiego de drogas, que según la administración republicana dejaron al menos 14 personas muertas, constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales.
Los ataques se producen en el marco de los esfuerzos de la Casa Blanca por ampliar sus atribuciones para atacar a los llamados “narcoterroristas”, lo que podría facilitar más violaciones de derechos humanos, según la ONG.
“Las autoridades estadounidenses no pueden matar de forma sumaria a personas a las que acusan de traficar con drogas”, afirmó Sarah Yager, directora de la oficina de Washington de Human Rights Watch. “El problema del narcotráfico hacia Estados Unidos no constituye un conflicto armado, y las autoridades estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones de derechos humanos pretendiendo lo contrario”.
La Administración estadounidense ha llevado a cabo al menos dos ataques letales contra embarcaciones en aguas cerca de Venezuela alegando que se trataba de narcotraficantes intentando introducir droga en su país.
“El problema de los narcóticos entrando a Estados Unidos no es un conflicto armado, y los funcionarios estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos fingiendo lo contrario“, explicó Yager.
“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Estados Unidos está suscrito, protege el derecho a la vida. Según los estándares legales de derechos humanos, quienes ejercen funciones de orden público, incluidos militares, deben buscar minimizar el daño y preservar la vida humana. Sólo pueden usar fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves”, añade la organización en un comunicado.
El 2 de septiembre de 2025, Donald Trump anunció que fuerzas militares estadounidenses habían atacado una lancha rápida procedente de Venezuela en aguas internacionales, matando a 11 personas que, según indicó, eran integrantes del Tren de Aragua, un grupo del crimen organizado venezolano designado por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera. El secretario de Estado, Marco Rubio, describió la embarcación como operada por una “organización narcoterrorista” que transportaba drogas hacia Estados Unidos.
Ese mismo día, Trump publicó en la red social Truth Social imágenes aéreas de la explosión de la lancha. A partir del video, aunque de baja resolución, Human Rights Watch pudo confirmar visualmente que había al menos seis personas a bordo en el momento del ataque. La ubicación exacta de la embarcación y la hora del ataque no han sido verificadas. Según The New York Times, un alto funcionario estadounidense señaló que el ataque fue perpetrado por una aeronave de operaciones especiales.
El 15 de septiembre, Trump anunció que las fuerzas militares estadounidenses habían llevado a cabo un segundo ataque contra otra lancha procedente de Venezuela en aguas internacionales, matando a tres hombres. Las imágenes del ataque muestran la embarcación inmóvil con al menos dos personas a bordo antes de que fuera envuelta por una explosión. Human Rights Watch no pudo verificar dónde ni cuándo se produjo el ataque. En su publicación sobre este segundo ataque, Trump afirmó: “¡ESTÁS ADVERTIDO: SI ESTÁS TRANSPORTANDO DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, TE VAMOS A CAZAR!”
Tras la difusión del material, la organización acusó que el uso de fuerza letal por parte del ejército estadounidense contra presuntos narcotraficantes en estos dos ataques violó el derecho internacional de los derechos humanos.
“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado, protege el derecho a la vida. Según las normas del derecho internacional de los derechos humanos, quienes participan en tareas de seguridad, incluidas las fuerzas militares, deben actuar buscando siempre minimizar los daños y preservar la vida humana. Solo se puede recurrir al uso de la fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente”, sentenció.
“El ejército de Estados Unidos debería cancelar de inmediato cualquier plan de futuros ataques ilegales y garantizar que todas sus operaciones militares cumplan con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, afirmó Yager. “El Congreso debe iniciar una investigación inmediata y transparente sobre el proceso de toma de decisiones detrás de estos ataques, incluida la justificación legal y la cadena de mando”.
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