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Jueza que voto por reabrir a Alligator Alcatraz está casada con un defensor del gobierno de Florida

El cónyuge de la jueza Barbara Lagoa, cuyo voto respaldo la reapertura de Alligator Alcatraz, trabaja para el gobierno de Florida

Barbara Lagoa, jueza del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito

Los detractores de la jueza Barbara Lagoa afirman que no debió participar en el caso porque involucra intereses defendidos por su marido. Crédito: Wilfredo Lee | AP

El falló de un tribunal de apelaciones emitido en favor de mantener abierto y en funcionamiento al centro de detención de inmigrantes conocido “Alligator Alcatraz” de Florida, enfrenta un nuevo escándalo ligado a la jueza Barbara Lagoa, encargada de redactó el documento con la opinión mayoritaria de los magistrados.

El 21 de agosto, Kathleen Williams, jueza federal, ordenó al estado de Florida y a la administración Trump detener todas las actividades en el masivo centro de detención masivo ubicado en la Reserva Nacional Big Cypress, conocido como “Alligator Alcatraz” y programar su desmantelamiento en un plazo máximo de 60 días.

Sin embargo, el 4 de septiembre, el caso dio un giro después de que en el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito se ordenó mantener reabierto a dicho centro de detención.

Lo controversial del asunto es que un miembro del tribunal en favor de la iniciativa está casado con alguien que ha obtenido varios millones de dólares por defender los intereses del estado de Florida.

Información revelada por Prism Reports, señala que el esposo de la magistrada Barbara Lagoa es Paul Huck, socio de uno de los bufetes de abogados encargado de representar al “Estado del Sol” en diversas las batallas legales.

Con fundamento en las normas de ética judicial la experta en legislación debió no aceptar involucrarse en el caso debido a que, los intereses económicos de su esposo, podrían verse como una posible inclinación en la balanza para determinar una sentencia y de esa manera se terminaría por afectar a la confianza pública con respecto al concepto justicia impartido en los tribunales de apelaciones.

Las instalaciones de Alligator Alcatraz continúan recibiendo inmigrantes en proceso de ser deportados. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

De acuerdo con Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), el hecho que Barbara Lagoa esté casada con alguien que tiene como cliente al gobierno de Florida no es correcto, pues el falló para mantener abierto a “Alligator Alcatraz” puedo estar influenciado para votar a favor de dicha resolución.

La jueza Barbara Lagoa se encuentra claramente en una situación de conflicto debido a su matrimonio con Paul Huck y, por lo tanto, tiene un interés personal en que su bufete mantenga una buena relación con el estado de Florida, ya que este es su cliente.

El riesgo potencial de que su marido pueda influir en su decisión a favor del estado en este caso tan controvertido pone en peligro la legitimidad de nuestro sistema judicial”, señaló en un comunicado.

La demócrata Anna Vishkaee Eskamani, miembro de la Cámara de Representantes de Florida, se sumó a las criticas en contra de la jueza Lagoa por seguir adelante en un caso donde para evitar suspicacias nunca debió participar.

“Desde el punto de vista más ético, debería haberse recusado, y al no hacerlo se erosiona aún más la confianza de la gente en el poder judicial. Es preocupante que en un caso tan importante y con enormes repercusiones para el medio ambiente haya una jueza con ese poder para decidir sobre este asunto, cuyo marido trabaja en casos políticos de gran repercusión en nombre de DeSantis”, escribió.

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