Exhortan a la comunidad a involucrarse a la Red de Respuesta Rápida

Abogados de derechos civiles, de Public Counsel, asesores públicos y líderes comunitarios de CHIRLA y Unión del Barrio ofrecen foro público para abordar la campaña de terror que desató la administración Trump en contra de los inmigrantes. El objetivo es brindar actualizaciones sobre cómo proteger a las personas de los abusos de ICE y de cómo la comunidad puede apoyarse mutuamente.

El foro precedió a la multitudinaria marcha del día “Sin Reyes” en todo el país, que congregó a un promedio de siete millones de estadounidenses en miles de manifestaciones. Aquí en Los Ángeles, como en otras ciudades hubo algunos enfrentamientos con las autoridades federales, pero sin pasar a mayores.

Esta serie de protestas fue organizada por SoCal 50501, que se autodenomina “un movimiento político de base pacífico y descentralizado con la misión de defender la democracia y el gobierno constitucional”. Su nombre proviene de “50 protestas. 50 estados. 1 Movimiento”.

Conocer sus derechos

“Si la gente está indignada por al maltrato a los inmigrantes, los primeros pasos que deberían seguir son registrarse y formar parte de su Red de Respuesta Rápida Local, declaró la abogada Gina Zapanta directora ejecutiva de AlderLaw. “Así, comprenderán qué hacer y conocer sus derechos”.

La Red de Respuesta Rápida protege la privacidad de sus miembros, a quienes se les notifica si ocurre alguna redada en su vecindario. Las personas también pueden adoptar una escuela. El movimiento de defensa de los inmigrantes trabaja en mancuerna con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

“Tenemos padres que han adoptado escuelas para que los niños se sientan seguros al ir a clases”, comentó la abogada. “Si algo sucede allí, tenemos que documentarlo”.

Quieren hacer esa tarea porque en julio, residentes, trabajadores y grupos de defensa de diversos sectores del sur de California demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por secuestrar a miembros de la comunidad inmigrante mediante prácticas ilegales de detención y arresto, así como por confinarlos en un edificio federal en condiciones ilegales, negándoles el acceso a abogados.

Dicha demanda, presentada por cinco trabajadores, tres organizaciones de afiliados y un proveedor de servicios legales —La Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes—, alega que el DHS ha arrestado y detenido inconstitucionalmente a personas para cumplir con las cuotas arbitrarias de arrestos establecidas por la administración Trump.

“Desde el 6 de junio, matones enmascarados y merodeadores han invadido Los Ángeles, aterrorizando a nuestras comunidades de color y violando la Constitución en el proceso”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU del Sur de California, quien representa a los demandantes. Sin importar su estatus migratorio ni el color de su piel, a todas las personas se les garantizan los derechos constitucionales que las protegen de detenciones ilegales. Exigiremos cuentas al DHS.

En la demanda representan a dos tipos de personas: personas que han sido o serán sometidas a prácticas ilegales de detenciones sin sospecha y arrestos sin orden judicial y sin evaluación del riesgo de fuga.

Stephen Miller, un ‘nazi’

En el foro, tanto CHIRLA como Unión del Barrio dieron a conocer que recibieron amenazas del senador republicano Josh Hawley, miembro del subcomité de crimen y antiterrorismo, donde se les informaba en una carta que debían dejar de hacer lo que estaban haciendo al defender a la comunidad de las redadas.

Lupe Carrasco, educadora y miembro de Unión de Barrio, identificó a Stephen Miller, subjefe de gabinete para políticas en la administración Trump y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos desde 2025, como “un nazi que lleva mucho tiempo atacando a ciudades étnicas”.

“[Miller] Tiene un largo historial de organización y retórica antirraza”, describió la activista. “Por eso, nuestro trabajo es asegurar que nuestros jóvenes y sus padres en la comunidad comprendan la situación”.

Añadió que ahora se siente más segura de su labor altruista frente a los secuestros y detenciones inconstitucionales, inhumanas y que violan no solo los derechos civiles sino también los derechos humanos.

Otra organización que surgió de Unión del Barrio es la Asociación de Educadores de la Raza de Los Ángeles de la cual Lupe Carrasco es presidenta. Tienen capítulos en Los Ángeles, San Diego, Santa Bárbara, en el este de la Bahía de San Francisco y, próximamente, en Atlanta, Georgia.

La Asociación de Educadores de la Raza se formó en una época muy similar a la actual: cuando la Proposición 187 del exgobernador republicano Pete Wilson amenazaba “con el mismo tipo de terrorismo, pero en el estado de California, que se convirtió en un modelo para lo que sucedía en otros estados, como la SB 1070 en Arizona, Georgia y otras entidades”.

 En 1994 y 1995, Unión del Barrio comenzó a organizar las primeras patrullas comunitarias, y en Los Ángeles, organizaron a la gente a través de la Coalición de Autodefensa Comunitaria en 2025, que ha logrado que ICE no haya regresado a efectuar redadas en el sur centro de Los Ángeles.

“La gente está despertando. Se ha dado cuenta de que el racismo existe y tenemos que defender que pertenecemos aquí y que siempre hemos sido parte integral del desarrollo de este país”, subrayó Lupe Carrasco.

‘Ganaremos la guerra’

Gina Amato, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, dijo a La Opinión que

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gINAgIlo más difícil de la lucha en este momento contra la administración de Donald Trump es cómo ser testigo de todos los abusos que están pasando en las comunidades.

“Se están haciendo cosas ilegales en la comunidad y la gente tiene mucho miedo”, declaró la abogada.

¿Cómo evadir o impedir ese trato ilegal? ¿Cómo defenderse? Parece que no hay manera alguna.

“Primero, uno tiene que saber sus derechos y en el momento de intentar defenderse, no hablar, no dar información a ICE”, recomendó. “También, hacer videos, documentar lo que pasó”.

De ser necesario, -añadió- se puede consultar con un abogado y entablar un juicio civil.

Sin embargo, la abogada admitió que el panorama actual de los inmigrantes y ciudadanos latinos “es muy difícil”.

En algún momento de su carrera, ¿Pensó que se enfrentaría a una situación de constante violación de derechos humanos, civiles y constitucionales?

“La verdad, no. Nadie esperaba esta situación tan grave y fea. No sé si lo que más me sorprende es que el gobierno federal no sigue la ley; las cortes dicen una cosa y el gobierno [de Trump] no tiene respeto a las órdenes de la corte”.

Entonces, ¿la comunidad hispana está perdida?

“No estamos perdidos. Seguimos luchando”.

¿Qué es lo más difícil de estas batallas?

“Continuar luchando todos los días, porque el gobierno sigue sus ataques contra nuestra comunidad”

¿Se ganará esta guerra?

“Sí, vamos a ganar”.

¿Cómo?

“Porque somos una comunidad muy fuerte, somos unidos y la ley está en nuestro lado”, respondió.

‘Poner luz a las hipocresías’

El abogado Luis Carrillo, cuyo bufete jurídico envió una carta de denuncia a la Organización de Naciones Unidas (ONU) describiendo el maltrato a inmigrantes y a 11 ciudadanos estadounidenses de origen latino que fueron arrestados por ICE, indicó que habría que ser realista sobre su probable intervención en cuanto a las violaciones de derechos humanos.

“Si leen la carta y les interesa intervenir, entonces sería una bomba atómica en contra de este país”, dijo, y estableció que hay un 20% a 30% de probabilidades de que actúen conforme al derecho internacional sobre el respeto a los derechos humanos.

“Dios quiera que Naciones Unidas intervenga. Si inician una investigación van a desacreditar a este país y va a poner a la luz las hipocresías y lo malo que es este gobierno del racista Trump que está haciendo la vida tan dura para nuestra gente”.

El abogado, junto a su hijo y abogado Michael y el abogado Christian Contreras tienen más de una decena de casos civiles de ciudadanos estadounidenses agredidos por ICE.

¿Cuáles son las expectativas de ganarle a esta administración?

“Tenemos buenas posibilidades. Lo que ellos le hicieron a nuestra gente son crímenes; escuchando cada arresto, un juez sí puede hacer un fallo a nuestro favor”, dijo confiado.

En el caso de Andrea Vélez, ciudadana estadounidense, detenida injustamente en junio durante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Los Ángeles, ella estuvo retenida dos noches e inicialmente fue acusada de un delito grave, que posteriormente el Departamento de Justicia retiró. Vélez y su familia afirman que fue víctima de uso excesivo de la fuerza y ​​discriminación racial.

“Ella mide apenas 4 pies y 11 pulgadas. Iba a su trabajo. El gorila [agente de ICE] la tumbó y la arrestó sin justificación porque se encabronó con ella”, describió el abogado.

“A Cary López Alvarado le pusieron cadenas alrededor de su estómago cuando tenía nueve meses de embarazo”, añadió. “También tenemos el caso de un hombre de Oxnard a quien los nazis [agentes de ICE] lo estamparon contra un carro”.

El abogado aconsejó que las personas o activistas que presencien una redada de inmigración lo hagan a 10 pies de distancia, a fin de evitar ser incriminados de interferir con sus operativos y, además, usar una máscara para cubrir el rostro, tal como lo hacen los agentes de inmigración.

“Nuestra gente no tiene que acercarse a las tiendas Home Depot ni a los carwash [lavado de autos] porque son un imán para que vengan los nazis. Es ahí donde está trabajando la raza para sostener a sus familias”, expresó. “Lo que vivimos es frustrante porque cuando llegan los monstruos racistas, arrestan y golpean a los inmigrantes”.

Esa fue la experiencia de Juan Rivas, un guatemalteco residente legal, quien a pesar de que mostró sus documentos a los agentes de ICE, lo tiraron contra el piso, lo golpearon y ni siquiera estaba pidiendo trabajo en una tienda de Home Depot.