La extorsión a limoneros en México deja casi 200 millones de dólares anuales al narco
Los productores de limón en Michoacán pueden llegar a pagar hasta el 40% de sus ganancias al crimen organizado en cuotas de extorsión
Las extorsiones al sector limonero son realizadas por grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Crédito: Fernando Llano | AP
Los grupos del crimen organizado en la región del Valle de Apatzingán, en Michoacán, reciben aproximadamente 3,600 millones de pesos al año por la extorsión al sector limonero, lo que equivale a cerca de 197 millones de dólares anuales.
Productores consultados por el diario El Universal detallan que las cuotas por kilo de limón son de 2 pesos por cada kilo cortado y otros 2 pesos por kilo empacado, cifra que se acumula en los municipios de Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Tepalcatepec y otros dentro de la zona de Tierra Caliente.
“Nos dejaron solos”, afirma un productor del valle de Apatzingán que pidió el anonimato. Describe que cada mañana los cortadores llegan con sus familias para trabajar, pero “ya no nos alcanza ni para vivir”, ya que el impuesto criminal se ha vuelto parte inevitable de su cosecha.
Otro limonero expuso que no habría corte ese día. “Continuaremos en paro de labores hasta que el gobierno federal y estatal nos brinden las garantías y la seguridad para que nuestro trabajo no sea producto de extorsión por parte de grupos delincuentes”.
La operación de este “derecho de piso” al sector limonero es realizada por grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Blancos de Troya y otros cárteles que disputan el control de la zona. De acuerdo con informes locales, los productores de limón en Michoacán pueden llegar a pagar hasta el 40% de sus ganancias al crimen organizado en cuotas de extorsión.
La paralización del corte y empaque del cítrico por amenazas o cobros excesivos ha generado pérdidas millonarias, cierre de empacadoras y desplazamiento de jornaleros.
El flujo de dinero al crimen organizado convierte al limón michoacano en una de las mayores fuentes de financiamiento ilegal del país. La falta de intervención efectiva del gobierno y la normalización del cobro de cuotas hacen temer que el “impuesto del narco” se consolide como parte estructural de la economía agrícola en el occidente de México.
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