Más de 100 elementos militares protegen a 9 alcaldes de Guanajuato ante amenazas
Aunque los alcaldes cuentan con cuerpos de seguridad municipales, mucho de ellos desconfían de los agentes y mantienen protección federal y militar
Cada alcalde cuenta con un promedio de 14 elementos de la Guardia Nacional. Crédito: Fernando Llano | AP
A 18 meses del inicio del proceso electoral, nueve alcaldes en Guanajuato continúan bajo la protección de la Guardia Nacional. A pesar de contar con policías municipales, los funcionarios han solicitado mantener el resguardo federal argumentando que confían más en los elementos de la Guardia Nacional que en sus propios cuerpos de seguridad.
De acuerdo con información obtenida por el diario Milenio, siete de los nueve alcaldes que conservan escolta pertenecen al partido Morena, entre ellos los de Pénjamo, Celaya, Comonfort, Salamanca, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán. A la lista se suma la alcaldesa de Moroleón, de Movimiento Ciudadano, y el alcalde independiente de Juventino Rosas.
Salvo este último, todos cuentan con corporaciones municipales, aunque las consideran insuficientes ante el contexto de inseguridad.
Cada alcalde cuenta con un promedio de 14 elementos de la Guardia Nacional, distribuidos en dos unidades. En total, se estima que más de 126 efectivos están destinados exclusivamente a la seguridad de estas autoridades y sus familias, sin participación en operativos o patrullajes regulares.
En casos particulares, como el del alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, la cifra aumenta, debido al clima de inseguridad en la región. Además de su escolta regular, recibe apoyo del Ejército Mexicano, y en situaciones de riesgo, el número de elementos se duplica.
“Nosotros confiamos más en la Guardia Nacional”, declaró Ramírez Sánchez, quien desde diciembre de 2024 emprendió una campaña de recontratación de expolicías tras dar de baja a 350 elementos conocidos como “Fedepales”, exintegrantes de la Policía Federal.
El asesinato de Gisela Gaytán
La asignación de escoltas federales se remonta al inicio de las campañas municipales en 2024. En abril de ese año fue asesinada Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, mientras realizaba un recorrido en la comunidad de San Miguel Octopan.
Tras el homicidio, el Comité Estatal de Morena solicitó protección para 17 personas, incluyendo a Virginia Magaña, candidata al Senado por el Partido Verde, y a Adriana Guzmán, presidenta estatal del partido.
No obstante, el secretario general de Morena en Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, informó que la petición inicial se realizó desde marzo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), tras identificar zonas de alto riesgo debido a la presencia de grupos delictivos.
Durante el proceso electoral, Guanajuato se convirtió en el estado con mayor número de solicitudes de protección del país, concentrando 204 peticiones, equivalentes al 50% del total nacional. Le siguieron Michoacán, con 57, y Puebla, con 44.
En Pénjamo, la alcaldesa Yozajamby Florencia Molina Balver es custodiada diariamente por cuatro elementos federales, mientras otros se despliegan dentro y fuera del edificio de gobierno. La funcionaria denunció que ha recibido amenazas externas e internas, además del asesinato de su padre durante la campaña, en mayo de 2024.
“Yo corro con los gastos de la Guardia Nacional en cuanto a alimentación y a todo. No le hago ninguna carga al erario en ese aspecto”, aseguró en entrevista cin Milenio. También denunció ataques sistemáticos desde dentro de la administración, los cuales atribuye a resistencias generadas por decisiones tomadas desde el inicio de su gobierno.
En Celaya, además del alcalde, cinco miembros del gabinete utilizan camionetas blindadas y cuentan con escolta. Entre ellos están el director de Obra Pública, el titular de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa), el tesorero, el secretario del Ayuntamiento y un regidor. Ninguno pertenece al área de seguridad.
¿Cómo se solicita protección federal para alcaldes?
El procedimiento para obtener escolta federal establece que, una vez concluida la campaña electoral, el alcalde interesado debe enviar un oficio dirigido a la Secretaría de Gobernación (Segob) o a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La solicitud es evaluada con base en un análisis de riesgo, tras el cual se determina si procede la asignación de elementos.
No todos los alcaldes han logrado mantener la protección. El edil de Salvatierra, José Daniel Sámano, declaró en octubre que desde junio dejó de contar con escolta, pese a haber recibido amenazas de muerte. Su partido gestionará una reunión con García Harfuch para revisar su situación.
El secretario general de Morena en el estado confirmó que la razón principal detrás de la solicitud de protección federal es la falta de confianza en las policías municipales.
“Los alcaldes estaban en un proceso donde no confían en la policía; están conociendo a sus cuerpos de seguridad y al tipo de armamento que tienen. Eso influye en la decisión de pedir apoyo federal”, indicó Ramírez Garibay.
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