Casi 42 millones de personas de bajos ingresos pierden sus cupones de alimentos

Desde este 1 de noviembre, casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), en medio del cierre parcial del gobierno federal, que ya pasó del mes.

Aunque un juez federal ordenó a la administración Trump emplear fondos de emergencia para pagar por lo cupones en noviembre, no se ha podido evitar la interrupción inmediata de los beneficios, que podrían tardar semanas en reanudarse.

A esta crisis se agrega la Ley Integral de Reforma Alimentaria, aprobada por el Congreso a principios de este año, que reduciría el presupuesto del SNAP en $287 mil millones durante la próxima década; y la imposición de nuevos requisitos laborales para determinar la elegibilidad, complicará más la obtención de estos beneficios.

Durante la videoconferencia: “42 millones de estadounidenses perderán la asistencia alimentaria en noviembre debido al cierre del gobierno”, organizada por American Community Media (ACoM), Jamie Bussel del programas de la Fundación Robert Wood Johnson, dijo que el SNAP es el programa contra el hambre más grande del país, creado durante la Gran Depresión, y nunca se había visto interrumpido de esta manera.

“El programa WIC es otro programa federal de alimentación y nutrición de vital importancia que proporciona alimentos, fórmula, educación nutricional, apoyo a la lactancia materna y una amplia gama de servicios de salud a mujeres embarazadas, en período de posparto, bebés y niños pequeños”, dijo.

Señaló que esta crisis no se debe a la falta de fondos en el Congreso, sino a que nuestros legisladores priorizan la política sobre las personas, en lugar de alimentarlas.

“Son nuestras familias, nuestros hijos, nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros veteranos, quienes se ven atrapados en este estancamiento político”. 

Subrayó que con la interrupción del financiamiento para SNAP y WIC, todos sufriremos.

“Las familias pasarán hambre. Los millones de personas que participan en SNAP no tendrán los recursos para garantizar una alimentación adecuada durante el mes, y esto incluye a niños, familias, personas con discapacidades, adultos mayores, veteranos y más de 7 millones de bebés y familias que participan en el programa WIC”.

Dijo que las economías locales también se verán perjudicadas, ya que las compras con SNAP representan hasta el 15% del total de las ventas de supermercados; y particularmente las zonas rurales, se verán gravemente afectados. 

“Es probable que los bancos de alimentos colapsen por completo. Y si bien nuestros sistemas de asistencia alimentaria de emergencia son vitales en Estados Unidos, no reemplazan el programa SNAP”.

Señaló que por cada comida que un banco de alimentos puede proporcionar, el programa SNAP otorga nueve. 

“Por lo tanto, los bancos de alimentos no pueden reemplazar lo que hace SNAP, y las repercusiones son enormes. Cuando los niños dejan de ser elegibles para recibir SNAP, es probable que pierdan su elegibilidad para otros programas de alimentación, como el Programa de Almuerzo y Desayuno Escolar y los programas de alimentación de verano”. 

Repercusiones en California

Joseph Llobrera, director superior de Investigación de políticas de asistencia alimentaria del Center on Budget and Policy Priorities, dijo que en California, se distribuyen más de $1,000 millones en beneficios del SNAP cada mes, ayudando a más de cinco millones de californianos a obtener los alimentos que necesitan. 

“Eso representa a uno de cada siete en el estado. Y esa es solo la crisis inmediata del cierre del gobierno que estamos viendo, la cual interrumpirá los beneficios en noviembre”. 

A esto – dijo – hay que agregarle nuevas reglas,  generadas en parte por la perjudicial ley de reconciliación republicana promulgada en julio pasado, lo que eliminará la elegibilidad para millones de personas en los próximos meses y años.

Agregó que con respecto al SNAP, lo redujo en $187 mil millones hasta 2034, lo que representa un recorte del 20%, el mayor en la historia del programa. 

“Estimamos que, a nivel nacional, alrededor de cuatro millones de personas, incluyendo un millón de niños, perderán la totalidad o una parte sustancial de la asistencia alimentaria cuando las disposiciones entren en vigor en los próximos años”.

Dijo que la nueva ley recorta drásticamente la financiación federal para los programas estatales del SNAP, obligándolos a asumir costos inasequibles y arriesgándose a recortes drásticos, o incluso a que algunos estados suspendan el programa por completo. 

“La mayoría de los estados afrontarían costos de entre el 5% y el 15% del total de los costos de los beneficios. Para que se hagan una idea de la magnitud de estos costos, en California, una contrapartida del 5% equivale a 600 millones de dólares al año, y una del 15% a 1.800 millones de dólares al año”. 

Expuso que la segunda forma en que el proyecto de ley perjudica a las personas que necesitan ayuda para comprar alimentos es privando de asistencia alimentaria a millones de personas al ampliar los requisitos laborales, que son severos e ineficaces.

“Este papeleo adicional que las personas y familias debían completar cada mes y que los trabajadores sociales debían procesar, representaba un importante obstáculo administrativo que desalentaba la participación en el programa”.

Precisó que la nueva ley pone ahora en riesgo de perder beneficios a millones de personas más; padres y cuidadores con hijos mayores en el hogar y adultos mayores de entre 55 y 64 años deben cumplir con este requisito laboral. 

“La ley también eliminó las exenciones para veteranos, personas sin hogar y jóvenes que han salido del sistema de acogimiento familiar”.

Expuso que tan solo en California, estimamos que cientos de miles de personas estarán en riesgo de perder parte de sus beneficios del SNAP debido a la ampliación de los requisitos laborales.

“El tercer efecto perjudicial de esta ley es que niega la asistencia alimentaria a muchos inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos y que han recibido protección humanitaria del gobierno estadounidense. 

“Entre los afectados se incluyen refugiados, personas a quienes se les ha concedido asilo, ciertas personas sobrevivientes de violencia doméstica y ciertas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral”.

Implicaciones de los recortes

Gina Plata-Nino, directora interina del programa de SNAP del Food Research & Action Center, dijo que cuando pensamos en los niños, es importante recordar que no viven solos.

“Sus cuidadores no ganan lo suficiente; menos de $1,100 al mes. Entre el 70% y el 80% de sus ingresos se destina a la vivienda, dejando muy poco para otras necesidades básicas”.

Señaló que además solicitar los cupones del SNAP no es fácil, y algunos estados dificultan enormemente el acceso a este programa, y lo dificultarán aún más.

“La razón por la que hay personas que necesitan SNAP es porque depende de la economía. Cuando hay una economía fuerte, un empleo estable y la gente recibe un salario digno, no hay tantas personas que reciban SNAP”. 

Dijo que la mayoría de las personas que reciben SNAP lo hacen porque perdieron su trabajo y estamos frente a un mercado laboral difícil.

“Son los padres de estos niños a los que llamamos trabajadores pobres, que tal vez tengan dos o tres trabajos, y no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas”. 

Afirmó que este programa marca la diferencia entre la pobreza y salir de ella, sobre todo en estados con un alto costo de vida, donde todo cuesta aún más.

El impacto en los niños

Eric Valladares, director ejecutivo de Family Connections, dijo que si bien como organización se enfocan en el aprendizaje temprano y en la salud mental, han aprendido que sin vivienda segura, alimentación ni ingresos estables, las familias simplemente no pueden concentrarse en el desarrollo ni el bienestar de sus hijos, ni en fortalecer los lazos familiares. 

“Más del 75% de las familias a las que servimos tienen ingresos iguales o inferiores al 50% del ingreso medio del área, lo que las ubica en las categorías de ingresos extremadamente bajos o muy bajos en el condado de San Mateo, donde el ingreso medio familiar supera los $150,000”. 

Dijo que la brecha entre lo que gana una familia y lo que necesita para cubrir sus gastos básicos es enorme. 

Por lo tanto, dijo que al perder beneficios públicos, las familias experimentarán un aumento del estrés crónico y la ansiedad, lo que, según las investigaciones, afecta su capacidad para responder con calma y constancia a las necesidades de sus hijos.