El Plan Michoacán, prueba de fuego para Sheinbaum
Puede ser un punto de inflexión si logra trascender la etapa del anuncio y traducirse en resultados tangibles y sostenibles
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: José Méndez | EFE
Ante la indignación que ha causado en México y en el extranjero el brutal asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un esfuerzo que, al menos en la narrativa, no solo busca combatir con firmeza al crimen organizado, sino reconstruir el tejido social, la justicia y la institucionalidad.
Sin embargo, persisten las dudas sobre su efectividad, entre otras razones, porque guarda muchas similitudes con planes que han fracasado antes.
El plan parte de una premisa correcta: la violencia no se vence únicamente con mano dura. Entre sus ejes se encuentran el refuerzo del Estado de derecho, con células especializadas en delitos de alto impacto y mayor presencia federal; el desarrollo social y económico, abriendo oportunidades para jóvenes, productores y comunidades rurales; y una coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno. Es un enfoque integral y loable.
Lo que no está claro es cómo se implementará.
El reto es monumental. Michoacán lleva al menos 20 años bajo la sombra de carteles tan poderosos como sanguinarios: La Familia Michoacana, el Cartel de Jalisco Nueva Generación o CJNG y los remanentes de Los Caballeros Templarios.
No solo matan sino controlan rutas y economías locales y se dedican a extorsionar a empresarios y comerciantes, con la complicidad de muchas autoridades. Ese entrelazamiento entre crimen y poder político es la muralla más difícil de derribar. A ello se suma la fragilidad institucional: fiscalías débiles, policías infiltradas, sistemas judiciales incapaces de garantizar sanciones.
El componente social del plan también enfrenta su propio desafío. Generar empleo, educación y alternativas productivas es indispensable, pero toma tiempo, recursos y coordinación sostenida. Mientras tanto, los grupos criminales seguirán expandiéndose y reclutando jóvenes como el que mató a Manzo. Además, el desplazamiento de células delictivas a otros territorios es una amenaza real.
El factor político tampoco es menor. Michoacán es un símbolo: un estado donde el crimen ha cobrado la vida de alcaldes, candidatos y ciudadanos comunes. Sheinbaum pone mucho en juego. Si los resultados no llegan pronto, la narrativa del “gran plan” puede volverse en su contra.
Es obvio que todos los michoacanos están cansados. El Plan Michoacán puede ser un punto de inflexión si logra trascender la etapa del anuncio y traducirse en resultados tangibles y sostenibles.
La apuesta por “justicia, inteligencia y coordinación” marca un avance discursivo frente a la simple militarización. Pero el éxito dependerá de algo más: de romper el pacto entre autoridades corruptas y crimen organizado, de garantizar transparencia y continuidad a largo plazo en las políticas de seguridad y, sobre todo, de proteger a quienes, como Carlos Manzo, se atreven a enfrentar el horror.
Ahí, y solo ahí, se medirá la verdadera voluntad de cambio.
