Abogada asesinada en Colombia defendía a un narco con vínculos con el Cártel de Sinaloa
Luisa Fernanda Ramírez era abogada de presuntos criminales, incluidos narcotraficantes como Jesús Hugo Verdugo Chávez, alias “Tánatos”
Por ahora, no se han reportado detenciones por el asesinato de la abogada. Crédito: Ivan Valencia | AP
Luisa Fernanda Ramírez Bejarano, una abogada penalista de 40 años, fue asesinada a tiros en Jamundí (Valle del Cauca), en un ataque que las autoridades han vinculado con su actividad profesional defendiendo presuntos criminales, incluidos narcotraficantes.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Yesid Bello Cubides, informó que la víctima fue interceptada por dos hombres que iban en motocicleta, quienes abrieron fuego contra su vehículo. Después de recibir varios impactos, Ramírez Bejarano perdió el control del automóvil y chocó contra un establecimiento comercial.
Según la Policía, la abogada representaba a varias personas investigadas por delitos graves, entre ellas un narcotraficante identificado como Jesús Hugo Verdugo Chávez, alias “Tánatos”, quien ha sido señalado por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Autoridades manifestaron que no había registros previos de amenazas contra Ramírez Bejarano, lo que refuerza la hipótesis de que su labor profesional podría haber sido el motivo del homicidio.
La Fiscalía y la Policía activaron el “Plan Blindaje” para reforzar la seguridad en Jamundí, con controles móviles y patrullajes en puntos estratégicos del municipio.
El suceso ha generado conmoción en varios ámbitos. Ramírez Bejarano era esposa de Jorge Roldán Pérez, vicepresidente de la Federación Colombiana de Patinaje, y su muerte ha recibido expresiones de solidaridad de la comunidad deportiva.
De acuerdo con publicaciones recientes, “Tánatos” habría diseñado una red para exportar cocaína a través de rutas marítimas en la costa pacífica colombiana.
En una operación anterior, las autoridades incautaron decenas de bienes vinculados a él en varios departamentos del país, incluidos inmuebles en Jamundí, Cauca, Nariño y Putumayo, por un valor estimado de 40,000 millones de pesos colombianos (equivalentes a $10,564 dólares).
Por ahora, no se han reportado detenciones por el asesinato de la abogada, y la investigación continúa abierta para esclarecer los responsables y móviles, especialmente la posible relación con los procesos judiciales que llevaba a cabo.
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