Crean unidades anti-ICE en medio del rechazo de un pastor contra las políticas antiinmigrantes de Trump
Voluntarios legales, videógrafos, clérigos y veteranos se han sumado a esta iniciativa para ofrecer apoyo legal y pastoral
Defensores de derechos humanos y organizaciones religiosas cuestionan las acciones de ICE. Crédito: FREDERIC J. BROWN | AFP / Getty Images
El lunes por la noche, líderes religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes lanzaron unidades de respuesta rápida en Charlotte para monitorear al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La iniciativa busca documentar y responder a lo que consideran una aplicación agresiva de las leyes federales de inmigración bajo la administración Trump.
El obispo William J. Barber II y una coalición de clérigos, veteranos y abogados voluntarios se reunieron en la Primera Iglesia Bautista Oeste para bendecir y desplegar una flota de “Liberty Vans”. Estos centros de comando móviles estarán encargados de supervisar las acciones de ICE y la Patrulla Fronteriza en tiempo real.
Cada camioneta contará con voluntarios legales, clérigos, veteranos y videógrafos que registrarán posibles abusos, ofrecerán asistencia legal y pastoral a las familias afectadas y compartirán la información con el público. La operación busca garantizar que se respeten los derechos humanos y se expongan las irregularidades durante los operativos migratorios.
Barber criticó las acciones de la administración federal, calificándolas de extremas. “Las redadas de ICE en Carolina del Norte y en todo el país ponen de relieve el afán de la administración Trump por utilizar a seres humanos —madres, padres, hermanas, hermanos y niños— como peones en su cruzada extrema para ganar y consolidar el poder”, declaró a Newsweek William J. Barber II.
Operativos federales y la respuesta comunitaria
El operativo en Carolina del Norte, conocido como “Charlotte’s Web”, comenzó el 15 de noviembre como parte de un esfuerzo nacional para aplicar la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. La semana pasada, funcionarios federales notificaron al sheriff del condado de Mecklenburg que la operación había concluido, aunque el Departamento de Seguridad Nacional negó que estuviera finalizada.
Funcionarios federales han realizado acciones similares en ciudades con gobiernos demócratas, alegando altos índices de delincuencia y homicidios como justificación. En algunos casos, ICE ha colaborado con la Guardia Nacional, generando preocupación por la separación de familias y el impacto en comunidades vulnerables.
La Iglesia Católica y líderes comunitarios han criticado la política de deportaciones masivas, considerándola una crisis moral y humanitaria. Argumentan que estas acciones afectan desproporcionadamente a familias, separan a niños de sus padres y desestabilizan comunidades, violando principios fundamentales sobre la dignidad humana y la protección de los marginados, según indicaron los defensores de derechos humanos.
Barber destacó la necesidad de un enfoque alternativo: “Necesitamos estar a la altura de las circunstancias, pero no con las mismas tácticas extremas y autoritarias de la administración Trump. En cambio, necesitamos devolver el poder a las comunidades estadounidenses”, dijo William J. Barber II.
Las Liberty Vans ofrecerán apoyo legal y moral inmediato durante las redadas, documentando abusos y asegurando que los derechos constitucionales sean respetados. Los organizadores consideran este despliegue una “gran escalada” en la Operación Libertad, lanzada el 20 de septiembre por el Movimiento Salvar América para supervisar y registrar operativos migratorios.
