¿Por qué preocupa la integración de militares como jueces migratorios?
Margy O'Herron, del Brennan Center for Justice, advierte sobre militarización de procesos civiles
Las cortes migratorias enfrentan severos rezagos en atención de casos. Crédito: Jesús García | Impremedia
La integración de jueces militares a las cortes migratorias establece un mal precedente en tribunales civiles, advierte Margy O’Herron, investigadora sénior de Liberty & National Security, en el Brennan Center for Justice.
“Es una mala idea, porque en nuestro país tenemos un principio fundamental, desde su fundación, de que los militares no deben involucrarse en la aplicación de la ley“, expuso en entrevista.
O’Herron fue parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), además fue asesora política sénior en el Consejo de Política Nacional de la Oficina Ejecutiva del presidente de Estados Unidos.
“Dijeron [los fundadores de EE.UU.]: ‘No más de eso. Queremos un gobierno civil en este país’. Es un principio muy importante”, añadió. “Y al tomar jueces militares y ponerlos a supervisar los tribunales civiles […], básicamente se está tomando prestada esa distinción, y se crea un precedente muy negativo que militares supervisen la actividad civil“.
Indicó que es probable que esta decisión del gobierno del presidente Donald Trump viole la Ley Posse Comitatus, la cual impide al Ejército estadounidense realizar acciones contra la población civil, como labores destinadas para cuerpos policiacos o, en este caso, cortes migratorias.
“Creo que es probable que viole, digamos, la Ley Comitatus, que es una ley que dice que los militares no pueden hacer cumplir las leyes civiles, ¿verdad?”, insistió. “Por lo tanto, no pueden involucrarse en la aplicación de la ley civil”.
O’Herron señaló que no hay claridad cómo se estructuran tales tareas de los abogados militares como jueces migratorios.
“Piensas en cómo se estructuran estas tareas [civiles como jueces migratorios], pero es probable que no se estén realizando de forma que se evite infringir la ley”, dijo.
El problema en cortes migratorias
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) integra las llamadas cortes migratorias, depende del Departamento de Justicia, y enfrenta una acumulación de 3.4 millones de casos por resolver, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
El 28 de agosto, el gobierno del presidente Donald Trump autorizó la contratación temporal de hasta 800 jueces migratorios, como parte de las políticas de deportaciones masivas.
Sin embargo, el proceso de contratación de jueces es complejo, además de que la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), advirtió un desorden en cortes migratorias con el despido de más de 100 jueces, lo que desató preocupaciones sobre la independencia de la justicia migratoria.
“Un poder judicial administrativo que solo refleja las prerrogativas políticas de la Administración actual no es independiente”, escribió el abogado Jeremy McKinney.
En septiembre, el Departamento de Justicia autorizó que cerca de 600 abogados militares se integraran como jueces temporales, tras reducir los requisitos sobre la experiencia necesaria para ejercer esta labor.
“Si bien el Departamento ha dicho que losjueces interinos de inmigración recibirán la misma capacitación, eso es imposible si solo van a desempeñarse en el cargo durante seis meses”, advirtió O’Herron en un análisis publicado por el Brennan Center for Justice, donde agregó que la capacitación de los jueces era solo de dos semanas.
