Fiscales de 21 estados demandan a gobierno de Trump por cortar SNAP para gente con Green Card
Miles de personas con Residencia Permanente Legal podrían quedar sin beneficios para alimentos, como marca la ley, ante nuevas reglas de USDA
La Administración Trump modifica las reglas de ayuda SNAP. Crédito: Erin Hooley | AP
Una coalición de 21 fiscales generales, liderados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentaron una demanda para impedir que el gobierno del presidente donald Trump suspenda los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a decenas de miles de personas con Green Card.
“El vergonzoso intento del gobierno federal de privar de alimentos a niños y familias continúa”, declaró la fiscal general James.
La demanda ocurre luego de nuevos lineamientos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para limitar la entrega de ayudas SNAP.
“El USDA no tiene autoridad para excluir arbitrariamente a grupos enteros de personas del programa SNAP, y nadie debería pasar hambre debido a las circunstancias de su llegada a este país”, indicó James. “Mi oficina siempre luchará para proteger los beneficios del SNAP de los estadounidenses, y haré todo lo posible para proteger a los neoyorquinos de esta política ilegal”.
Según las nuevas directrices, entre los inmigrantes que no serían elegibles para la ayuda alimentaria están las personas con Green Card, aunque históricamente han sido beneficiados, debido al proceso migratorio que han pasado.
El 31 de octubre, el USDA emitió las nuevas directrices bajo la llamada “Gran y Hermosa Ley”, que restringió la elegibilidad del SNAP para ciertos grupos de no ciudadanos, incluyendo refugiados, beneficiarios de asilo y otras personas admitidas bajo programas de protección humanitaria.
“El memorando fue mucho más allá del estatuto promulgado por el Congreso, afirmando que cualquier persona que ingresara por estas vías humanitarias permanecería permanentemente inelegible para el SNAP, incluso después de obtener la residencia permanente legal”, advierten los fiscales.
Otras irregularidades que acusan los fiscales ques las normas federales garantizan a los estados un período de gracia de 120 días tras la publicación de la nueva guía, para actualizar sus sistemas sin enfrentar sanciones financieras.
“El USDA ahora afirma que este período expiró el 1 de noviembre, tan solo un día después de la publicación del memorando, durante un fin de semana y en medio de un cierre federal”, acusan. “Esta interpretación es imposible de implementar bajo las regulaciones del USDA, y los fiscales generales afirman que convierte la guía en ilegal en su propia forma”.
Los fiscales señalan que los estados comenzaron a implementar los cambios estatutarios promulgados a principios de este año, pero la nueva guía hace ajustes que complican los procesos.
Agregan que esto podría “desestabilizar el SNAP a nivel nacional”, lo que podría aumentar el riesgo de despidos injustificados y generar confusión y desconfianza generalizadas entre las familias.
“La interpretación del USDA podría imponer a los estados multas tan extremas que algunos advierten que podrían verse obligados a cerrar sus programas SNAP por completo, un resultado desastroso que dejaría a millones de estadounidenses sin acceso al programa más esencial del país para combatir el hambre”, se indica.
Hay afectaciones diferenciadas por estados, pero en Nueva York se estima que unas 35,000 personas podrían ser afectadas.
“La repentina pérdida de beneficios agravaría las dificultades en todo el estado y ejercería una enorme presión sobre otros programas de red de seguridad social y asistencia alimentaria de emergencia”, se indica.
En caso de no procesar los lineamientos como se indican, Nueva York podría enfrentar multas de hasta $1.2 mil millones de dólares, afectando incluso las finanzas del estado.
La demanda es un paso adicional a una carta que los fiscales enviaron a la USDA, pero esa oficina no respondió.
“Con la demanda de hoy, los fiscales generales solicitan al tribunal que anule la directriz ilegal y bloquee su implementación para garantizar que las familias no pierdan la asistencia alimentaria esencial”, se expone.
La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Oregon con el apoyo de los fiscales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte y Rhode Island.
