Pete Hegseth ordenó “matar a todos” en ataques a embarcaciones en el Caribe
El secretario de Defensa ordenó la acción el 2 de septiembre al almirante a cargo de los ataques a embarcaciones en el Caribe
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó dos ataques el 2 de septiembre. Crédito: Darron Cummings | AP
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó el segundo ataque contra un supuesto barco con drogas en el Caribe, para matar a tripulantes.
“Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante [Frank] Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos“, dijo Leavitt. “El almirante Bradley actuó con acierto, dentro de sus atribuciones y de acuerdo con la ley que regulaba el combate, para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza a Estados Unidos”.
La funcionaria fue cuestionada luego del reporte del Washington Post que afirmaba que Hegseth había ordenado al ejército “matar a todos”, por lo que hubo dos ataques.
Leavitt argumentó que el almirante Bradley actuó “de acuerdo con la ley”, aunado a que el gobierno del presidente Donald Trump nombró a cártes como organizaciones terroristas.
“Quisiera añadir un punto más para recordar al público estadounidense por qué se están llevando a cabo estos ataques letales: porque esta administración ha designado a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras“, defendió la portavoz.
Leavitt acusó al gobierno del presidente Joe Biden de permitir el aumento del tráfico de fentanilo, lo que derivó en la muerte de miles de personas que consumen drogas.
Agregó que, en ese sentido, el presidente Trump tiene “derecho” de eliminar a los presuntos narcotraficantes.
“El presidente tiene derecho a eliminarlos si amenazan a Estados Unidos y si traen narcóticos ilegales que están matando a nuestros ciudadanos a un ritmo récord, que es precisamente lo que están haciendo”, agregó Leavitt. “Bajo la administración anterior, se traficó suficiente fentanilo a nuestro país como para matar a todos los estadounidenses, hombres, mujeres y niños, muchas veces”.
Leavitt insistió en que la política de Trump es apoyada por sus votantes, quienes también apoyan los ataques liderados por Hegseth en el Caribe y ahora en el Pacífico.
La orden de Hegseth
El 2 de septiembre, el gobierno del presidente Trump inició ataques a supuestas embarcaciones calificadas como “narcoterroristas” en el Caribe, acciones que se han extendio al Pacífico.
En ese primer ataque, según un reporte del Washington Post, el secretario Hegseth “dio una orden verbal”, citada como sigue: “La orden era matar a todos”.
El comandante de Operaciones Especiales –confirmado ahora que fue el almirante Bradley– que supervisaba el ataque del 2 de septiembre ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, según informaron al Post dos personas familiarizadas con el asunto.
El domingo, el presidente Trump afirmó que Hegseth aseguró que no dio esa orden, pero que investigaría al respecto.
“No sé nada al respecto”, declaró Trump a la prensa el 30 de noviembre. “Dijo que no dijo eso, y le creo al 100%. Dice que no lo hizo”.
Sin embargo, menos de 24 horas después, la portavoz Leavitt justificó la orden, que sigue la cadena de mando desde el secretario hacia el almirante Bradley.
Las consecuencias: 21 ataques, 83 muertos
Hasta ahora, la Administración Trump ha concretado 21 ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en los cuales ha matado a 83 personas.
Las operaciones militares han sido defendidas por el secretario Hegseth, pero enfrentan cuestionamientos en el Congreso y de organizaciones especializadas en derecho internacional y derechos humanos, ante posibles violaciones a leyes internacionales.
“En los últimos dos meses, el Comando Sur del ejército estadounidense ha perpetrado una ola de asesinatos siguiendo órdenes ilegales del gobierno de Trump”, declaró Daphne Eviatar, directora de Derechos Humanos y Seguridad de Amnistía Internacional Estados Unidos. “El gobierno ni siquiera ha revelado la identidad de sus víctimas ni ha aportado pruebas de los presuntos delitos. Pero incluso si lo hiciera, matar intencionalmente a personas acusadas de cometer delitos que no representan una amenaza inminente para la vida es asesinato, sin más”.
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