Familia de pescador colombiano muerto durante ataque en el Caribe presentó una denuncia contra EE.UU.
Alejandro Andrés Carranza navegaba frente a las costas de Colombia cuando su embarcación fue alcanzada por un bombardeo estadounidense
La muerte de Carranza forma parte de la campaña Lanza del Sur, con al menos 22 ataques desde septiembre. Crédito: Truth Social / Donald Trump | Cortesía
La familia de Alejandro Andrés Carranza Medina, un pescador colombiano muerto durante un operativo militar de Estados Unidos en el Caribe, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que se considera la primera denuncia formal contra la campaña aérea impulsada por la Administración de Donald Trump.
El escrito, radicado el martes y firmado por el abogado de derechos humanos Dan Kovalik, acusa a Washington de llevar a cabo una “ejecución extrajudicial” el 15 de septiembre de 2025.
Según la petición, Carranza navegaba frente a las costas de Colombia cuando su embarcación fue alcanzada por un bombardeo estadounidense ordenado bajo la política militar que Washington lanzó en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. La familia sostiene que el hombre salió a trabajar y nunca volvió a su hogar.
El documento apunta directamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien atribuye las órdenes de atacar embarcaciones sospechosas sin confirmar la identidad ni el estatus de sus ocupantes. Kovalik afirma que Hegseth admitió haber autorizado los bombardeos, y que el presidente Trump “ratificó” esa actuación.
Washington ha defendido públicamente que las operaciones cumplen con el Derecho de los Conflictos Armados y que los objetivos mantenían vínculos con cárteles que, según EE UU, integran un “conflicto armado” contra el país.
Para la familia de Carranza, esa justificación no se sostiene. La petición, firmada por su esposa, Katerine Hernández Bernal, alega la violación de derechos fundamentales establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, incluidos los derechos a la vida, al debido proceso y a la igualdad ante la ley.
En el expediente se incluye el testimonio reservado de un líder de pescadores de Santa Marta, quien aseguró haber presenciado el ataque pero ocultó su identidad por amenazas de grupos paramilitares.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado desde octubre que el operativo del 15 de septiembre ocurrió “presumiblemente en aguas nacionales” y que Carranza no tenía relación con el narcotráfico. Inicialmente afirmó que el pescador solo enviaba señales de socorro por fallas en el motor; más tarde admitió que pudo haber recibido dinero para transportar mercancía ilegal debido a su situación económica, pero insistió en que “ninguna de sus acciones merecía la pena de muerte”.
La muerte de Carranza forma parte de una campaña denominada Lanza del Sur, con al menos 22 ataques desde septiembre y más de 80 víctimas mortales. Solo dos personas han sobrevivido: un colombiano y un ecuatoriano que viajaban en un presunto narcosubmarino atacado en octubre, liberados luego por falta de pruebas en su contra.
Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han calificado estos bombardeos como “ejecuciones extrajudiciales” y han pedido la suspensión inmediata de la estrategia.
La CIDH, órgano de la OEA con sede en Washington, revisará si la denuncia cumple los requisitos para abrir un caso. De ser aceptada, el organismo puede emitir recomendaciones, solicitar reparaciones o remitir el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
El martes, el mismo día de la presentación de la petición, la CIDH expresó preocupación por las operaciones estadounidenses y llamó a garantizar el respeto al derecho a la vida y a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
Kovalik, quien también representa a Petro en procesos relacionados con sanciones impuestas por Washington, anticipó que más familias podrían acudir a instancias internacionales, aunque reconoce que muchas temen denunciar.
“Si Estados Unidos mató a su ser querido, temen qué podría pasarles a ellos”, dijo. Aun así, afirmó que su meta es ampliar la defensa jurídica para otras víctimas: “Queremos que estas muertes cesen y esta es la primera vía para lograrlo”.
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