Sentencian a exalcaldesa mexicana que pidió a La Familia Michoacana matar a un funcionario
María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, solicitó al cártel "quitar del camino" a un síndico para "poder trabajar bien"
La alcaldesa realizaba pagos mensuales a los líderes del cártel con recursos del municipio Crédito: X/@FiscaliaEdomex | Cortesía
Un juez del Estado de México impuso este martes una sentencia de 70 años de prisión a la expresidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, al encontrarla culpable del homicidio calificado del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer, cometido en enero de 2023.
De acuerdo con un comunicado de prensa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó los elementos de prueba que acreditaron que Martínez Robles ordenó directamente a integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana privar de la vida al síndico municipal.
Las investigaciones, derivadas de la “Operación Enjambre”, establecieron que la exalcaldesa, quien asumió el cargo en 2022 mantenía una relación con el grupo delictivo. Se comprobó que sostenía reuniones para coordinar la forma en que la administración municipal trabajaría con la célula criminal, y que incluso realizaba pagos mensuales a sus líderes con recursos del municipio.
El móvil del crimen fue una disputa política por el control del ayuntamiento, según informó el sitio Reporete índigo. Las investigaciones revelaron que Martínez Robles sostuvo una llamada telefónica con un líder de La Familia Michoacana en la que solicitó “quitar del camino” al síndico para “poder trabajar bien”.
El 25 de enero de 2023, bajo sus órdenes, las víctimas fueron enviadas a una reunión en el municipio de Zacazonapan, una zona de alto riesgo dominada por ese grupo delincuencial, donde fueron interceptadas.
Los cuerpos de Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer fueron hallados al día siguiente, el 26 de enero, dentro de un vehículo abandonado en la carretera Temascaltepec-Luvianos.
Además de la pena de 70 años de prisión, la máxima por este delito, el juez impuso a Martínez Robles el pago de una multa por reparación del daño de 11,522 dólares por cada víctima, y decretó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
La exfuncionaria fue detenida en 2023 como resultado del operativo conjunto entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esta sentencia representa la undécima condena lograda contra los 16 objetivos prioritarios de la “Operación Enjambre”, una estrategia que hasta el momento ha derivado en la detención de 60 presuntos responsables por vínculos con el crimen organizado en la entidad.
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