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Autorizan a policías de Michoacán usar armas de alto poder para combatir al narco

La medida permitirá montar en patrullas armamento pesado, incluidos calibres .50 o superiores para hacer frente al crimen organizado

Violencia en Michoacán

La decisión ocurre en un contexto de violencia sostenida en Michoacán. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

El crimen organizado en Michoacán está fuertemente armado. Del 10 de noviembre de 2025 al pasado12 de enero, autoridades federales detuvieron a 397 personas presuntamente relacionadas con diversos delitos y decomisaron 218 armas de fuego, informó el Gabinete de Seguridad. Durante ese mismo periodo también se decomisaron 15,478 cartuchos, 758 cargadores, 323 vehículos, 198 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo.

En este contexto de violencia, siete personas fueron asesinadas este sábado en Michoacán, entre ellas tres policías municipales, en ataques perpetrados por hombres armados en los municipios de Zamora, Puruándiro y Uruapan.

Por esa razón, el gobierno recibió la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para que corporaciones estatales y municipales utilicen armas de alto poder en el combate a la delincuencia organizada, una decisión que busca cerrar la brecha de fuego frente a los grupos criminales que operan en la entidad.

La medida permitirá montar armamento pesado, incluidos calibres .50 o superiores, en patrullas recientemente entregadas a los municipios con mayores índices delictivos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario explicó que el reforzamiento del equipamiento policial forma parte de una estrategia integral que incluye la entrega continua de patrullas, capacitación permanente y mejoras salariales para los elementos de seguridad. El objetivo, señaló, es que las policías locales cuenten con capacidad operativa suficiente para responder a escenarios de alto riesgo y enfrentar a la delincuencia organizada en condiciones similares a las de fuerzas federales como el Ejército y la Marina.

Ramírez Bedolla detalló que la autorización federal se otorgó tras una solicitud formal del gobierno estatal, y que las armas colectivas podrán instalarse directamente en los vehículos oficiales. El gobernador subrayó que, por razones de seguridad, no se dará a conocer el número exacto de armas entregadas, aunque confirmó que se trata de armamento de alto calibre.

La decisión ocurre en un contexto de violencia sostenida en Michoacán, donde el control territorial sigue siendo disputado por organizaciones criminales con un poder de fuego cada vez mayor. El propio gobierno estatal ha reconocido que la delincuencia organizada ha elevado su capacidad bélica, obligando a las autoridades locales a modernizar y fortalecer a sus corporaciones policiales para evitar quedar en desventaja durante enfrentamientos.

Según información del diario Milenio, el gobierno de Michoacán ya recibió alrededor de mil armas largas donadas por el Ejército mexicano para equipar a la Guardia Civil y a policías municipales en zonas críticas.

El gobernador afirmó que este armamento permitirá mejorar la respuesta durante operativos y despliegues conjuntos, además de fortalecer el Plan Michoacán, una estrategia coordinada con autoridades federales y municipales.

El uso de armas de alto poder por parte de las policías locales se justifica, en parte, por la sofisticación del arsenal de los cárteles que operan en la región. Estas organizaciones ya no dependen únicamente de pistolas o rifles de asalto, sino que han incorporado explosivos, drones armados y vehículos blindados improvisados, lo que ha elevado el nivel de riesgo tanto para las fuerzas de seguridad como para la población civil.

Un reportaje de The New York Times documenta que los cárteles mexicanos emplean desde minas tipo Claymore y granadas propulsadas por cohetes hasta morteros artesanales fabricados con tubos de tanques de gasolina. También han adaptado drones comerciales para lanzar explosivos y sustancias químicas, y han sembrado caminos rurales con artefactos explosivos improvisados, una táctica que ha dejado víctimas entre civiles y fuerzas del orden.

Las autoridades federales han señalado que gran parte de las armas de grado militar utilizadas por los grupos criminales ingresan de contrabando desde Estados Unidos, con un flujo estimado de hasta medio millón de armas al año. A esto se suma la capacidad de los cárteles para modificar y reproducir componentes mediante ingeniería inversa e impresión 3D, lo que dificulta el rastreo y control de su arsenal.

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