Acusan a jueza de Detroit de liderar plan para robar fondos a personas vulnerables
Una jueza de distrito de Detroit y otros tres residentes fueron acusados por fiscales federales de participar en un esquema prolongado para malversar fondos
La acusación identifica a Andrea Bradley-Baskin, de 46 años, jueza del Tribunal de Distrito 36 de Michigan. Crédito: Shutterstock
Una jueza estatal de Detroit y otros tres residentes fueron acusados por fiscales federales de participar en un esquema que se extendió durante años para malversar dinero de personas incapacitadas y vulnerables, informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan.
La acusación identifica a Andrea Bradley-Baskin, de 46 años, jueza del Tribunal de Distrito 36 de Michigan, quien presuntamente utilizó $70,000 dólares de los fondos de un tutelado para comprar una participación en un bar local, además de desviar dinero de otro patrimonio bajo tutela para pagar el arrendamiento por dos años de una camioneta Ford Expedition para su uso personal.
“Respetamos la autoridad que reviste una toga negra. Esta jueza estatal y sus compinches presuntamente abusaron de ese alto honor para beneficio propio, aprovechándose de los necesitados protegidos por la corte”, declaró el fiscal federal Jerome Gorgon, quien calificó los hechos como un “grave abuso de la confianza pública”.
Los otros acusados
Además de Bradley-Baskin, la fiscalía imputó a Nancy Williams, de 59 años; Avery Bradley, de 72; y Dwight Rashad, de 69, todos residentes de Detroit. Los cuatro enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico.
Según la acusación, Williams era propietaria de Guardian and Associates, una agencia designada como fiduciaria por el Tribunal de Sucesiones del Condado de Wayne en más de 1,000 casos de personas incapacitadas. Avery Bradley, abogado, dirigía junto con su hija Andrea Bradley-Baskin un bufete que representaba con frecuencia a esta agencia ante el mismo tribunal.
Por su parte, Rashad administraba hogares grupales y residencias para adultos mayores, incluidos algunos de los tutelados involucrados en el caso.
La fiscalía también imputó a Avery Bradley por fraude electrónico, a Bradley-Baskin y Rashad por múltiples cargos de lavado de dinero, y a la jueza por hacer una declaración falsa a un agente federal.
Desvío sistemático de fondos
De acuerdo con la acusación formal, los cuatro acusados conspiraron para malversar de forma sistemática fondos pertenecientes a los tutelados, obteniendo y reteniendo dinero que legalmente correspondía a estas personas y a sus patrimonios.
En uno de los casos citados por los fiscales, los acusados habrían desviado unos $203,000 dólares provenientes de un acuerdo legal de un menor, sin que ningún monto fuera utilizado en beneficio del niño. Parte del dinero, según la fiscalía, habría sido usado para pagar alquileres a Rashad por niños que ni siquiera residían en sus propiedades.
Investigación federal en curso
El caso está siendo investigado por el FBI y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) – Investigaciones Criminales.
“Independientemente de la posición social de una persona, nadie está por encima de la ley”, afirmó Jennifer Runyan, agente especial a cargo del FBI en Detroit, al señalar que los acusados se habrían aprovechado de su autoridad legal para enriquecerse a costa de quienes dependían de ellos para su cuidado y protección.
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