La justicia social comienza en casa

En el Día Mundial de la Justicia Social, no solo debemos reflexionar sobre la desigualdad, sino enfrentarnos a ella. El tema de este año, “Empoderar la inclusión: cerrar brechas para la justicia social”, es especialmente urgente en California, donde la distancia entre trabajar duro y tener estabilidad básica sigue creciendo. En ningún lugar se ve esto con más claridad que en la crisis de vivienda.

La injusticia en la vivienda es tanto una falla del mercado como el resultado de políticas y prácticas que por muchos años han decidido quién puede vivir dónde, quién puede crear riqueza y quién es desplazado cuando suben los costos. Cuando aumentan las rentas o los gastos de seguro, servicios públicos y transporte, las familias pierden dinero, tiempo, estabilidad y oportunidades.

Las comunidades de color y los hogares de bajos ingresos sufren el mayor impacto porque tienen más probabilidades de gastar demasiado en renta y menos ahorros para enfrentar aumentos de precios.

En California, las consecuencias están en todas partes. En el condado de Los Ángeles, los campamentos se extienden bajo las autopistas y a lo largo de los ríos porque las rentas suben más rápido que los salarios.

En el Área de la Bahía, residentes de muchos años son obligados a vivir en departamentos sobrepoblados, en sus autos o en tiendas de campaña, mientras la inversión especulativa eleva los costos de vivienda.

En el Valle Central y el Inland Empire, trabajadores agrícolas, empleados de almacenes y cuidadores pasan horas viajando o viven con familiares porque no hay viviendas accesibles cerca de sus trabajos.

Cuando una familia está a una emergencia de perder su hogar, los niños cambian de escuela, los traslados al trabajo se alargan y los empleadores pierden trabajadores que ya no pueden permitirse vivir en la zona.

Los datos son claros. En California solo hay 24 viviendas de renta asequibles y disponibles por cada 100 hogares de ingresos extremadamente bajos, lo que deja a las familias compitiendo por muy pocas opciones.

Como resultado, el 78% de los inquilinos con ingresos extremadamente bajos gastan más de la mitad de su ingresos solo para mantener una vivienda. En una sola noche de 2024, 187,084 personas fueron contabilizadas como viviendo sin hogar en California, la cifra más alta del país.

Al mismo tiempo, una persona necesita ganar $49.61 por hora, o alrededor de $103,189 al año antes de impuestos, para pagar un departamento modesto de dos recámaras. Para millones de trabajadores en California, ese salario está fuera de su alcance.

Una agenda de justicia social en la vivienda trata este tema como una base para la vida, no como un lujo. Esto significa construir viviendas que la gente realmente pueda pagar, proteger a los inquilinos del desplazamiento injusto y ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda propia cuando sea realísticamente posible y sostenible.

También significa reconocer que solo relajar regulaciones para el mercado privado no resolverá una crisis que afecta más duramente a las familias con menos ingresos, ni tampoco lo harán salarios estancados o la falta de servicios de salud y apoyo.

UnidosUS está ayudando a impulsar esta agenda a través de su iniciativa Home Ownership Means Equity (HOME), que busca crear 4 millones de nuevos propietarios latinos en todo el país para el año 2030. En California, este trabajo incluye la defensa de más opciones de vivienda asequible que ayuden a crear riqueza, especialmente para compradores primerizos.

Un ejemplo es SB 1154, una ley que UnidosUS apoyó y que sienta las bases para financiar “viviendas iniciales”, un tipo de vivienda que ha faltado en California por décadas.

También trabajamos con aliados para ofrecer asesoría financiera, ampliar el acceso a ayuda para el pago inicial y eliminar barreras que impiden que las familias latinas construyan riqueza generacional a través de la vivienda propia.

Al conmemorar el Día Mundial de la Justicia Social, hacemos un llamado para reconocer la gravedad de la injusticia y la falta de viviendas accesibles, y pedimos a nuestros líderes que actúen.

(*) Esmeralda López, Directora Estatal de California, Política y Abogacía de UnidosUS.

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