Un panorama apocalíptico: Más impuestos para salvar la atención médica en L.A.

Residentes angelinos y latinos dueños de pequeños negocios en el condado de Los Ángeles están divididos sobre la propuesta del aumento de impuesto a las ventas propuesto por la Junta de Supervisores, mientras que Salud Pública del condado ha anunciado el cierre de siete clínicas comunitarias para el 27 de febrero

“Ya pagamos impuestos. No quiero más”, dice Lupita Varela, dueña de Lupitas Flowers en el este de Los Ángeles.

“Todo está bien caro. No estoy de acuerdo en pagar más impuestos”, dice Melchor Moreno, gerente del restaurante La Chispa de Oro, en Boyle Heights.

Al recelo de los dueños de pequeños negocios se les une la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis.

“Creemos que los votantes se mostrarán escépticos ante este impuesto cuando se les informe que este aumento no se destina a financiar la atención médica, sino que es un impuesto general, y que el dinero puede destinarse a cualquier fin”, declaró Susan Shelley, portavoz de Howard Jarvis Taxpayers Association.

“El impuesto sobre las ventas en el condado de Los Ángeles ya es demasiado alto, y la gente tiene dificultades para cubrir sus necesidades diarias”, añadió. “Es muy injusto aumentar el impuesto sobre las ventas, ya que es regresivo, lo que significa que afecta a un mayor porcentaje de las personas con ingresos bajos y a un menor porcentaje de las personas con ingresos altos. Es muy duro para la gente trabajadora”.

Apoyo a la comunidad y salvar el Medi-Cal

Sin embargo, hay otros a favor de la propuesta de pagar más.

Francisco Flores, un mecánico de Palmdale y su esposa Carmen Falcón declaran estar de acuerdo en pagar el impuesto de medio centavo a las ventas que se presentará en la boleta electoral de junio.

“Si es para ayudar a la comunidad, votaría sí por el nuevo impuesto”, dijo Carmen,

Mientras tanto, Angélica Centeno, residente de Boyle Heights opinó que apoyaría el impuesto para salvar el Medi-Cal de su hija Karelly, de tres años.

El impacto sería extenso

Las opiniones entre los electores están divididas entre quienes se sienten “asfixiados” por la tasa impositiva y quienes reconocen las amenazantes proyecciones del cierre de clínicas comunitarias, el posible despido de casi 5,000 trabajadores sindicalizados del condado y la reducción de la atención sanitaria en las salas de emergencia.

La Junta de Supervisores del condado voto 4-1 a favor de la medida impositiva de ½ centavo a las ventas, que duraría por cinco años hasta 2031. El voto en contra vino de la supervisora Kathryn Barger.

“La administración Trump ha eliminado más de un billón de dólares en fondos de Medicaid a través de la Ley de Salud 1 (H.R. 1) para expandir la aplicación inhumana de las leyes migratorias y otorgar exenciones fiscales a los estadounidenses más ricos, lo que reduce la financiación crucial para los hospitales y clínicas comunitarias de la red de seguridad social de los que dependen nuestras comunidades”, dijo la supervisora Hilda Solís.

En el condado de Los Ángeles, uno de cada tres angelinos depende de Medi-Cal para su cobertura médica y verían afectados sus servicios. Se proyecta que 1.5 millones de residentes de bajos ingresos perderían la cobertura por completo para el próximo año.

“El impacto en el condado de Los Ángeles será extenso. Ya más de medio millón de residentes indocumentados del condado de Los Ángeles que dependen de Medi-Cal están en riesgo debido a que el estado de California congeló la inscripción a principios de año debido a presiones presupuestarias”, expuso la presidenta de la Junta del condado.

Las estimaciones actuales sugieren que estas presiones combinadas podrían resultar en hasta 5,000 despidos, afectando a trabajadores sindicalizados, personal contratado y empleados de atención médica de primera línea.

Solís presentó un panorama desolador al indicar que esta crisis de financiamiento de la salud no solo afectará a los pacientes de Medi-Cal.

“Cuando las clínicas comunitarias cierran y los servicios de urgencias se reducen, los pacientes no desaparecen” enfatizó. “Se ven obligados a acudir a menos centros de atención de urgencias y hospitales, lo que genera mayores tiempos de espera, mayores costos y peores resultados de salud en toda la región, incluso para familias con seguro privado.

Sin garantías de rendición de cuentas

Para la supervisora Katrhyn Barger (Distrito 5), quien representa a aproximadamente dos millones de angelinos, a pesar de los $1,100 millones en recortes de fondos federales bajo lo que se conoce como la “Gran y Hermosa Ley”, reemplazar la pérdida de ese dinero y reemplazarla a costa de los contribuyentes del condado “es inaceptable”.

“Los residentes del condado de Los Ángeles ya están al límite de sus recursos”, declaró a La Opinión.

El año pasado, Bloomberg News informó que Los Ángeles ahora tiene las tasas de impuesto sobre las ventas más altas de cualquier región metropolitana importante del país.

“Este aumento de medio centavo propuesto nos impulsaría aún más a que nuestro condado sea menos asequible para las familias, menos atractivo para los consumidores para comprar y para las empresas para operar”, expresó Barger, quien, no obstante, reconoció que los desafíos de atención médica son reales y exige soluciones serias.

“Simplemente aumentar los impuestos sin garantías reales ni rendición de cuentas no es la solución”, advirtió. “Deberíamos exigir un mayor compromiso de los legisladores de nuestro estado y abogar con mayor ahínco por soluciones de financiación sostenibles”.

Por ello, consideró que imponer una carga adicional a los contribuyentes, sin la certeza de que el dinero se gaste según lo previsto, no es una política fiscal responsable.

“El presidente Trump y el Congreso republicano han realizado recortes devastadores a nuestra red de seguridad social local, eliminando la atención médica y el apoyo esencial del que dependen muchas familias”, dijo la supervisora Lindsey P. Horvath (Distrito 3)

Agrego que dichos recortes han colocado al condado de Los Ángeles en una posición extremadamente difícil, obligándoles a tomar decisiones importantes para proteger los servicios básicos.

“Mi decisión de apoyar la moción de mis colegas para enviar este impuesto temporal a los votantes refleja la seriedad de esas decisiones”, dijo.

Horvath presentó enmiendas a la moción para garantizar transparencia y la rendición de cuentas, “para que el público tenga una voz clara y los contribuyentes sepan cómo se utilizará su dinero si los votantes aprueban el impuesto.”.

Una crisis que costará a todos

La supervisora Holly Mitchell, coautora de la propuesta impositiva junto con Hilda Solís, justificó su voto a favor del impuesto al decir que, después de hacer todo lo posible por reducir los costos, incluyendo la congelación de contrataciones, la limitación de las horas extras y el uso de fondos de reserva de emergencia,

Mitchell pidió a los angelinos que no consideren ligeramente el impuesto.

“Nos enfrentamos a una crisis grave que nos va a costar a todos”, señaló.

Justifico que, si los votantes aprueban la medida electoral en junio, el impuesto temporal sobre las ventas de ½ centavo se traducirá en unos 50 centavos por cada 100 dólares gastados y no se aplicará a artículos esenciales como alimentos, medicamentos y artículos comprados con SNAP (estampillas de comida) o WIC (el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños).

Mitchell expresó que el condado “no puede cubrir el déficit de más de $2.4 millones en recortes de fondos federales para el sistema de salud y los servicios esenciales del condado de Los Ángeles sin pedir a los votantes que decidan sobre un impuesto temporal sobre las ventas de medio centavo”. La cifra mencionada por Mitchell es más del doble de lo dicho por Hilda Solis.

Otras realidades al descubierto

A este panorama oscuro debería agregársele los acuerdos de la Junta de Supervisores para aumentar los salarios de los trabajadores sindicalizados del condado, el ajuste del 2% por costo de vida, lo que equivale a unos 181 millones de dólares en costos, además del pago pendiente para resolver el caso de aproximadamente 11,000 demandantes que alegan abuso sexual contra trabajadores del condado, algunos de los cuales se remontan a la década de 1950.

Se contempla un pago de 1,200 millones de dólares, el primero de varios de un acuerdo de 4,000 millones de dólares, que aumentó en 828 millones de dólares en octubre, cuando 400 demandantes más alegaron haber sido víctimas de abuso sexual infantil a manos de trabajadores del condado.

Estos acuerdos se aprobaron gracias a la promulgación del Proyecto de Ley 218 de la Asamblea, que levantó temporalmente el plazo de prescripción de las denuncias de abuso sexual infantil.

Cerrarán siete clínicas el 27 de febrero

La supervisora Janice Hahn ha dicho que “el gobierno federal les ha dado la espalda a las más de 3 millones de personas en el Condado de Los Ángeles que dependen de Medi-Cal para su atención médica. Este recorte de fondos nos ha dejado en una situación extremadamente difícil, con la posibilidad de que hospitales y clínicas tengan que cerrar. Por eso les estamos dando a las y los votantes del Condado de Los Ángeles la opción de pagar impuestos para cubrir el déficit que ha creado el gobierno federal”.

A todo ello, funcionarios de Salud Pública informaron que la reducción de $50 millones en los ingresos por subvenciones y contratos ha obligado al departamento a consolidar y reducir algunas operaciones.

De hecho, Salud Pública ha identificado el cierre de siete clínicas para el 27 de febrero: Antelope Valley (Lancaster); Center for Community Health, (Los Ángeles); Curtis R. Tucker – Leavy (Inglewood); Hollywood Wilshire (Los Ángeles); Dra. Ruth Temple (Los Ángeles), además de las clínicas de Pomona y Torrance.

¿Cómo se gastaría el dinero?

Según la versión final de la propuesta de más impuestos a las ventas, el dinero recaudado se gastaría de la siguiente manera:

• Hasta el 45% apoyaría al Departamento de Servicios de Salud del condado.
• El 5% se asignaría, en función de las visitas de pacientes, a agencias de salud sin fines de lucro que atienden a poblaciones de bajos ingresos y marginadas.
• Alrededor del 4% beneficiaría las necesidades y programas de salud escolar, según lo determine la junta directiva del Plan de Salud L.A. Care.
• Otro 10% apoyaría al Departamento de Salud Pública del condado y sus funciones principales de salud pública.
• Aproximadamente el 3% se asignaría al Departamento de Servicios Sociales Públicos del condado para apoyar las actividades de divulgación e inscripción en Medicaid, y los programas de voluntariado.
• Un 2.5% se destinaría a los Servicios de Salud Correccional.
• Alrededor del 22% financiaría al DHS para salvaguardar los hospitales públicos y los servicios clínicos.
• Mas o menos un 5% se asignaría para apoyar a los hospitales sin fines de lucro del condado y proporcionaría fondos a las entidades que cumplen ciertos criterios.
• Un 2.5% apoyaría los servicios de apoyo domiciliario para personas mayores y personas con discapacidad.
• El 1% apoyaría a las ciudades de Pasadena y Long Beach, que tienen programas de salud pública independientes del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles.
• Los fondos restantes se desembolsarán según las necesidades, en función del volumen de atención del departamento de emergencias.