Residente de El Monte acusa a exconcejal de querer restringir la libertad de expresión

Cuando Genevieve Vega, residente y activista de El Monte, publicó en redes sociales una pregunta a la exconcejal María Morales sobre el uso de una donación millonaria a El Monte Promise Foundation que ella misma dirige, no imaginó que esa inquietud la dejaría en silencio y con problemas de salud durante meses.

El año pasado, después de publicar en sus redes un video que recuperó de la cuenta pública de Facebook de Morales, en el que Vega planteó la pregunta sobre la subvención de $10 millones de dólares destinados a la fundación, la activista recibió de las autoridades una orden de restricción y una notificación formal de cese,  solicitadas por la exconcejal.

“Me enviaron una citación, pero no le di mucha importancia”, explica Vega. No fue hasta que la policía llegó a mi casa y me informó que había una orden judicial relacionada con mi cuenta de Instagram, cuando realmente empecé a preocuparme”.

Un video grabado por la propia activista y enviado a La Opinión, muestra el momento en que la policía de El Monte llega a su casa y le explica la razón de su presencia en el lugar.

“A principios del mes, recibimos un informe de María Morales donde mencionó una cuenta de Instagram llamada ‘Killjoy’ desde donde posiblemente la estaban acosando…”, expresó el policía. “Revisé la mayor parte del contenido de la cuenta y debo decirle que la mayoría del contenido publicado no es delictivo. Usted tiene el derecho de la libertad de expresión”.

En ese momento las mismas autoridades le estaban dando la razón, que los funcionarios públicos o gente en el poder no pueden callar las voces disidentes simplemente por ser incómodas; no obstante, lo que también le sorprendió fue cuando los oficiales, en ese instante, le informaron de un caso judicial abierto sobre un video en su contra.

Era el video que Morales había compartido públicamente sobre la graduación de la preparatoria de su hijo, momento en que su mismo progenitor anunció que asistiría a la universidad de USC.

Vega dijo que descargó el video y lo usó, no para incitar al odio hacia el hijo de Morales, sino para saber el destino del dinero otorgado a la organización que ella dirige, y que éste no fuera utilizado para pagar la educación de su hijo.

El video que impulsó a Morales a tomar medidas legales contra Vega fue eliminado inmediatamente de las redes sociales.

Vega considera que las autoridades invadieron su privacidad al indagar en su cuenta de Instagram, ya que hasta ahora no ha recibido ninguna orden judicial sobre sus publicaciones en redes.

“Entiendo que es madre [María Morales] y que probablemente intentaba proteger a su hijo, pero no siento que yo fuera un peligro para que ella me demandara legalmente. Simplemente pregunté: ‘¿Dónde está el dinero? Muéstrenos en qué y a dónde fue a parar’. Y me silenciaron y castigaron durante meses por preguntar eso. Nunca les hice daño a ella ni a su hijo”.

Vega afirma que toda la situación ha sido muy estresante y que ha afectado su salud mental, ya que nunca antes había tenido problemas con la ley. La primera orden de arresto en su contra se emitió después de que no compareció a su primera audiencia ante el tribunal debido a problemas médicos.

“Sentí que intentaban silenciarme porque, cuando me presenté a una de las reuniones públicas del concejo, un policía se me acercó y me dijo que, como no me presenté a mi primera cita en la corte, tenía que firmar una citación y, como no quería, me amenazaron con arrestarme”, explicó Vega.

“Cuando finalmente me presenté en la corte por segunda vez, otro policía se me acercó y me dijo que tenía una orden de restricción, lo cual fue devastador porque no la conozco en persona [a María Morales] ni había estado cerca de ella como para que levantara una orden de restricción”.

Desde julio de 2025, Vega ha estado luchando contra el caso legal en un Tribunal Superior de El Monte y no fue hasta finales de enero de este año, cuando el juez Ángel Navarro desestimó la demanda. Y aunque se siente aliviada de no tener que seguir luchando legalmente, dice que la experiencia la afectó a ella y a su familia.

Según Vega, su madre y una amiga fueron citadas en el caso. Una decisión que en su opinión, puso en riesgo a su madre y a quienes la rodeaban. 

Vega afirma que no hizo nada malo, que solo ejerció su libertad de expresión y que las represalias fueron injustificadas.

“Fue un tira y afloja estresante con el caso; ahora mismo me siento aliviada de que el caso lo hayan desestimado, pero me causó angustia emocional todo el tiempo”, explicó Vega. “Debido a esto, tuve que volver a terapia y tomar medicamentos porque estaba afectando mi salud mental, pero, en general, siento que es una victoria para mí porque no estaba haciendo nada malo”.

Cosme Jiménez, un residente de El Monte por alrededor de seis décadas y conocedor del teje y maneje de la política de la ciudad como pocos, dijo no sentirse sorprendido de la actitud de Morales.

Jiménez explicó que él mismo ha sido atacado por Morales, quien le pidió que no la criticara durante las juntas de concilio (2021) y luego trató de limitar su libertad de expresión al enviarle mensajes vía texto donde lo critica por no hablar un inglés “apropiado”, y de bajo nivel intelectual, luego de que Jiménez, inmigrante de Sonora, la criticara en una junta de concilio en febrero de 2022, cuando Morales era todavía concejal.

En el mensaje de texto, publicado en Political Life, Morales también le deja claro que le ofrecerá a Jiménez “su valioso tiempo” y le pagará otra vez el almuerzo. Le dice que le gustaría escuchar de Jiménez una conversación más intelectual, lo bendice y espera que Dios lo ayude a expresarse en forma más profesional y coherente.

Jiménez agrega que él siempre ha sido respetuoso con Morales, pero en la mayoría de los casos no ha estado de acuerdo en las posiciones políticas de la exconcejal y asegura, que él siempre habla con la verdad.

Para Jiménez, el nivel de intimidación utilizado con Vega es parte del control que un grupo de la ciudad ha mantenido por años en la ciudad. Antes lo hicieron con el exalcalde Andre Quintero, y ahora lo hacen con Morales.

Sin respuesta

De acuerdo al portal de El Monte Promise Foundation, creada en el 2012 y de la cual, actualmente encabeza Morales, La California Community Foundation estableció El Monte Community Building Initiative en 2007, con un compromiso de invertir $10 millones a lo largo de diez años para mejorar la vida de los residentes de bajos recursos de la ciudad en las áreas de educación, salud, viviendas y recursos comunitarios, etc.

Por varios días, La Opinión trató de contactarse con la fundación para obtener más detalles sobre la utilización de los fondos, pero al cierre de esta edición todavía no obtenía una respuesta. Lo mismo sucedió con la exconcejal Morales, a la que se le enviaron correos electrónicos para que comentara sobre los aspectos en los que se menciona su nombre en el artículo, pero de igual forma, no respondió a nuestra petición de entrevista.

Este artículo fue escrito gracias a la colaboración de Latino Media Collaborative.