EE.UU. acusa a exlíder de Los Zetas de dos de las peores masacres ocurridas en México
Fiscales sostienen que ambas masacres, ocurridas en 2011, fue una represalia por una colaboración de integrantes del grupo criminal con autoridades de EE.UU.
Miguel Angel Trevino Morales, alias "Z 40", fue uno de los líderes de Los Zetas. Crédito: Christian Palma | AP
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó ante una corte federal que presentará pruebas para demostrar que Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, exlíder del cártel de Los Zetas, fue el autor intelectual y material de las masacres de 2011 en los municipios de Allende y Piedras Negras, en Coahuila.
Los fiscales federales sostienen que los hechos, ocurridos en marzo de ese año como represalia por una presunta colaboración de integrantes del grupo criminal con autoridades estadounidenses, se cobraron la vida de hombres, mujeres y niños, y que el acusado, incluso después de su captura en México, continuó dirigiendo actividades delictivas desde prisión.
La postura del gobierno estadounidense quedó plasmada en un escrito presentado ante el juez federal Trevor McFadden, en el que la fiscalía se opone a retirar las Medidas Especiales Administrativas (SAM) impuestas a Treviño Morales.
Este régimen penitenciario, reservado para reos de alta peligrosidad, limita al mínimo su contacto con el exterior para evitar que siga operando o ponga en riesgo a terceros. La solicitud para retirar estas restricciones fue presentada por la defensa en enero, argumentando un aislamiento injustificado; sin embargo, las medidas fueron aprobadas directamente por la fiscal general, Pam Bondi.
El expediente judicial detalla que la violencia se desató luego de que una operación de la DEA lograra infiltrar al cártel. Según publicó BBC News, tras el decomiso de más de 800,000 dólares a un distribuidor conocido como “El Diablo”, la agencia estadounidense lo presionó para obtener información que llevara a los líderes de la organización.
Fue así como se obtuvo el rastreo de los teléfonos de los hermanos Treviño Morales, información que, de acuerdo con los reportes, fue compartida con autoridades mexicanas, quienes a su vez habrían alertado al cártel sobre la filtración.
La ira de Los Zetas se centró en los presuntos delatores: Héctor Moreno y José Luis Garza. Este último, originario de Allende, era miembro de una familia dedicada a la ganadería y la minería. El diario Sol de México detalla que, como venganza, decenas de sicarios tomaron el poblado el viernes 18 de marzo de 2011.
Durante más de 48 horas, irrumpieron en domicilios y ranchos, secuestrando y asesinando a personas con vínculos con los Garza, sin importar edad o género. Las llamaradas de los incendios provocados en las propiedades se veían a lo lejos, mientras que, al día siguiente, retroexcavadoras comenzaron a demoler bodegas y casas.
En Piedras Negras, la violencia también fue extrema. el sitio Aristegui Noticias reporta que, según testigos en juicios celebrados en Estados Unidos, durante ese fin de semana en la ciudad fronteriza, “pusieron a 40 gentes de rodillas y las mataron a balazos”.
Un informe del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C-4) de Coahuila, citado en investigaciones académicas, revela que entre el 18 y el 22 de marzo se recibieron 1,451 llamadas de auxilio, la mayoría desde Piedras Negras, reportando incendios, riñas y personas heridas o fallecidas en la vía pública, sin que las autoridades estatales o federales atendieran la emergencia.
El ataque no se detuvo con los asesinatos. Los criminales incitaron a los pobladores a saquear las viviendas antes de incendiarlas. Los cuerpos de las víctimas fueron incinerados en ranchos como “Los Garza” y “Los Tres Hermanos”.
El control de Los Zetas en la región era tal que el penal de Piedras Negras operó como un centro de operaciones del cártel. Investigaciones periodísticas del diario El Imparcial detallan que internos y custodios declararon que la cárcel fue utilizada como refugio por Omar Treviño Morales, “El Z-42”, para evadir operativos federales.
Además, servía como centro de exterminio donde se incineraban cuerpos, almacén de drogas y taller para modificar vehículos. A pesar de los reportes anuales de la CNDH que advertían sobre el autogobierno en la prisión, los gobiernos estatal y federal continuaron financiando el sistema penitenciario.
La Fiscalía en Washington advirtió que existe un “riesgo sustancial” si se amplía la comunicación de Treviño Morales con el exterior, ya que cualquier contacto podría derivar en la muerte o lesiones graves de testigos.
No obstante, en su escrito, la fiscalía aclaró que el acusado no está incomunicado: tiene autorizadas 16 visitas, puede realizar llamadas quincenales y solo es esposado durante traslados.
El proceso contra “El Z-40” continúa en una Corte federal en Washington y es clave para determinar responsabilidades por uno de los episodios de violencia más graves registrados en Coahuila.
La cifra de víctimas de aquellas masacres sigue sin precisarse; mientras que las cifras oficiales se limitan a las denuncias recibidas, investigaciones académicas y periodísticas estiman que podrían ser cientos los muertos y desaparecidos.
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