Iniciativa busca asegurar que la policía no sea utilizada como herramienta en redadas

De convertirse en ley, el proyecto llamado Ley de Protección de los Derechos de California, o SB-1105 impulsado por la senadora estatal Sasha Renee Pérez (D-Pasadena) prohibiría la cooperación de agencias policiacas durante operativos federales que causan discriminación racial, criminalizan la libertad de expresión o hacen uso de armas de tipo militar no autorizadas.

El objetivo de la iniciativa es, además, evitar que las autoridades federales se apropien de las agencias locales del orden público por acciones que violen la ley estatal o infrinjan los derechos de los californianos, como la “federalización” de la Guardia Nacional de California que impuso el presidente Donald Trump, durante las redadas migratorias en Los Ángeles, en junio de 2025.

La legislación exigiría a las agencias estatales y locales del orden público que respeten las leyes vigentes de California durante las operaciones federales.

“Hoy, somos testigos de un gobierno federal que intenta intimidar a los observadores legales, silenciar a los críticos y utilizar a las fuerzas del orden locales como armas contra las mismas comunidades que han jurado proteger”, declaró Pérez. ““Eso no refleja nuestra identidad como californianos”.

La SB-1105 busca establecer un límite claro. Se trata de asegurar que los agentes de policía de California no serán utilizados como herramientas para llevar a cabo prácticas de perfil racial y violaciones de derechos constitucionales.

Según la senadora, el gobierno federal ha indicado que utilizará grupos de trabajo federales para ordenar a la policía local y estatal que implemente políticas que impliquen la perfilación racial y la criminalización de la libertad de expresión.

Añadió que estas iniciativas desvían recursos limitados de seguridad pública de las investigaciones en curso.

 A nivel federal, se informa que casi una cuarta parte de los agentes del FBI han sido reasignados a la aplicación de la ley migratoria, junto con el 80% de los agentes especiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El proyecto de ley surge en medio de la preocupación por las prácticas federales de control de inmigración en California.

Quienes apoyan el proyecto señalan incidentes en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos presuntamente realizaron patrullajes itinerantes que detuvieron a personas por motivos de raza. Además, también citan ejemplos de coordinación entre las fuerzas del orden federales y locales.

En Los Ángeles, el ICE utilizó al Departamento de Policía de Los Ángeles para establecer un perímetro alrededor de una fábrica, mientras agentes federales realizaban una redada y arrestaban a manifestantes, entre ellos David Huerta, presidente de SEIU California y SEIU-USWW.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), copatrocinadora del proyecto de ley, afirmó que la legislación es necesaria para proteger la confianza de la comunidad en los departamentos de policía locales.

“La Ley de Protección de los Derechos de California aclara que las agencias del orden público deben hacer cumplir las leyes estatales durante los operativos federales, garantizando así que las comunidades puedan contar con la protección de sus líderes locales si el gobierno federal se moviliza en su contra”, declaró Salas.

David Trujillo, director ejecutivo de ACLU California Action y copatrocinador de la SB 1105, afirmó que la medida evitaría que las agencias locales se vean obligadas a colaborar en acciones federales que socavan las protecciones constitucionales.

“Es hora de poner fin al uso de las fuerzas del orden público locales por parte de la administración Trump para discriminar a miembros de la comunidad que ejercen su derecho a exigir cuentas al gobierno”, declaró Trujillo. “Nuestros limitados recursos son necesarios para abordar los verdaderos desafíos que enfrenta nuestro estado, no para silenciar a los californianos y alimentar una fuerza de deportación”.

Víctimas

Los testimonios de miembros de la comunidad como Angie Vargas, quien fue detenida cuando documentaba la presencia de agentes de inmigración en Alhambra; o como Arturo González, un activista por la justicia social, quien fue arrestado en San Diego, a petición de agentes de la Patrulla de Carreteras de California (CHP). En la Nochebuena de 2025, su automóvil fue confiscado a petición de ICE, cuando documentaba probables redadas.

José Madera, director del centro de jornaleros en el Pasadena Community Job Center, fue arrestado por la policia cuando hacia labores de observador de un presunto agente de ICE, cerca del Centro Cívico de Pasadena.

En Los Ángeles, en junio de 2025, Andrea Vélez fue literalmente secuestrada por agentes de ICE cuando se dirigía a su trabajo. Pasó dos noches en la cárcel antes de enfrentar un cargo por delito grave por obstruir a un oficial, un cargo que el Departamento de Justicia retiró dos semanas después.

Durante el arresto de Andrea, agentes del LAPD “protegieron” el operativo y respondieron que solamente estuvieron allí para controlar el tráfico vehicular. En videos se demuestra que los oficiales apartan a la gente hasta que los agentes de ICE se llevan detenida a la mujer.

En la salida norte de la Avenida Fairview, en Santa Bárbara,  el 28 de diciembre de 2025, patrullas de CHP vigilaban de cerca los operativos de inmigración.

En Santa Ana, agentes de CHP fueron descubiertos colaborando con ICE/CBP. Detuvieron a una residente que rastreaba a agentes de la Patrulla Fronteriza, acusándola de acoso antes de multarla por no tener matrícula delantera.

Un video del incidente mostró a agentes federales entrando en un estacionamiento de la Patrulla de Carreteras de California, lo que generó preocupación sobre la coordinación interinstitucional.

También, en Santa Ana, agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dispararon proyectiles “menos letales” contra una multitud que protestaba por el asesinato de Renee Good, lo que provocó que al menos dos personas recibieran disparos “menos letales”.

 Uno de los disparos fue directo al ojo de Kadem Rummler, de 21 años de edad, quien quedó ciego de por vida del ojo izquierdo.

La misma suerte corrió Britain Rodríguez, de 31 años, quien fue baleada por municiones llamadas “menos letales”, Ella quedó ciega permanentemente.

No al uso de armas tipo militar

Adrienna Wong, abogada sénior de la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU), analizó las leyes de California que limitan el uso de armas militares por parte de la policía, incluyendo las leyes AB 481 y AB 48, que exigen la aprobación de la comunidad y prohíben ciertas armas de control de multitudes militarizadas.

En California están prohibidas las armas de asalto por tipo, serie y modelo. Por ejemplo, Beretta AR-70, Springfield Armory BM59 y SAR-48, Steyer AUG, Sterling MK-6 y el fusil de asalto Bushmaster. Además, el código penal prohíbe los modelos de armas de fuego que son variaciones del AK o el AR-15, rifles, pistolas y escopetas semiautomáticas

“California ya cuenta con leyes estatales que limitan el uso de armas militares en contra de cualquier miembro de la comunidad”, dijo Wong, a La Opinión. “Estas leyes limitan el uso de armas militares por parte de agentes de policía”.

En efecto, la ley AB 48 (2021) limita específicamente el uso policial de armas de control de multitudes como rifles menos letales que disparan balas de goma.

Mientras, la ley AB 481 (2021) requiere que las fuerzas del orden obtengan la aprobación de su órgano de gobierno (consejo municipal/supervisores del condado) antes de adquirir o usar armas de grado militar.

Así, el nuevo proyecto de ley SB 1105 o “Ley de Protección de los Derechos de California” de la senadora estatal Sasha Pérez (D-Pasadena) prohibiría usar la cooperación federal o a los grupos de trabajo federales como una escapatoria para no pasar por el proceso de aprobación comunitaria y usar armas militares contra las personas.

El objetivo de Pérez es evitar que las autoridades federales se apropien de las agencias policiales locales con acciones que violen la ley estatal o infrinjan los derechos de los californianos.

Eso fue precisamente lo que hizo en junio de 2025 el presidente Donald Trump, cuando federalizó a la Guardia Nacional de California para asignarles tareas de aplicación de las leyes de inmigración en Los Ángeles.

“Este proyecto de ley [SB 1105] establece que, de nuevo, la policía local no puede hacer trabajos [federales] ni que haya cooperaciones con agentes federales como una escapatoria para usar esas armas de maneras que la ley estatal actualmente les prohíbe”, afirmó la abogada.

¿La prohibición es en cuanto al tipo de armas que usan los agentes de la CBP o del ICE?

“Sí, absolutamente. Vimos tanques desplegados en el Parque MacArthur. Este es el tipo de armas que los agentes federales usan en nuestras comunidades. Y lo que decimos es que la policía local no puede usarlas solo porque los federales las estén desplegando”, respondió.

Pero las autoridades de la presente administración han dicho que sus agentes tienen inmunidad total para actuar como quieran. ¿Esto es correcto?

“Lo dicen, pero está mal. Un juez federal acaba de decir en una demanda que ratifica otro proyecto de ley de la senadora [Sasha] Pérez, la ley contra los vigilantes, que los agentes federales no tienen inmunidad absoluta. Es el estado de derecho, y un juez federal lo acaba de reiterar”.

En efecto, aunque la jueza de distrito Christina Snyder derogó la ley conocida como “Ley de No a la Policía Secreta”, promulgada el otoño pasado, dio luz verde a la ley de “No vigilantes”

La jueza, nominada en 1997 por el presidente Bill Clinton dictaminó que la “Ley de No a la Policía Secreta” viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, ya que “discrimina ilegalmente a los agentes federales “al no aplicar sus directrices por igual a todos los agentes del orden que trabajan en el estado de California.

Este proyecto prohibía a los agentes del ICE y a otros agentes federales del orden usar mascarillas durante sus operaciones en el estado de California.

Alguien dijo que lo que hacen los agentes de ICE y CBP es crueldad a su máxima expresión. ¿Cómo detenerla?

“La senadora Sasha Pérez reviró: se necesita la participación de todos nosotros y se necesitan diversas soluciones. Se necesitan leyes como la SB 1105, que defiendan a nuestras propias comunidades. También será necesario que el gobierno federal se controle, que controle a sus agencias, además del trabajo diario de todos nuestros observadores comunitarios, salir a las calles y cuidarnos unos a otros”.