Cómo operan los fraudes de tiempos compartidos operados por cárteles mexicanos
El CJNG tomó el control de estas estafas, utilizando los datos de propietarios obtenidos mediante cómplices en complejos turísticos
Empresas como la cadena hotelera Vidanta se han visto gravemente afectadas. Crédito: vidanta.com | Cortesía
Una oferta no solicitada por correo electrónico para rentar un tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, se convirtió en una pesadilla financiera para Alberto y Luisa, una pareja de estadounidenses mayores.
Lo que comenzó como una simple gestión terminó con pérdidas por más de 800,000 dólares, depositados en cuentas de empresas en Jalisco bajo la falsa promesa de que el dinero sería devuelto por supuestos funcionarios de Estados Unidos y México.
Este caso ejemplifica un fenómeno creciente. Según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre 2019 y 2023, más de 6,000 víctimas en Estados Unidos reportaron pérdidas por casi 300 millones de dólares debido a fraudes de tiempo compartido.
Solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió 900 quejas relacionadas, con pérdidas que superan los 50 millones de dólares, una cifra que las autoridades consideran conservadora, ya que estiman que el 80 por ciento de las víctimas no denuncia por vergüenza o falta de recursos.
El abogado Roberto Keoseyan, quien compartió denuncias con el sitio Aristegui Noticias, explicó que el modus operandi de estas redes ha alcanzado un nivel de sofisticación alarmante.
Los estafadores, a menudo con un profundo conocimiento del sistema financiero estadounidense, se hacen pasar por brokers especializados y prometen el pago de impuestos y la transferencia de grandes sumas.
Para “liberar” el dinero de la venta, exigen a las víctimas el pago de cantidades cada vez mayores. La organización es tal que, según Keoseyan, los delincuentes falsifican documentos gubernamentales, membretes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), e incluso suplantan la voz de funcionarios, como la del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
Empresas como la cadena hotelera Vidanta se han visto gravemente afectadas por la suplantación de su identidad. Vidanta ha presentado 16 denuncias penales desde 2019 contra personas físicas y morales por estos delitos.
La compañía detalló que los defraudadores utilizan indebidamente sus logotipos y nombres comerciales para contactar a clientes, haciéndoles creer que existe una relación directa con el grupo.
Aunque Vidanta asegura mantener una estrategia de comunicación preventiva desde 2014 y ha colaborado en el desmantelamiento de call centers apócrifos en Puerto Vallarta, el abogado Keoseyan señaló que la filtración de datos de clientes apunta a que “alguien está vendiendo la información”.
La mecánica del engaño suele dirigirse a adultos mayores. Los estafadores contactan a las víctimas haciéndose pasar por corredores inmobiliarios, abogados o representantes de ventas. En la modalidad de venta o renta, exigen pagos anticipados por conceptos como “cuotas de uso”, “impuestos sobre ganancias de capital” o “certificados”, como ocurrió con Alberto y Luisa, quienes realizaron transferencias a entidades como Title Works Services o Logística AIC SAS de CV entre septiembre y diciembre de 2024, todas ellas con sede en Jalisco.
En la compra, el fraude ocurre durante presentaciones de venta de alta presión en destinos turísticos, donde se firman contratos con cláusulas que luego dificultan cualquier cancelación, a pesar de que la ley mexicana contempla un periodo para hacerlo.
Las autoridades advierten que la estafa no termina ahí. Una segunda fase, conocida como revictimización, ocurre cuando falsos abogados o funcionarios prometen recuperar el dinero perdido a cambio de un nuevo pago inicial.
El diario Debate señala que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) solo puede mediar en disputas si el contrato es legítimo; si es inexistente, el caso debe pasar a la fiscalía estatal. Las recomendaciones de las autoridades de ambos países son claras: no transferir dinero antes de recibir un pago, verificar la identidad de los intermediarios y realizar cualquier operación ante notario.
Recientemente, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), vinculó directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con estas operaciones fraudulentas en Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas.
El Departamento del Tesoro señaló que, desde 2012, el CJNG tomó el control de estas estafas, utilizando los datos de propietarios obtenidos mediante cómplices en complejos turísticos para fortalecer sus finanzas y generar devastación económica y emocional, principalmente entre retirados estadounidenses.
Sigue leyendo:
– EE.UU. sancionó a una red de fraude de tiempos compartidos liderada por el CJNG en Puerto Vallarta.
– Miembro del CJNG que estafa a estadounidenses con tiempos compartidos es acusado de terrorismo.
