DOJ acusa a familia de origen mexicano de traficar y explotar a inmigrantes en granjas
Los obligaban a laborar en condiciones inhumanas en granjas de Virginia, Carolina del Norte y Florida, con visas temporales
Los trabajadores eran obligados a cumplir largas jornadas sin descansos adecuados ni acceso suficiente a agua potable. Además, eran alojados en viviendas abarrotadas e insalubres. (Imagen ilustrativa). Crédito: Michael Owen Baker | AP
Una familia de origen mexicano fue acusada formalmente en Estados Unidos de presuntamente traficar y explotar a trabajadores agrícolas mexicanos con visas temporales, obligándolos a laborar en condiciones inhumanas en granjas de Virginia, Carolina del Norte y Florida.
El Departamento de Justicia (DOJ) informó que un gran jurado presentó una acusación de 35 cargos contra Martha Zeferino José, de 42 años y residente permanente en el país; su pareja, José Rodríguez Muñoz, descrito como inmigrante indocumentado; y su hijo, Jeremy Zeferino José, de 23 años, también residente permanente.
De ser hallados culpables de todos los cargos y recibir las penas máximas, los acusados podrían enfrentar décadas de prisión, incluso cadena perpetua acumulada por la gravedad de los delitos imputados.
Promesas falsas y condiciones degradantes
Según documentos judiciales, Martha Zeferino José era propietaria de la empresa Las Princesas Corporation, con sede en Washington, Carolina del Norte, dedicada al reclutamiento de trabajadores mexicanos bajo el programa de visas agrícolas temporales H-2A.
Entre agosto de 2021 y julio de 2022, la acusación sostiene que la empresa presentó solicitudes fraudulentas ante el Departamento de Trabajo y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, certificando falsamente que cumpliría con las leyes laborales y que no cobraría comisiones indebidas a los trabajadores.
Sin embargo, los fiscales aseguran que los reclutadores cobraron tarifas elevadas a los jornaleros en México, generándoles deudas antes incluso de llegar a Estados Unidos. Una vez en territorio estadounidense, presuntamente les confiscaban pasaportes, visas y documentos de identidad para impedir que abandonaran los lugares de trabajo.
Los trabajadores eran obligados a cumplir largas jornadas sin descansos adecuados ni acceso suficiente a agua potable. Además, eran alojados en viviendas abarrotadas e insalubres, sin calefacción, aire acondicionado, agua caliente ni ropa de cama, según la acusación. También se les habría negado el pago completo de salarios, así como alimentos y atención médica.
Las autoridades señalaron que las víctimas fueron forzadas a laborar en granjas e invernaderos en los tres estados mencionados, bajo estrictas reglas que les impedían salir solos o comunicarse con personas ajenas al grupo.
Amenazas y obstrucción de la justicia
De acuerdo con la investigación, los acusados crearon un clima de miedo, amenazando con denunciar a los trabajadores ante autoridades migratorias si intentaban escapar o contar lo que ocurría. También les ocultaban que sus visas H-2A habían expirado y los mantenían en el país de manera irregular para continuar explotándolos económicamente.
Cuando la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo inició una investigación sobre la empresa, Martha Zeferino José presuntamente devolvió los documentos confiscados a los trabajadores y les ordenó decir que “todo estaba bien”. Rodríguez Muñoz, según la acusación, los amenazó con deportarlos si decían la verdad.
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva afirmó que los cargos reflejan el compromiso del gobierno federal de proteger la integridad del sistema de inmigración legal y de perseguir a quienes lo utilicen para explotar a trabajadores vulnerables.
La investigación estuvo a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo, con apoyo del Servicio de Alguaciles.
Las autoridades recordaron que una acusación formal es solo una alegación y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal. Entretanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa el uso del programa de visas temporales agrícolas y la vulnerabilidad de miles de trabajadores migrantes en Estados Unidos.
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