Preocupa propuesta electoral para aumentar impuesto a ventas en L.A.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó una medida electoral para aumentar por cinco años, medio centavo al impuesto a las ventas, y así compensar los recortes federales para el cuidado de salud, considerados los más grandes de la historia.

Sin embargo, la mayoría de las ciudades del condado de Los Ángeles se oponen porque temen que esos fondos se vayan a desviar a otros servicios, más allá del cuidado médico, compite con medidas similares locales, y les preocupa que pueda tratarse un impuesto que vuelvan permanente.

“Tenemos una responsabilidad de proveer servicios de salud a lo largo del condado de Los Ángeles, aún cuando el gobierno federal recorte el financiamiento”, dijo Holly Mitchell, quien es la autora líder de la medida.

“Esto es acerca de darle a los votantes la opción de un impuesto de medio centavo a sus compras, del que quedarían exentos los medicamentos, los alimentos y productos comprados con los cupones WIC y SNAP para prevenir mayores cargas a las familias trabajadoras o a la red de servicios de seguridad”.

Si es aprobada por los votantes en la elección primaria del 2 de junio, la medida generaría ingresos para sostener la infraestructura de salud del condado.

Básicamente buscan restablecer el servicio médico a quienes lo han perdido y proteger a quienes están en riesgo de perder la cobertura de MediCal, pero además afectarían a salas de emergencia, clínicas y servicios de salud pública.

Parte de los ingresos serían para apoyar las clínicas comunitarias y los hospitales públicos.

La moción “Asegurándomela el financiamiento para preservar los servicios críticos del condado cortados por la H.R.1” fue presentada por las supervisoras Hilda Solís, Holly J. Mitchell con el apoyo de las supervisoras Janice Hahn y Lindsey Horvath.

El nuevo impuesto está planeado para terminar en 2031, y se espera que esta medida genere $1,000 millones al año en ingresos para compensar los recortes al sistema de salud del condado de Los Ángeles, incluyendo más de $700 millones del Departamento de Servicios de Salud y un estimado de entre $200 y $300 millones del Departamento de Salud Pública.

Los recortes federales a Medicaid amenazan con hacer con los servicios de salud prohibitivamente caros para 3.4 millones residentes del condado con 562,000 que ya están enfrentando primas de Covered California y el Acta de Cuidado Accesible dramáticamente altas debido a la H.R.1

Preocupación y rechazo

Marcel Rodarte, director ejecutivo de la California Contract Cities Association, dijo que los recortes hechos por la Administración Trump afectarán a todo el estado. 

Por lo tanto, dijo que el estado tiene la responsabilidad de analizar cualquier mecanismo para financiar la atención médica en toda California. 

“No puede ser, ni debería ser, solo el condado de Los Ángeles sino que es algo que el estado debe considerar en su conjunto”.

Enfatizó que el segundo problema es que la Junta de Supervisores no está siendo completamente honesta con los votantes.

“Si decidieran en algún momento cambiar la forma en que gastan el dinero, podrían hacerlo sin problemas”.

Mencionó que entienden que estos recortes son una cuestión de vida o muerte para muchas personas, especialmente para las comunidades de bajos ingresos, de ahí que sería ideal que quedaron protegidos para lo que supuestamente han sido creados.

“Otra preocupación es que están queriendo imponer un impuesto de cinco años, hasta 2031, y al vencer, pueden hacerlo permanente, como ocurrió con la medida H que inicialmente era un impuesto temporal pero a la que no le pusieron fecha de vencimiento y nunca terminó”.

Hizo ver que otra preocupación es que el condado empiece a depender de este financiamiento para prestar servicios y redirija esos fondos a otros lugares.

“La gente suele votar por emoción, y este es un tema emotivo. Y con todo el tema de la inmigración que parece estar dirigido a los latinos, y las minorías podrían estar a favor de votar por esta medida”.

Pero para evitar que esos ingresos se utilicen para otros fines más allá de la salud, debería haberse añadido a la boleta como un impuesto de uso especial.

“Como fue escrito, solo requiere el 50% de aprobación, y eso abre muchas posibilidades de que se apruebe, y de que con el tiempo se vuelva un impuesto permanente”.

Además dijo que como en California, el impuesto sobre las ventas tiene un límite, el condado ha solicitado una exención a la legislatura estatal para eximir este impuesto de ese límite. 

“Si una ciudad ya ha alcanzado el límite, lo superará. Hay ciudades que rondan el 11%, creo que algunas ciudades del norte del condado también lo superan, así que subirá al 11.5%”.

Rodarte dijo que la mayoría de las ciudades del condado, desde una perspectiva fiscal, no están satisfechas con este nuevo impuesto, sobre todo las que colindan con el condado de Orange o con otros condados.

“Corren el riesgo de que la gente vaya a esos condados a comprar, quizá no para las compras diarias, pero si para adquirir un auto o una joya cara. También hay ciudades que buscan someter a votación sus propias medidas de impuestos sobre las ventas para financiar servicios en sus propias comunidades. Y esto lo hará aún más difícil ahora, dijo.

Indicó que tiene el potencial de desanimar a los votantes; y puede que una medida se apruebe, y otra no, lo que pone en riesgo esos esfuerzos.

La Coalición Restore Healthcare for Angelenos, promotora de esta medida electoral, está integrada por St. John Community Health, SEIU local 721 y local 2015; the Community Clinic Association of Los Angeles County; Planned Parenthood Advocacy Project LA county, Health Justice Action Fund, InnerCity Struggle, y otros líderes comunitarios.