Rancho Izaguirre: A un año del terrible hallazgo en Jalisco familias de desaparecidos exigen respuestas

A un año del hallazgo en el rancho Izaguirre las preguntas siguen sin respuesta: ¿a quién pertenecen las más de 1,800 prendas localizadas en el predio?, ¿cómo llegaron ahí?, ¿cuántas historias quedaron truncadas en ese lugar?

El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al predio de aproximadamente 10,000 metros cuadrados, ubicado a 58 kilómetros de Guadalajara. Lo que encontraron convirtió al rancho en símbolo del horror del reclutamiento forzado en México.

De acuerdo con la versión oficial, el sitio era un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Para las madres buscadoras que lo recorrieron, también era un sitio de exterminio.

Sobre la tierra y en bodegas improvisadas quedaron esparcidas las prendas: sudaderas con logotipos deportivos, pantalones de mezclilla, tenis juveniles. Ropa cotidiana que, para las familias, representa el último rastro tangible de sus hijos.

Cada pieza es un indicio forense y un fragmento de memoria. “El lugar donde se localizan prendas vinculadas a desapariciones se convierte automáticamente en un sitio de investigación”, explicó al sitio Animal Político Roxana Enríquez Farías, directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense.

Desde restos biológicos hasta ropa, todo puede aportar información sobre las actividades realizadas y las transformaciones del espacio. La criminalística de campo y la antropología forense permiten analizar si los objetos corresponden a áreas de entrenamiento, trabajo forzado u otros contextos, y si pudieron pertenecer a víctimas o victimarios.

Sin embargo, para las familias el proceso ha estado marcado por la incertidumbre. La investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República, que resguarda las evidencias en Ciudad de México. La última reunión formal con autoridades federales se realizó en febrero, en la Secretaría de Gobernación. Ahí, según los asistentes, se reiteró información ya conocida y se confirmó la localización de nuevos indicios debajo de un bodegón. No hubo fechas ni compromisos concretos.

“De un año a la fecha parece que no avanzaron nada”, dijo al medio citado Raúl Servín, integrante del colectivo y padre de un joven desaparecido en 2018. Las autoridades informaron que la revisión de prendas será caso por caso y que las familias deberán trasladarse a la capital del país para solicitar acceso. Para muchos, el costo del viaje es un obstáculo adicional.

La falta de respuestas detonó un nuevo pronunciamiento del colectivo. “Guardamos silencio durante meses para no afectar las investigaciones. Confiamos en las instituciones y esperamos respuestas, pero lo único que recibimos fue abandono”, señalaron.

Durante este año han sido detenidas 20 personas vinculadas con los hechos; 10 recibieron sentencias de hasta 141 años de prisión. Aun así, colectivos denuncian que siguen pendientes análisis genéticos, cateos en fincas similares y líneas de investigación derivadas de testimonios anónimos.

Para Indira Navarro, líder del colectivo que busca a su hermano desaparecido en Sonora, la exigencia ahora se dirige a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Queremos que se retomen los trabajos y que se valore la información que hemos entregado”, dijo. Asegura que el reclutamiento forzado continúa y que el caso no puede cerrarse sin esclarecer el destino de las víctimas.

Mientras tanto, el rancho luce cubierto de maleza y sin presencia permanente de autoridades, según fotografías difundidas por las madres buscadoras. Las prendas siguen ahí, ahora bajo resguardo oficial. Más de 1,800 evidencias que, para las familias, no son objetos sino historias interrumpidas.

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