CBP admite que no puede reembolsar aranceles de Trump declarados ilegales
La agencia dijo a un juez que no tiene capacidad para devolver los $166 mil millones cobrados bajo aranceles IEEPA
CBP depende del Departamento de Seguridad Nacional. Crédito: Lynne Sladky | AP
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó a un juez federal que actualmente no puede cumplir con una orden judicial que exige reembolsar miles de millones de dólares en aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump.
En una presentación ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, la agencia explicó que sus sistemas administrativos y tecnológicos no están preparados para procesar el volumen masivo de devoluciones derivado de los llamados aranceles IEEPA, recientemente declarados ilegales por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Un reembolso de magnitud histórica
La CBP indicó que el monto total de los aranceles recaudados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) asciende aproximadamente a $166 mil millones, incluyendo pagos y depósitos de derechos estimados realizados por importadores.
El dato fue presentado ante el juez Richard Eaton, quien ordenó recientemente a la agencia avanzar con el proceso de devolución a las empresas afectadas.
Según reportó CNBC, el juez tenía previsto celebrar una audiencia para abordar el alcance y la viabilidad de los reembolsos tras el fallo judicial que invalidó los aranceles.
Millones de operaciones comerciales afectadas
Durante el proceso judicial, el director ejecutivo de Programas Comerciales de la Oficina de Comercio de la CBP, Brandon Lord, explicó que la magnitud del problema es extraordinaria.
Hasta esta semana, más de 330.000 importadores han realizado alrededor de 53 millones de entradas comerciales en las que pagaron o depositaron aranceles bajo el marco de la ley IEEPA. La cifra refleja el alcance del sistema de tarifas implementado el año pasado, que impactó a una amplia gama de productos y empresas que importan bienes a Estados Unidos.
Ante esta situación, Eaton ordenó a la agencia calcular cuánto habría costado el ingreso de mercancías sin aplicar los aranceles, con el objetivo de determinar el monto exacto que debe ser devuelto a los importadores.
El juez también insistió en que las empresas afectadas deben recibir el dinero pagado con intereses. “La aduana sabe cómo hacerlo”, afirmó Eaton durante el proceso judicial.
Limitaciones tecnológicas y administrativas
Sin embargo, la CBP argumentó que cumplir la orden judicial representa un desafío operativo sin precedentes.
En el documento presentado ante la corte, la agencia advirtió que el volumen de devoluciones supera ampliamente la capacidad de sus sistemas actuales. “A la luz de la orden enmendada del tribunal del 5 de marzo de 2026, la CBP se enfrenta a un volumen de reembolsos sin precedentes”, señaló la agencia.
El documento agrega que los sistemas administrativos y tecnológicos existentes no están diseñados para procesar una tarea de esta magnitud, lo que obligaría a realizar procedimientos manuales que podrían afectar otras funciones clave de control comercial.
Presión por la devolución de aranceles
Un día antes de darse a conocer esta información, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, lideró una coalición de 22 estados para demandar nuevamente a la administración de Donald Trump por imponer nuevos aranceles que, según argumentan, violan la Constitución y podrían aumentar los costos para empresas, agricultores y consumidores.
La acción legal llega poco después de que la Corte Suprema fallara a favor de James y otros fiscales generales que buscaban bloquear los aranceles que el presidente había impuesto previamente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Sin embargo, tras ese revés judicial, Trump firmó una nueva proclamación utilizando otra herramienta legal: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con la que intenta aplicar tarifas a varios países y productos.
La nueva demanda sostiene que ese movimiento es ilegal. De acuerdo con los fiscales generales, el presidente no tiene autoridad para usar esa ley de esa forma y estaría tratando de evadir el fallo del máximo tribunal.
Sigue leyendo:
