Los casos de silicosis en talleres de fabricación de piedra en California ponen en evidencia fallas del gobierno
El gobernador Newsom propuso permitir que, a aproximadamente 200,000 inmigrantes se les elimine el acceso a Medi-Cal
Los recortes en Medi-cal podrían afectar a unos 200,000 inmigrantes. Crédito: Rich Pedroncelli - Archivo | AP
El gobernador Gavin Newsom llegó al cargo prometiendo proteger los derechos de la fuerza laboral inmigrante de California y de luchar por una “atención médica garantizada para todos”. En una marcada contradicción con esa afirmación, recientemente el Gobernador propuso permitir que, a aproximadamente 200,000 inmigrantes indocumentados, solicitantes de asilo y personas refugiadas se les elimine el acceso a Medi-Cal. Adicionalmente, en este momento, California está teniendo dificultades en enfrentar la silicosis, una epidemia de enfermedad mortal causada por condiciones de trabajo peligrosas. Trabajadores hispanos se están enfermando mientras las agencias estatales de California no hacen cumplir las normas federales de seguridad laboral. Y cabe preguntarse si ese incumplimiento se está permitiendo en California debido a una falta de compromiso para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad: inmigrantes que son explotados debido a su estatus.
Como la primera inmigrante nacida en el extranjero que se desempeñó como Tesorera de los Estados Unidos y como Secretaria de la Agencia de Servicios al Consumidor y al Estado de California (CSCSA, por sus siglas en inglés), mi experiencia en políticas públicas me ha dado un amplio conocimiento de primera mano sobre cómo un buen gobierno y una aplicación firme de importantes leyes de seguridad en el lugar de trabajo pueden elevar y proteger a los trabajadores inmigrantes, mientras que las fallas gubernamentales pueden abrir la puerta a la explotación laboral. Todos los trabajadores, independientemente de su estatus económico, social o legal merecen estar seguros en el trabajo. Es inaceptable que nuestro estado tolere condiciones de trabajo peligrosas para los trabajadores hispanos, y es alarmantemente contrario a todo lo que el gobernador Newsom dice defender.
No se requiere tener esos cargos o experiencias para entender que inhalar grandes volúmenes de polvo en el lugar de trabajo es perjudicial. Cortar productos de piedra que contienen altos niveles de sílice, como granito, cuarzo y cuarcita, sin una protección respiratoria básica, pone a los trabajadores en riesgo de desarrollar silicosis con el tiempo, ya que el polvo de sílice se va alojando en sus pulmones. Por eso se han desarrollado y se exigen por las leyes vigentes prácticas laborales seguras como el corte en húmedo, la ventilación y el equipo de protección personal. Estos son métodos ampliamente conocidos y comprobados que muchos empleadores de una fuerza laboral predominantemente hispana parecen ignorar de manera abierta.
A medida que los casos de silicosis, en California en particular, se han disparado en los últimos años, por fin se puso sobre la mesa una solución y el año pasado se codificó en la ley: la Ley de Capacitación, Alcance y Prevención de la Silicosis (STOP Act, por sus siglas en inglés), conocida en su versión final como el Proyecto de Ley del Senado 20 (SB-20). La SB-20 prohibió oficialmente el corte en seco, que genera polvo peligroso de piedra que daña los pulmones de los trabajadores, y exige “el uso de métodos húmedos eficaces que supriman efectivamente el polvo”.
Las normas vigentes de Cal/OSHA, como el uso de un respirador purificador de aire motorizado (PAPR, por sus siglas en inglés), también brindan mecanismos legales para garantizar que los trabajadores estén adecuadamente protegidos contra esta enfermedad.
Lamentablemente, estas soluciones de sentido común aún no se han hecho cumplir de manera efectiva. No se está multando ni clausurando ningún taller, y cada día aparecen más diagnósticos de silicosis. El Departamento de Salud de California ha identificado cientos de talleres inseguros y, aun así, continúan operando con total impunidad. Para empeorar las cosas, las limitaciones del sistema de compensación laboral en gran medida impiden que los trabajadores afectados demanden a sus empleadores en los tribunales. Las leyes de responsabilidad por productos, favorables a los demandantes en California, también incentivan a abogados litigantes que buscan grandes pagos a ir contra fabricantes en otros estados, en lugar de contra los dueños de estos peligrosos talleres de fabricación.
Y, sin embargo, en lugar de hacer cumplir la ley, los responsables de formular políticas están considerando prohibir por completo la “piedra reconstituida”. Esta prohibición representa un preocupante desprecio por la fuerza laboral predominantemente hispana e inmigrante que sostiene la industria de fabricación de piedra aquí en California. Si se implementara una prohibición, los empleadores incumplidores que cortan granito, cuarcita y otros productos de piedra simplemente cambiarían a cortar otras piedras con alto contenido de sílice mientras continúan violando las leyes federales y estatales sin consecuencias. Dado el fracaso del gobierno del estado en hacer cumplir las leyes vigentes de seguridad de los trabajadores, también es incierto que una prohibición así tendría algún impacto.
Los sindicatos laborales de California se han opuesto a cualquier prohibición por temor a prohibiciones más amplias que podrían causar pérdidas sustanciales de empleo. Los legisladores de California se darían palmaditas en la espalda por “resolver” el problema mientras los trabajadores hispanos se siguen enfermando. Lo que si es cierto es que todos los trabajadores de California merecen la protección de OSHA.
En este momento, la triste realidad es que no existe ninguna rendición de cuentas por parte de los dueños de los talleres cuando los trabajadores se enferman y mueren por el polvo creado por los procesos utilizados en sus instalaciones.
El camino a seguir es claro: Cal/OSHA, debe hacer cumplir las leyes vigentes destinadas a proteger a los trabajadores vulnerables de las condiciones laborales depredadoras que conducen a la silicosis. Si se van a considerar protecciones adicionales, hemos de promover políticas de sentido común como requisitos de certificación en seguridad de sílice, en lugar de una prohibición general.
Mientras la Administración Trump está destruyendo el resto de nuestro país, California tiene la oportunidad de establecer un estándar nacional para la seguridad laboral al exigir que todos los empleadores mantengan a todos sus trabajadores seguros. Insto al gobernador Newsom a demostrar que le importan los inmigrantes en California, tomando medidas enérgicas contra los talleres de fabricación de piedra fuera de la ley que están explotando a miles de inmigrantes hispanos trabajadores que simplemente quieren vivir el Sueño Americano.
(*) La Hon. Rosario Marín se desempeñó anteriormente como la 41.ª Tesorera de los Estados Unidos, alcaldesa de Huntington Park y Secretaria de la Agencia de Servicios al Consumidor y al Estado de California.
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